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Imputaron a una empleada del IPROSS y a 11 afiliados por defraudación con reintegros odontológicos

(VDM Noticias) La formulación de cargos contra una empleada de IPROSS terminó con una curiosa defensa en la que su abogado la describió como una suerte de Robin Hood(ina) de la obra social que nuclea a los trabajadores estatales de la provincia.

Damián Torres, defensor particular de Diana Calvo, adelantó que buscará llegar a un juicio abreviado o alguna instancia alternativa para evitar el proceso y afirmó que los afiliados imputados “no deberían estar acá” porque, según sostuvo, desconocían lo que ocurría. 

“Todo esto se inició a raíz de la ausencia de cobertura de muchas de las prestaciones por parte del IPROSS y una sensación de injusticia, por parte de ella, por gente que tenía que pagar de su propio bolsillo cuestiones que ella entendía que no correspondían. Y tomó los caminos equivocados para tratar de hacer justicia por mano propia. Es algo que va a tener que efectuar y responsabilizarse como lo estamos haciendo en esta audiencia”, argumentó.

Torres insistió en que la principal imputada “es quien tendría que haber estado aquí y no mucha gente que se ve perjudicada” a quienes definió como “afiliados al IPROSS que buscaban reintegros de las prestaciones que se estaban realizando. Se les cargó la prestación y se les reintegró”. 

En la jornada de hoy, el fiscal José Chirinos, imputó a Diana Calvo y a otras 11 personas por distintas maniobras defraudatorias que perjudicaron IPROSS en más de un millón de pesos, entre los años 2016 y 2019.

Calvo cumplía funciones en el sector de ingresos de Auditoría Odontológica. Según la acusación, haciendo uso de los permisos de su función, “cargó en el sistema informático trámites de reintegro por una suma total de 1.121.318 pesos” beneficiándose a sí misma y a los otros 11 afiliados.

La mujer cargaba en el sistema reintegros por prácticas o prótesis odontológicas “sin documentación respaldatoria y/o con documentación adulterada”, “generando el circuito administrativo de pagos y beneficiando indebidamente a los afiliados imputados”. 

Los hechos más llamativos por la cantidad de reintegros presentados en poco tiempo, los montos acumulados y los imputados beneficiados, son 6 o 7. 

Entre diciembre de 2016 y octubre de 2019, la imputada cargó a su favor 55 reintegros por 206.800 pesos. Esto representa haber visitado al odontólogo más de una vez por mes durante todo ese tiempo.  

Entre octubre de 2017 y febrero de 2019 (16 meses), Gregorio Salvador Bustos, presentó 39 pedidos de reintegro por los que el IPROSS pagó 163.700 pesos. Por su parte, entre abril de 2017 y febrero de 2019 (22 meses), Lorena Napal, presentó 27 pedidos de reintegro por un total de 141.700 pesos.

Entre mayo de 2017 y febrero de 2019, cargó 21 reintegros a favor de Hugo Arcángel Calvo por 109.900 pesos. Entre septiembre de 2017 y junio de 2019, cargó 23 reintegros por 106.000 pesos a favor de Carina Calvo. Entre mayo de 2018 y octubre de 2019, cargó 27 reintegros a favor de Alejandrina Calderón, por 105.000 pesos (16 meses con muchos problemas odontológicos).

Finalmente, entre julio de 2017 y agosto de 2019, se cargaron 25 reintegros a favor de María Magdalena Guttmann, por 99.800 pesos. El resto de los imputados cubren montos bastante inferiores a los enumerados.

La denuncia la realizó el presidente de la obra social, Alejandro Marenco, en julio del 2020. El fiscal señaló que, entre los imputados, hay varias personas que tienen relación de parentesco con Calvo y otras con las que tenía un vínculo de amistad. El defensor Torres relativizó a estos últimos y dijo que solo eran personas que “iban regularmente a pedir reintegro”.     

Entre las pruebas que presentó el fiscal Chirinos, están la denuncia penal del presidente de IPROSS; el testimonio de la auditora que verificó que los reintegros no contaban con respaldo documental; la asesora legal del IProSS que realizó un sumario interno y otros empleados del organismo que detallaron las funciones de la imputada.

Por otra parte, la Fiscalía de Estado, representada en la audiencia por el abogado Federico Gallardo se presentó como querellante en la causa y manifestó su adhesión a la acusación fiscal.

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