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Extendieron el decreto que prorroga alquileres y evita desalojos hasta enero de 2021

El presidente de la Nación decretó la extensión del decreto 320/20 lo que implica la suspensión de desalojos y prórroga de los contratos hasta el 31 de enero de 2021, para los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de enero de 2021.

Así mismo queda congelado el precio de los alquileres, y se prorroga también la subsistencia de fianza.

En cuanto a las deudas por diferencia de precio se prorroga hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 6º del Decreto Nº 320/20. Las deudas por falta de pago quedan prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021.

Asimismo, se prorroga hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 7º del Decreto Nº 320/20.

Entre los fundamentos de esta determinación señala el decreto que “la emergencia sanitaria antes aludida, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país” y agrega más adelante que muchos “han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica”.

Destaca que “el derecho a la vivienda se encuentra amparado por diversas normas contenidas en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, con el alcance que les otorga el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, como así también la recepción que tal derecho realiza su artículo 14 bis”.

Por otro lado señala que el objetivo de dicha extensión “no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda existente en nuestro país, lo cual traería aparejado un mayor deterioro en el tejido social”.

 Desde la Unión de Inquilinos explicaron que se considera delito penal el desalojo a un inquilino y que si no pueden pagar el alquiler o aumentos de contrato, se acumula deuda, pero no se puede desalojar. No se cobran intereses ni punitorios sobre deudas de este período y las deudas se pagan, previa mediación, finalizado el decreto, en cuotas.

 

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San Carlos de Bariloche, Argentina