El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona justificó la decisión tildándolos de “ideológicos” y “kirchneristas”.
Hace unas horas, el Gobierno ha tomado una medida polémica al anunciar el cierre de una serie de programas sociales que ya habían sufrido desfinanciamiento y desmantelamiento previo. La decisión se enmarca en un contexto de ajustes económicos y reestructuración del aparato estatal bajo la gestión de Javier Milei.
El Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, se ha pronunciado sobre la clausura de trece programas destinados principalmente a mujeres y personas de género diverso que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Desde el despacho oficial, las justificaciones de la medida han sido contundentes, catalogando estos programas como “ideológicos” y asociados al espectro político del kirchnerismo. Tal es el caso de “MenstruAR”, un proyecto que aseguraba el acceso a materiales de higiene menstrual a través de la distribución de copas menstruales en los municipios del país.
Cúneo Libarona, defendiendo su posición en redes sociales, expresó que la eliminación de estos programas responde a la necesidad de reducir el gasto público. Asegura que con estas acciones, el Estado logrará un ahorro significativo estimado en más de 6.000 millones de pesos. Este planteamiento se alinea con una premisa central del actual gobierno: la reducción del tamaño del Estado en pos de liberar recursos para los ciudadanos.
No obstante, esta determinación abre un debate acerca del impacto social de tales ajustes. Instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han advertido sobre la erosión de políticas que, en su momento, fueron vitales para promover una mayor equidad en la distribución de los cuidados. Según su informe más reciente, de las 50 políticas de cuidado que existían al inicio de la administración de Milei, solo 5 permanecen operativas, mientras el restante 90% ha sido desmantelado.
Esta serie de cambios plantea un cuestionamiento hacia las evaluaciones y análisis que subyacen a la continuidad o eliminación de políticas públicas. Críticos de la decisión argumentan que, más allá de cifras económicas, se debe considerar el impacto en la calidad de vida de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En un marco donde las desigualdades aún persisten, el balance entre eficiencia económica y justicia social se erige como un desafío clave para la actual administración.
