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En el marco del fortalecimiento de la formación y perfeccionamiento destinados a abogadas y abogados del sector público.
Estas instancias están orientadas a quienes desempeñan funciones clave en el control de legalidad y en el área judicial de la Fiscalía, así como a profesionales jurídicos de distintos organismos del Poder Ejecutivo. El Fiscal de Estado provincial, Gastón Pérez Estevan, sostuvo que “es fundamental generar estos espacios de intercambio para interpretar colectivamente la lógica de aplicación de las nuevas normativas y fortalecer la práctica cotidiana del derecho en el ámbito estatal”.
Los conversatorios, que constituyen la base de los ejes temáticos abordados durante todo el año en las distintas capacitaciones, refuerzan el vínculo entre los organismos de control y las áreas jurídicas del Estado. “Un mejor asesoramiento legal en el funcionamiento de la administración pública redunda en servicios más eficientes, ágiles y comprensibles para la ciudadanía”, remarcó Pérez Estevan.
En paralelo, se continúa consolidando la formación académica con una diplomatura en abogacía pública, concebida como una carrera específica, que reconoce y jerarquiza el compromiso profesional de quienes eligen trabajar en el sector público. La diplomatura, que tuvo una importante convocatoria a nivel provincial, finaliza ahora con el inicio de una especialización, gracias a un convenio celebrado con la Procuración del Tesoro de la Nación.
El dictado de esta nueva instancia comienza hoy, con la participación de egresadas y egresados de la diplomatura que manifestaron su interés en avanzar hacia una mayor profundización académica.
“La abogacía pública es una elección profesional que queremos poner en valor. Apostamos a su fortalecimiento como carrera, con formación específica y continua, porque creemos que un Estado con mejores abogados brinda un mejor servicio a la ciudadanía”, concluyó Pérez Estevan.
Con estas acciones, la Fiscalía de Estado reafirma su compromiso con la capacitación continua, la jerarquización de la función pública y la mejora sostenida del servicio jurídico estatal en beneficio de toda la comunidad.
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