El fuego permanece activo, tanto en el Parque Nacional Nahuel Huapicomo también en Los Alerces y parte del territorio provincial chubutense. El impacto en el ambiente que generan ambos siniestros es dantesco, arrasando con añosos ejemplares de especies nativas como coihues, cipreses, ñires y lengas. La diferencia que hay es que uno habría comenzado por una negligencia y el otro, se cree, provocado de forma intencional.
Esta semana, la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi denunció el siniestro que comenzó en el brazo Tristeza ante la Justicia Federal, para que se investigue a los responsables de causarlo.
El fuego comenzó durante la madrugada y se cree que el origen habría sido un fogón mal apagado, que fue encendido en un sitio intangible, donde está prohibido hacerlo. El fuego comenzó en un sitio al que sólo se accede vía lacustre.
El juez subrogante Gustavo Villanueva corrió vista del expediente a la fiscalía federal y fue su titular, Rafael Vehils quien impulsó un requerimiento de instrucción formal para avanzar en el caso.
El objetivo es identificar a los responsables de iniciar el fogón donde rige una restricción absoluta, cuya conducta negligente derivó luego en un daño costoso en materia ambiental. “Estamos bien encaminados, hay indicios importantes”, le dijo a Infobae el fiscal federal, aunque mantuvo en reserva la información para no entorpecer esos avances. Se mostró confiado en que las primeras medidas desplegadas podrían aportar datos relevadores.
Un análisis de las embarcaciones -que el domingo pasado amarraron en esas playas- podría aportar los primeros indicios sobre quienes estuvieron en el lugar, como puntapié para luego ver quién estuvo detrás del fogón encendido. Testigos podrían aportar también información crucial para resolver el caso.
Mientras tanto crece la indignación en Bariloche por el suceso. No sólo apuntan contra los irreverentes, sino también con agencias de turismo y productoras que organizan eventos en espacios naturales, sin contar con habilitación de Parques Nacionales ni autorización.
En 2021, seis personas fueron condenadas a tres años de prisión condicional y a 100 horas de trabajo comunitario por iniciar un fogón en un espacio inadecuado, a metros de un pinar, cerca de El Bolsón. El fuego se trasladó al bosque y en 43 días arrasó con más de 6000 hectáreas.
Una investigación de la Justicia ordinaria permitió identificarlos, procesarlos y luego condenarlos como responsables del siniestro ígneo. La causa fue caratulada como estrago culposo, es decir que no fue causado con intención pero tuvo su origen en un acto imprudente.
En Chubut prevalece la idea de intencionalidad
El incendio que comenzó hace 13 días en la provincia sureña arrasó con unas 7000 hectáreas y hay certezas de que su origen fue intencional.
El gobernador de la provincia Ignacio “Nacho” Torres propuso una recompensa de 5 millones de pesos a quienes aporten datos certeros sobre el origen de las llamas en el Parque Nacional Los Alerces y parte de territorio provincial. “Tenemos indicios importantes”, le dijo el mandatario a Infobae.
Por su parte, el Gobierno se convirtió en parte acusadora para instar a la Justicia Federal a que investigue el origen del siniestro. Antes de la presentación como querellante, el mandatario se reunió con el juez Guido Otranto, a quien le avisó que seguiría de cerca el avance de la investigación. “Quiero a estos delincuentes presos”, le dijo al magistrado.
La Justicia Federal busca testigos para dar con los responsables de iniciar los incendios y para ello garantizó la reserva de identidad de quienes aporten información.
Torres mencionó que, en el transcurso de esta semana, hubo otros focos simultáneos en el ingreso a Esquel y en la estancia Leleque. Ninguno prosperó por el rápido accionar de los combatientes aunque su origen fue, sin duda, provocado intencionalmente.
Bariloche2000 publicó este jueves a primera hora una nota que tuvo gran repercusión periodística, referida al caso del uso inteligencia artificial de parte de al menos un alumno del colegio Don Bosco para realizar imágenes sexuales con rostros de estudiantes de los últimos años de la Primaria y los primeros de la Secundaria. El caso llegó a la justicia y ameritó el allanamiento en la casa de un alumno, con el secuestro de dispositivos electrónicos. Un hecho muy resonante en la comunidad, informado en base a fuentes inobjetables.
El Colegio Don Bosco se expresó sobre la repercusión periodística del episodio registrado en su establecimiento, desarrollando algunas explicaciones respecto del desempeño de la institución frente al episodio, y haciendo consideraciones de carácter crítico, respecto a las notas periodísticas que se publicaron.
Lo hizo en una nota interna para los cursos involucrados. Este medio recibió la nota, pero en función de que se trataba de un correo interno del colegio, no la publicó. Sin embargo, fue utilizado con fines periodísticos en medios de comunicación colegas y en algunos de sus pasajes se asemeja a una desmentida del material publicado. Por eso consideramos oportuno hacerlo.
“En la mañana del día 12 de Septiembre del 2024, el Colegio Don Bosco ha tomado conocimiento de una publicación periodística – desconociendo la fuente de la misma, – ya que no ha sido el Colegio Don Bosco quien recurre a esa vía.
Frente a eso, la Institución informa a la Comunidad Educativa que se ha actuado en base al Sistema Preventivo de Don Bosco y a la normativa escolar vigente, intentando preservar a todos los menores involucrados del Nivel Medio.
Asimismo, deseamos hacerles saber que las decisiones con respecto a los alumnos regulares de nuestro establecimiento son determinación del propio Colegio Don Bosco, atendiendo siempre al punto de vista como Escuela. Desde el momento en que tomamos conocimiento de esta situación, hemos implementado diferentes estrategias pedagógicas – presenciales y no presenciales – para garantizar la escolaridad de todos los adolescentes bajo nuestra responsabilidad, y poder discernir con serenidad la situación integralmente.
Por último, el Colegio Don Bosco no emitirá ningún otro comunicado al respecto, ya que vela por proteger la situación de los menores.
No comprendemos la intención final de esta publicación, ya que hemos mantenido diálogo permanente con todas las familias de los alumnos involucrados.
Lamentamos la confusión que se genera con datos que no se corresponden con la responsabilidad que le compete y asumió la Institución“.
Desde este medio descartamos la insinuación que realiza el colegio de la existencia de una “intención”para con la institución. Lamentamos profundamente las características del episodio investigado, cuya trascendencia excede las paredes de la institución. De hecho, la Justicia está interviniendo en el episodio de manera activa.Todo lo publicado fue descripto cuidadosamente, para no afectar de manera específica a los menores involucrados y cada dato contó con el chequeo de diferentes fuentes confiables y oficiales.
Lamentamos que el colegio eligiera el camino de intentar menoscabar la tarea periodística al momento de dar explicaciones sobre una situación que lógicamente es muy incómoda, esperando puedan encontrar los mecanismos que den una respuesta adecuada a todos los involucrados.
Silvia Rodríguez es una de las referentes de un reclamo histórico de lotes de los barrios Pilar I y II, un amplio sector conocido como Pampa de Huenuleo, con compraventas de tierras, o algunas tomas, que a nivel administrativo fueron formando un enredo en 40 años que perjudica a sus propietarios, quienes aún no tienen los títulos.
La mujer tomó la palabra este jueves en la Banca del Vecino para reclamarle al Concejo que complete el tratamiento del proyecto de regulación y relató una breve reseña de la historia de la parcela.
Indicó que se trata de las ventas y sucesiones de las tierras de una usucapión de Antonio Buenuleo, operaciones que se remontan a los años 80, y que por distintas razones en los procesos judiciales derivó en embargos, tomas, y una cesión en 2012 de Alejandro Milhas al Instituto de Tierras del municipio, nunca efectivizada.
“El municipio puede regularizar estas tierras y darnos las escrituras. Ya están los planos aprobados, gracias a la ayuda que nos dieron en 2019 la ex gobernadora Arabela Carreras y Daniel Sanguinetti. Todo el barrio tiene una aprobación provisoria, esperamos sólo que el juez haga la inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad. Pero el municipio debe aceptar la donación de las tierras y completar el trámite”, expresó Rodríguez.
Destacó el acompañamiento del concejal Leandro Costa Brutten en el conplicado y extenuante proceso, y refirió que en medio del conflicto la comunidad mapuche Buenuleo tomó una parte de los barrios, cerró el acceso a los lotes y “cerró con una tranquera la calle principal”. En ese caso, en un juicio de Emilio Friedrich (presente este jueves en la sesión)y otros vecinos contra la comunidad mapuche, la justicia condenó por usurpación a cinco integrantes de la comunidady ordenó el desalojo de las tierras.
“Lo que queremos es que se ordene todo, queremos los títulos y pagar los impuestos, como cualquier vecino. Algunos ya fallecieron sin ver las escrituras. Por eso, por favor avancen con este proyecto de ordenanza”, expresó.
Con el objetivo de reforzar el vínculo con las Casas de Altos Estudios, la Provincia formalizó hoy dos convenios de cooperación mutua con la Universidad Nacional de Río Negro vinculados a Prácticas Profesionales Supervisadas y asistencia técnica para el diseño de un Programa provincial Integral de carácter social.
Los convenios fueron rubricados en la mañana de hoy en Viedma entre el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena y el rector de la UNRN, Anselmo Torres.
Acompañaron el vicerrector de la Sede Atlántica, Daniel Barrio, la subsecretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri; el secretario de Desarrollo Humano, Andrés Fredes, el legislador Facundo López, y la Secretaría de Extensión de la UNRN, Evelyn Colino.
La iniciativa se enmarca en una decisión política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck de vincular el conocimiento universitario para garantizar decisiones más eficientes en las políticas públicas que se desarrollen desde el Estado.
El primer acuerdo busca sumar a las distintas dependencias del organismo, estudiantes avanzados de la carrera de abogacía con el fin de fortalecer la actividad formativa y optimizar la gestión pública contando con el acompañamiento de tutores y docentes supervisores que evaluarán las trayectorias.
Por otra parte, se firmó un convenio de articulación interinstitucional que contempla asistencia técnica por parte de la UNRN en la etapa de planificación y diseño del nuevo programa social de abordaje integral que se ejecutará desde Desarrollo Humano.
Desde la cartera Social, se buscará financiamiento para realizar un relevamiento de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, (programas, planes, etc.) y que será llevado a cabo por la Universidad. Los resultados de los informes finales serán utilizados por el Ministerio para políticas sociales inherentes a su órbita.
En una segunda etapa se llevará a adelante un proceso de capacitación a equipos técnicos y facilitadores territoriales del Programa de Abordaje Integral a través de cursos dictados por región.
En este sentido, Muena, comentó: “Lo que estamos llevando adelante es poder coordinar acciones en conjunto en donde podamos contar con pasantes de la cátedra de abogacía, para llevar adelante todas las tareas que se vienen trabajando en cada una de las áreas del ministerio y poder trabajar técnicamente con el asesoramiento y compromiso de acompañar a cada uno de ellos y por el otro lado un trabajo de planificación estratégica de desarrollo social en toda la provincia para luego abordar políticas públicas necesarias”.
Por su parte el rector Anselmo Torres explicó que “Hemos podido construir un lazo muy fuerte entre la universidad y la provincia. Ha sido muy constructivo este tiempo, donde pudimos concretar la apertura hacia la posibilidad de que nuestros estudiantes hagan pasantías supervisadas en el ámbito público, esto nos da también la posibilidad de que puedan culminar sus carreras realizando prácticas concretas en espacios concretos”.
Finalmente, Neri expresó: “Seguimos trabajando en promover este vínculo entre las universidades y el gobierno provincial. En este caso se firmaron dos convenios. Uno de prácticas profesionalizantes para la carrera de Derecho de la Sede Atlántica, y un convenio para trabajar en el Ministerio de Desarrollo Humano que tiene que ver con el relevamiento de políticas públicas sociales y capacitación de equipos técnicos”.