Este viernes continuó el proceso judicial que involucra a la ex titular de Tierra y Vivienda del municipio, Laura Zannoni, con una causa por estafas con viviendas sociales. El fiscal le atribuye haber desplegado en coautoría con Norberto Gutiérrez una serie de engaños llevados a cabo entre el 12 de noviembre de 2019 y marzo de 2022, que es cuando el hombre debía entregar la documentación para escriturar. En este período “despojaron y engañaron patrimonialmente” a una pareja por un lote en el barrio Entre Cerros, para el cual no contaban con derecho para enajenarlo.
Según la acusación, el 12 de noviembre los denunciantes se reunieron con Laura Zanoni en su domicilio y les presentó a Norberto Gutiérrez, quien les exhibió una cesión de derechos y acciones posesorias que luego se determinó que era documentación apócrifa. Convencieron a los denunciantes que podían adquirir el lote y escriturarlo y se acordó la venta por un valor de 1.200.000 pesos.
Al día siguiente, al llegar al Centro Administrativo se firmó la cesión de derechos y acciones posesorias y se acordó el pago inicial de 630 mil pesos que, según dijeron las víctimas, recibió la propia Zanoni y acordaron pagar 28 cuotas en el estudio de la abogada. Se firmaron pagarés, cada uno por la suma de 20 mil pesos, que se irían devolviendo o rompiendo al concretarse los pagos.
El fiscal explicó que la pareja tomó posesión del lote y realizaron la mensura, lo alambraron y el 16 de enero de 2021 constataron que había sido removido el alambrado y que se había colocado el cartel de una inmobiliaria. Tras esa situación se corroboró que el propietario era la empresa Los Lagos SRL, en función de la documentación notarial y registral presentada por la inmobiliaria.
A todo esto las víctimas fueron contactadas por un abogado, quien les comunicó que había recibido los pagarés en concepto de una deuda que tenían Gutiérrez y Zanoni con él y que los estaba intimando al pago.
La segunda acusación que enfrenta Zannoni es por hacerse pasar por abogada del IPPV, oportunidad en la que entregó la copia de un acta de tenencia precaria a nombre de la denunciante, que posteriormente también se constató que era falsa. La abogada le dijo a la víctima que luego sería contactada desde el organismo provincial y que la vivienda sería entregada en agosto.Sin embargo una copia del acta entregada fue hallada en poder de Norberto Gutiérrez en el allanamiento a su vivienda. es por eso que se le atribuyó a Gutiérrez la falsificación de este documento público y a Zanoni la coautoria en la estafa y el uso de este instrumento falsificado, por lo cual la víctima creyó que era adjudicataria de una vivienda.
El abogado Alejandro Pschunder expresó que “la doctora Zanoni cuando hace su asesoramiento no tiene que certificar que el documento público sea válido porque lleva la fe pública registral, no tiene la obligación cuando van los clientes a pedir sus servicios para hacer su cesión de derechos, simplemente lo que hizo fue la cesión de derechos, no estaba con Gutiérrez sino que Gutiérrez la buscó”.
Insistió en que lo hizo “como cualquier abogado del foro hace una cesión de derechos” y agregó que “el que cobró el dinero y al que le encontraron toda la documentación fue a Gutiérrez, a mi clienta no le encontraron nada, simplemente hizo su trabajo y por eso está involucrada en esta cuestión“. Remarcó que “estamos hablando de principio de buena fe, no tiene que pedir informes sobre si la documentación que se le presenta cuando es un instrumento público es válida o no”.
Por último el juez Martín Arroyo resolvió rechazar el planteo de la Defensa, en una decisión que contó con la adhesión del fiscal y la querella, por lo que dispuso que la causa irá a juicio con un Tribunal Colegiado y la participación de al menos 22 testigos.
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