Gerente de Catedral evitó un juicio en su contra por usurpación

Manuel Ignacio Pérez Díez accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba y logró evitar un juicio en su contra por el delito de usurpación. Entre las pautas acordó el pago de cien mil pesos en compensación de los gastos, pero la parte denunciante donará el dinero y reclamará por vía Civil un resarcimiento acorde al perjuicio verdaderamente ocasionado.

El gerente de Catedral Alta Patagonia, fue acusado por la fiscalía en relación a un hecho ocurrido el 4 de noviembre de 2021, cuando según la imputación se presentó al frente de una cuadrilla de operarios de la firma en el edificio conocido como El Galpón Confitería, ubicado en plaza Oertle a la salida de la aerosilla Princesa 1 del Cerro Catedral.

Una vez en el lugar, ejerciendo violencia sobre las cosas y las personas, despojó a los representantes de la empresa Catedral Skí Rental, Oscar Baruzzi y Alberto Del Giúdice. Según la imputación que le realizaron al momento de la formulación de cargos, con su accionar, como gerente de la empresa Capsa, restringió el ejercicio de los derechos de los denunciantes y el libre uso del lugar que tenían en comodato desde agosto de 2004 y explotaban comercialmente como guardería, alquiler de equipos de esquí y confitería.

La fiscala Alejandra Bartolomé, al describir el hecho reprochado, sostuvo que Pérez Díez cometió el hecho al mando de una cuadrilla de operarios de la firma que explota el centro de esquí, quienes con una moladora conectada a un grupo electrógeno, desarmaron el espacio comercial, quitando puertas, ventanas y otros mobiliarios y cargaron todas las pertenencias en un camión de Capsa. Ante la situación violenta, los empleados del local abandonaron el recinto y notificaron a Baruzzi de lo que estaba ocurriendo, quien minutos después se presentó en el lugar con una escribana pública para dejar constancia. Siempre de acuerdo al relato fiscal, Pérez Díez continuó con las maniobras de desmantelado y demolición del edificio.

A partir del diálogo entre las partes, lograron llegar a un acuerdo para pausar el proceso penal en contra de Pérez Díez, quien deberá cumplir una serie de pautas de conducta de rigor durante el término de un año para dar por cerrado el caso, además de abonar un resarcimiento económico de cien mil pesos a los denunciantes y pagar los honorarios del letrado de esa parte.

De acuerdo a lo manifestado por el abogado querellante Ezequiel Palavecino y del defensor particular Leonardo Triventi, el dinero acordado como parte del resarcimiento económico, será donado por la parte denunciante a una entidad social a definir en los próximos días, mientras que además se iniciará una demanda en sede Civil para lograr el cobro de todo el perjuicio económico que los denunciantes reclaman.