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Política y Economía

Hay 264.000 juicios contra el Estado argentino: tan solo el 20% podría costarle al país más de USD 12.000 millones

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El edificio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que coordina el Cuerpo de Abogados del Estado

El Estado tiene hoy 264.102 juicios en curso por reclamos de distinta índole. Son demandas que enfrenta el país y que van desde reclamos por expropiaciones y caída de concesiones, hasta causas abiertas por negligencia administrativa. Entre los casos más relevantes se encuentran los litigios por emisión de deuda argentina impaga, luego del default declarado por nuestro país a finales de 2001; por la estatización de las AFJP; y por los incumplimientos de contratos de obra pública y concesiones de servicios energéticos y viales. Muchos de estos casos fueron promovidos por fondos de inversión extranjeros ante tribunales internacionales. Además, existen demandas laborales presentadas por empleados públicos, así como reclamos por temas de salud pública y medio ambiente.

En todos estos juicios, la defensa de la Argentina está en manos de un área clave, la Procuración del Tesoro, encargada de dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. De la tarea que realicen estos letrados dependen miles de millones de pesos, dólares y euros que el país tiene o tendrá que pagar. Este organismo tiene un presupuesto vigente para este año de $2.187,4 millones. Hoy su titular es Rodolfo Barra, abogado especializado en derecho administrativo, ex juez de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993, y ex ministro de Justicia entre 1993 y 1996, cuando debió renunciar al conocerse que había sido parte de una organización filonazi ensu adolescencia. Barra sucedió a Carlos Zannini, muy cercano a Cristina Kirchner, quien ocupó el cargo en la gestión de Alberto Fernández.

Diputados - debate de la Ley Ómnibus rodolfo barra
Rodolfo Barra, nuevo titular de la Procuración del Tesoro en la gestión de Javier Milei (Franco Fafasuli) (Franco Fafasuli/)

De esos más de 264.000 juicios que enfrenta Argentina, solo el 20% tiene un monto determinado en la demanda por reclamos monetarios que suman USD 12.554 millones. En esta cifra están incluidos los 9 juicios que tramitan ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputa en materia de Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, por un total de USD 3.668 millones.

Los datos surgen de dos de las respuestas del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su informe por escrito enviado al Senado, a preguntas del senador radical Maximiliano Abad. En una de ellas, el funcionario adjuntó un documento de 10.788 páginas elaborado por la Procuración del Tesoro, con la totalidad de los juicios que enfrenta el Estado, los montos reclamados -cuando está determinado en la demanda -, y su estado procesal. El 42% de los juicios (112.174 casos) se encuentran en cumplimiento de la sentencia y el resto en distintas instancias del proceso, según el análisis realizado por Infobae de ese extenso archivo adjunto.

Juicio al Estado
Respuesta de Nicolás Posse a la consulta del senador Maximiliano Abad

Sin embargo, la cifra de USD 12.554 millones es parcial, ya que no incluye el juicio más importante que enfrenta hoy el país por la expropiación de YPF por más de USD 16.000 millones. Si bien está incluido en esa base de datos de la Procuración del Tesoro, no tiene determinado el monto de la demanda, ya que esa suma es una estimación luego de la sentencia en un Tribunal de Nueva York de septiembre pasado. Si se suman ambas cifras, el país enfrenta un posible pasivo de, al menos, USD 28.556 millones, el doble de lo que en el Gobierno estiman que necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para levantar el cepo: USD 15.000 millones.

En toda la serie de juicios analizada, hay 614 causas en dólares por casi USD 9.800 millones (incluidos los del CIADI). Las demandas en la divisa extranjera representan el 78% del monto total en pesos de los reclamos, que en pesos equivalen al tipo de cambio oficial del 22 de marzo pasado a $10,7 billones, según se detalla en el informe enviado por Posse a los senadores. Esta última cifra equivale al 20% del presupuesto nacional vigente.

Las causas de mayores montos

El mayor juicio que enfrenta el Estado es la demanda por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner, aunque en la base de datos de la Procuración no figura una valuación específica. El reclamo judicial se originó porque ese porcentaje accionario estaba en manos de la empresa española Repsol, y su compra por parte del Estado argentino violó los estatutos de YPF, que requerían una oferta pública para adquirir las acciones del socio minoritario – el Grupo Petersen – en caso de un cambio de control.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del distrito de Nueva York (EEUU) ordenó a la República Argentina pagar más de $16.000 millones en daños y perjuicios a Eton Park y Petersen Energía. Esta cifra incluye los daños directos y los intereses acumulados desde la fecha de la expropiación. La demanda y el monto abonado hasta el momento, fue motivo de otra pregunta de la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO).

En su respuesta, el jefe de Gabinete informó que esa sentencia “fue apelada y que, a la fecha, no se ha abonado nada”. Posse también afirmó en el informe que “no hay ningún juicio en curso por la expropiación de YPF”, y que si la senadora “se refería a los juicios que tramitan ante la corte de distrito de Nueva York, se trata de dos procesos: además del indicado en la pregunta (iniciado el 8 de abril de 2015), tramita un juicio iniciado por Eton Park Capital Management LP, Eton Park Master Fund Ltd, y Eton Park Fund versus Argentine Republic and YPF SA (iniciado el 3 de noviembre de 2016)”. Esta segunda demanda sobre el proceso de nacionalización de la petrolera estatal tampoco tiene un monto especificado en la base de datos de la Procuración del Tesoro.

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Sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires (EFE/ David Fernández)
Sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires (EFE/ David Fernández)
(David Fernández/)

Considerando los 20 mayores juicios contra el Estado de los 49.843 que sí tienen determinada una cifra en las demandas detalladas en el informe de la Procuración del Tesoro, 16 son en dólares, 3 en euros y uno en pesos. Este último fue iniciado por la empresa Caminos del Valle Concesionaria SA contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por $391.732 millones (equivalentes a USD 458 millones, al tipo de cambio oficial del 22 de marzo pasado). El reclamo se originó por la renegociación de la concesión del corredor vial Nro 29 que comprende las rutas nacionales 22 y 151, e implicaba la construcción de dos puentes nuevos entre las ciudades Neuquén y Cipolletti, y el mantenimiento del existente.

El juicio de mayor monto de los que incluyen una cifra en la demanda es el de la generadora eléctrica norteamericana AES Corporation por USD 1.814 millones ($1,5 billones al valor del dólar oficial informado por Posse), que tramita ante el CIADI. El reclamo se centró en la negativa de Argentina a aplicar mecanismos previamente acordados para el cálculo y ajuste de tarifas relacionadas con las inversiones de AES en el sector eléctrico local. La firma alegó que nuestro país violó sus obligaciones al congelar las tarifas de electricidad y no permitir ajustes que reflejaran la inflación y la devaluación del peso argentino, lo que afectó la rentabilidad de sus inversiones. El proceso estuvo suspendido desde diciembre de 2005 hasta enero de 2019 por acuerdo de las partes. La última audiencia tuvo lugar en mayo de 2023 y ahora el CIADI debe resolver sobre el fondo de la disputa.

La segunda causa en importancia por el dinero reclamado -entre las que está detallado el monto- es la del estudio neoyorquino de abogados Zylberberg Fein LLC, que presentó una demanda contra Argentina en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por $959.000 millones, según el valor informado en pesos por el jefe de Gabinete, que equivalen a USD 1.123 millones. Obedece al incumplimiento de pagos de bonos soberanos emitidos por Argentina en la década de 1990 y principios de 2000. La demanda, presentada en 2007, busca el pago de los montos adeudados según los términos de estos bonos, que Argentina dejó de pagar durante la crisis económica de 2001.

El tercer juicio por monto es en euros y fue iniciado por el inversor italiano Giorgio Scappini – en representación de un grupo de tenedores de bonos de deuda argentina – también debido al incumplimiento de pagos de esos títulos emitidos por un total de 750 millones de euros, y que cayeron en default en diciembre de 2001. La demanda asciende a $693.000 millones en su equivalencia en pesos (USD 811,5 millones). En 2011, el juez Thomas Griesa dictó un fallo parcial que establecía la responsabilidad de Argentina, aunque el juicio no buscaba una compensación monetaria inmediata, sino confirmar la responsabilidad del país.

La cuarta demanda en monto de dinero – siempre de las causas que tienen una cifra informada – es la que presentó Ramón Alfredo Oviedo contra la empresa YPF por daños y perjuicios ambientales ocasionada por una explotación petrolera en Mendoza. El juicio es por USD 750 millones y está en trámite en la Cámara Federal de esa provincia.

El quinto juicio es de Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, por los bonos en euros vinculados al Producto Interno Bruto (PBI) de Argentina. Los fondos – que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de estos valores – alegaron que Argentina modificó la forma de calcular su PBI en 2013 para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de estos bonos. Demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global de $596.611 millones, que equivalen a unos USD 670 millones. En abril de 2023, el tribunal falló a favor de los demandantes, ordenando a Argentina pagar 643 millones de euros (más intereses, sumando un total potencial de 1.330 millones de euros).

Los juicios en el CIADI

Sede del CIADI en Washington
Sede del CIADI en Washington

También en respuesta a una pregunta del senador Abad, Posse dio detalles de los 9 juicios que tramitan en el CIADI, el tribunal internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Se trata de un ámbito al que suelen recurrir las empresas privadas extranjeras en sus demandas contra el país.

Además de la demanda de AES Corporation – la mayor en cifra de los reclamos que tramitan en ese tribunal arbitral internacional-, el segundo juicio en monto es el iniciado en 2020 por Orazul International España Holdings, empresa de energía subsidiaria española de la norteamericana Duke Energy International. Orazul posee de manera indirecta una participación mayoritaria en la empresa Cerros Colorados, concesionaria de la central hidroeléctrica Planicie Banderita, en la provincia de Río Negro. El reclamo obedeció a las medidas adoptadas por Argentina desde 2003 que modificaron el marco regulatorio de la electricidad. El monto de la demanda ascendía a USD 667,3 millones, más intereses y costas. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2023, el CIADI rechazó el reclamo de Orazul y otorgó una parte proporcional de las costas incurridas por la demandante a cargo de la Argentina.

El tercer juicio ante el CIADI en cantidad de dinero reclamado es el de MetlLife Inc y Metlife Servicios SA, con participación accionaria en Met AFJP, por la eliminación del régimen de capitalización y su absorción por el régimen de reparto en el Sistema Integrado Previsional Argentino a partir de la ley N° 26.425. El monto reclamado ascendía a USD 505 millones, más intereses y costas. El 5 de abril pasado, el CIADI otorgó a las demandantes una indemnización de USD 6,8 millones más intereses, anteriores al laudo al 4 de agosto de 2023 de USD 1,5 millones, y post-laudo hasta la fecha en que se efectúe el pago, más una parte proporcional de las costas incurridas por las demandantes junto con los costos del procedimiento arbitral. Argentina tiene 120 días para presentar un recurso y pedir la revisión del laudo.

Otra demanda por el mismo motivo fue presentado por Nationale Nederlanden Holdinvest BV, Nationale-Nederlanden Intertrust BV, NN Insurance International BV y Orígenes AFJP SA, con un reclamo por USD 157 millones más intereses y costas. Está pendiente que el CIADI se expida, tras la última audiencia que tuvo lugar un año atrás.

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También tramita ante este tribunal otro juicio presentado por la española Abertis Infraestructuras, principal accionista de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que el año pasado demandó a la Argentina por el intento del presidente Alberto Fernández de anular el convenio de renegociación de los contratos de concesión firmado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. La compañía considera que nuestro país violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina de 1991 y presentó un reclamo que asciende a casi USD 300 millones, más intereses y costas.

La totalidad de las 9 demandas con los montos reclamados pueden visualizarse en este gráfico a continuación:

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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Represión en el Congreso: el CELS denuncia operativo policial desmedido y arbitrario

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En un fuerte revés para las autoridades involucradas en el operativo policial desplegado en las inmediaciones del Congreso durante la votación de la ley Bases, la jueza María Servini ordenó la liberación de 11 de los 16 detenidos que permanecían bajo custodia. La medida fue tomada debido a la falta de pruebas que corroboraran la responsabilidad de los acusados en actos delictivos durante la manifestación.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció enérgicamente respecto a la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, denunciando que se detuvo “gente al voleo” y exigiendo una investigación exhaustiva sobre el operativo policial desmedido. Paula Litvachky, directora del organismo, destacó la importancia de respetar el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar sus opiniones sin temor a represalias.

El CELS también hizo hincapié en las denuncias realizadas por algunos diputados y en la necesidad de preservar el espacio de debate y protesta en el ámbito público. Litvachky criticó la postura violenta del gobierno de Javier Milei frente a las movilizaciones ciudadanas, señalando un patrón de actuación represiva por parte de las autoridades.

Por su parte, la resolución de la jueza Servini confirmó las sospechas planteadas por el CELS, al considerar que las detenciones durante la jornada de protesta fueron arbitrarias y carecían de fundamentos sólidos. La liberación de los detenidos por falta de mérito ha dejado al descubierto las falencias en la investigación liderada por el fiscal Carlos Stornelli, quien intentó vincular los sucesos con un supuesto intento de golpe de Estado.

A pesar del alivio experimentado por los liberados, el CELS advirtió que las secuelas del encarcelamiento son profundas no solo para los afectados directos, sino también para la sociedad en su conjunto, al sentarse un precedente negativo en cuanto a la libre expresión de opiniones contrarias al gobierno.

La directora del organismo planteó abiertamente la discusión sobre la verdadera fuente de violencia en estos eventos, cuestionando si proviene de los manifestantes o de las autoridades a cargo de garantizar la seguridad en espacios públicos.

En medio de un clima de incertidumbre y cuestionamiento a las prácticas represivas, la liberación de los detenidos por falta de elementos incriminatorios ha sacudido los cimientos de la investigación judicial, dejando al descubierto la fragilidad de las acusaciones y la necesidad imperante de garantizar un debido proceso para todos los ciudadanos involucrados en manifestaciones sociales.

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Política y Economía

Récord: Milei es el presidente con más viajes al exterior en seis meses de gestión

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VIAJES A ESPAÑA, ALEMANIA, REPÚBLICA CHECA Y MÁS.

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20/06/2024

Javier Milei, presidente de Argentina, se ha destacado en los primeros seis meses de su gestión por su intensa actividad internacional. Con periplos a Estados Unidos, España, Suiza, El Salvador e Israel, Milei ha mantenido un ritmo frenético de viajes, incluso participando de citas sin agenda oficial.

Este viernes se prevé su viaje a España, seguido por Alemania y República Checa, además de su presencia en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar de tensiones y controversias, como el altercado con Pedro Sánchez en España, donde tildó a su esposa de “corrupta”, Milei continuó sus planes sin retractarse. Recientemente, volvió de Italia tras participar en el G7 y la Cumbre de la Paz en Suiza. Próximamente, recibirá un premio en Madrid durante la Semana de la Libertad, demostrando una agenda internacional activa y diversa.

Los nueve viajes realizados hasta el momento por Milei han representado un importante desembolso en gastos de traslado, seguridad y comitiva, estimándose en $ 168.851.040,15 solo en los primeros cuatro viajes al exterior. Este derroche económico se justifica con actividades como su visita al foro de Davos, su presencia en el G7 y otras citas internacionales relevantes.

Próximamente, Milei será galardonado con la medalla Hayek en Alemania, en un gesto de reconocimiento a su labor presidencial. El entorno del mandatario no descarta la posibilidad de añadir más destinos a su gira, manteniendo viva la incógnita sobre nuevos encuentros y compromisos internacionales.

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Política y Economía

Otro escándalo en LLA de Río Negro: Zúñiga denunció que le falsificaron la firma

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Ariel Zúñiga, Vicepresidente de la Junta Promotora del partido “La Libertad Avanza” en Río Negro, ha presentado una denuncia formal por falsificación de firmas ante el Juzgado Federal Electoral. La acusación, registrada bajo el expediente CNE 000272/2024, cuestiona la autenticidad de las firmas en actas cruciales del partido, señalando posibles maniobras ilegítimas para tomar control del “sello partidario”.

En la denuncia, Zúñiga alega que su firma y otras fueron falsificadas en actas de la Junta Promotora y la Carta Orgánica. Con el respaldo legal del Dr. Leandro Ariel Ruiz, abogado colegiado en la Capital Federal, busca anular acciones desde la foja 227 debido a las irregularidades detectadas.

El Vicepresidente afirma no haber sido convocado a la elaboración de las actas N°3 y N°4, desconociendo su contenido. Tras investigar con otros firmantes potenciales, descubrió presuntas falsificaciones en dichos documentos.

Zúñiga acusa a María Lorena Villaverde, Presidenta de la Junta Promotora, y a su círculo de colaboradores de liderar un plan para apoderarse del sello partidario de forma fraudulenta. Solicita pericia caligráfica para validar las firmas cuestionadas, denunciando un atentado a los principios democráticos del partido según la Ley 23.298.

Este escándalo se suma a una serie de conflictos internos desde marzo de 2024, poniendo en peligro el reconocimiento del partido en Río Negro. El impacto de estas acusaciones cuestiona la legitimidad de la Junta Promotora y la transparencia en sus procesos constitutivos, ahora en manos del Juez Federal Electoral. 

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