Recientemente, el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (SIGUNARA) emitió un comunicado donde se calificó al acuerdo firmado entre funcionarios nacionales y referentes mapuches, por el conflicto en Villa Mascardi, como un “antecedente deplorable”.
Cabe remarcar que el pacto permitirá el retorno de la machi (autoridad espiritual) al rewe (sitio sagrado) y dejó la promesa de una entrega de tierras a la lof Lafken Winkul Mapu,.
En ese sentido, el secretario adjunto interino de la entidad gremial –que se haya en proceso de normalización–, Danilo Hernández Otaño, más allá de considerar negativa la posibilidad de que se concrete la cesión de terrenos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, recordó que en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut, se vive una situación de “usurpación” similar a la de Villa Mascardi. Al respecto,con el precedente que fija el compromiso firmado por las autoridades gubernamentales con los representantes indígenas, existe el temor a que se repitan decisiones similares.
“El Estado se retira y plantea mesas de diálogo, instancias de negociación para ver si recupera algo de lo que perdió. Esto es inadmisible e incumple lo que establece la ley”, sostuvo Hernández Otaño.
“En Los Alerces la acción se produjo por parte de un extrabajador de Parques Nacionales que, escudándose en una etnia, inventó una comunidad, sin personería ni ningún antecedente, y se metió en un lugar donde no vivía ni él, ni su padre ni su abuelo, y salió a ofrecer lotes entre los amigos, para tener cómplices y no estar solo; así consiguió dos o tres familias”, expuso el representante gremial, quien añadió que “la línea que le bajan a los guardaparques es ‘manténganse alejados’, para no tener hechos de violencia. Los funcionarios públicos que trabajan en el parque y que tienen, por el decreto 56 de 2006 –firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner y el actual mandatario, Alberto Fernández, en su carácter, en aquel momento, de jefe de Gabinete–, la misión de controlar y vigilar los Parques Nacionales, no lo pueden hacer. Es decir, no podés hacer nada de aquello para lo cual te pagan el sueldo”.
“Lo bochornoso es que, desde el mismo Estado, funcionarios que cobran el sueldo con dinero de los contribuyentes, utilizando vehículos oficiales, sostengan estas situaciones ilegales, con logística, acercándoles víveres para mantenerlos en este incumplimiento de la ley”, concluyó.