Publicada
hace 2 mesesel
martes 22 de abril de 2025
La legisladora rionegrina Ana Marks presentó un proyecto de comunicación ante la Legislatura de Río Negro solicitando a la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia la ampliación urgente del Plan Calor 2025. El pedido apunta a brindar asistencia a las familias que continúan sin acceso al gas natural, debido a la paralización de las obras del Gasoducto Cordillerano.
La obra, iniciada en 2017, fue diseñada para beneficiar a unas 25 localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, alcanzando a 15.000 nuevos usuarios. Sin embargo, la decisión del actual gobierno nacional de suspender la obra pública dejó inconclusa su ejecución.
En la actualidad, la empresa Camuzzi mantiene restringidas las nuevas conexiones a la red de gas en la zona andina, argumentando falta de presión en el sistema troncal. Esta situación afecta a más de 5.000 familias en Bariloche, que enfrentan el invierno sin acceso a un servicio esencial.
“El Estado no puede dar la espalda a quienes, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder al gas natural. Necesitamos medidas urgentes y concretas para acompañar a estas familias, que no pueden esperar un invierno más”, expresó Marks.
La iniciativa presentada solicita flexibilizar los requisitos del Plan Calor, incorporando a quienes tienen solicitudes de factibilidad rechazadas por la empresa distribuidora. Según el proyecto, la calefacción mediante fuentes alternativas como leña, garrafas o tubos implica altos costos económicos: el metro cúbico de leña supera los $60.000, una garrafa de 10 kg ronda los $20.000, y un tubo de 45 kg cuesta más de $80.000.
“Este es el noveno invierno que muchas familias pasarán sin gas, y no podemos naturalizarlo. El Plan Calor debe ser una herramienta de contención real”, indicó la legisladora. Además, propuso que la provincia destine un porcentaje de las regalías gasíferas al fortalecimiento del plan y a la finalización de la obra pendiente.
El proyecto apunta a generar acciones concretas para mitigar los efectos de una problemática estructural que afecta a miles de vecinos y vecinas de la región cordillerana.
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