Solo, sin recibir visitas, en un calabozo de la Comisaría 36 de Dina Huapi, pasó sus primeras horas de detención desde la tarde del lunes hasta la mañana de este martes Facundo Jones Huala, el activista mapuche de 36 años de edad, prófugo de la justicia chilena desde hace un año, quien fue detenido ayer a la madrugada en El Bolsón por la Policía de Río Negro, luego de ser denunciado por ingresar a un domicilio particular rompiendo una ventana.
La Comisaría 36 sumó la movilización de móviles policiales y el incremento de la dotación policial, reforzada con el COER, cuerpo de élite de la policía rionegrina, por la seguridad obligada por el inesperado visitante.
La detención por un delito menor, como es el daño y violación de domicilio, activó dos acciones judiciales muy trascendentes: el reclamo de la justicia de Chile, que quiere la extradición para que termine de cumplir la condena de 9 años de prisión por incendiar un establecimiento rural, y la justicia federal argentina, que piden al detenido para extraditarlo.
Por acción del fiscal Marcos Sosa Luckman, Jones Huala fue trasladado discretamente desde El Bolsón a la Comisaría 36 de Dina Huapi, por un trayecto de 150 kilómetros. El jefe de los fiscales provinciales, Martín Lozada, anticipó a Infobae que desde hoy estará “a disposición de la justicia federal”.
En Dina Huapi fue alojado bajo custodia del personal policial provincial, en espera de su traslado al Juzgado Federal de Bariloche o al de Esquel, que dirimían anoche cuál será el encargado de procesar la extradición a Chile, cuyos tribunales ya lo solicitaron.
“El proceso por la extradición ya se inició, y va a derivar en la realización de un nuevo juicio. Los pasos a seguir son los detallados en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y por el Tratado específico en la materia que Argentina tiene con Chile”, explicó a ese medio la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare.
Lo mismo sucedió en 2018, cuando Jones Huala cayó en un control rutinario de Gendarmería Nacional en la provincia de Río Negro, y meses después fue decidida su extradición en un juicio oral y público en Bariloche, para comparecer por el incendio del fundo Pisú Pisué, en el sur de Chile.
Fue condenado a 9 años de prisión. Al cumplir la mitad de la condena, fue beneficiado con la prisión domiciliaria y faltó al primer control ordenado por la justicia chilena, que el 11 de febrero de 2022 lo declaró prófugo, pidiendo a Interpol una alerta Azul, para identificarlo y determinar su paradero.
Tras la nueva detención del lunes en El Bolsón, el Gobierno de Chile pidió elevar la alerta a Rojo, lo que incluye el pedido de extradición.
*Con información de Infobae
