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Política y Economía

Ingresó el proyecto de Ficha Limpia al Congreso y ahora espera a las extraordinarias

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Algunos sectores mostraron su rechazo contra este proyecto. Aseguran que sería una herramienta política para impedir que líderes sociales puedan continuar su labor política.

Se extiende a la imposibilidad de ocupar roles como el de jefe de Gabinete, ministros y otros altos cargos.

El recientemente ingresado proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa legislativa que busca limitar la participación electoral de personas con condenas por corrupción, llegó a la Cámara de Diputados de Argentina, generando una serie de debates y posturas enfrentadas dentro del ámbito político.

La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, proscribe la candidatura de políticos que han sido acusados y condenados por actos de corrupción, siempre que dichos dictámenes se hayan dictado en segunda instancia antes de los comicios. Además, el alcance de la normativa se extiende a la imposibilidad de ocupar roles como el de jefe de Gabinete, ministros y otros altos cargos dentro de la administración pública nacional. Este movimiento busca, según sus defensores, salvaguardar la ética y transparencia en la función pública.

Este proyecto ha sido motivo de divisiones notables en diversas bancadas. Particularmente, sectores del kirchnerismo y agrupaciones de izquierda han levantado críticas fuertes en contra de la ley. Argumentan que podría utilizarse como una herramienta para la persecución política, impidiendo que líderes sociales puedan continuar con su labor política bajo acusaciones potencialmente infundadas. Contrariamente, la mayor parte del espacio Encuentro Federal ha manifestado públicamente su respaldo, destacando la necesidad de proteger las instituciones democráticas de posibles infracciones éticas.

Democracia para Siempre, otro conglomerado político representado en el Congreso, también expresó apoyo, aunque buscan ampliar las restricciones más allá de la corrupción, sugiriendo incluir delitos severos como el narcotráfico o la trata de personas dentro del rango de aplicación. Este matiz apunta a profundizar el impacto ético más allá del ámbito económico.

El proceso finalmente requerirá el respaldo de una mayoría significativa tanto en Diputados, requiriendo 129 votos, como en el Senado, donde se necesitan al menos 37 votos para convertirse en ley. A pesar de la existencia de un dictamen favorable desde las comisiones pertinentes, el oficialismo ha manifestado intención de reintroducir el texto a discusión en comisiones con el fin de asegurar consensos y, eventualmente, eludir posibles modificaciones que alteren el espíritu original en sesiones extraordinarias.

Por último, se contempla que la Cámara Nacional Electoral actúe de guardián de estos preceptos, para lo cual se está creando un Registro Público de Ficha Limpia. Este documento incluirá las decisiones judiciales relevantes y detalles sobre las personas a las que dichas sentencias afectan, proporcionando un recurso de consulta pública y transparente.