Los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera estatal, buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF.
Este miércoles se convirtió en una fecha clave en el litigio que enfrenta al gobierno de Estados Unidos y la República Argentina respecto a las acciones de la empresa YPF. Desde que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, estipulara un límite temporal, las expectativas se han elevado y la tensión no cesa sobre lo que podría ser un veredicto trascendental para ambas naciones.
El corazón de la disputa reside en la entrega de las acciones de YPF que actualmente son controladas por el Estado argentino. La controversia viró hacia un nuevo capítulo cuando el gobierno estadounidense ingresó en escena para frenar dicha entrega solicitada por un grupo de beneficiarios del fallo de expropiación, entre quienes se encuentran entidades como el síndico del quebrado Petersen Energía Inversora S.A.U. y el influyente fondo de inversión Eton Park Capital Management. El pronunciamiento oficial estadounidense sostiene que acceder a tal demanda atentaría contra los principios de inmunidad soberana, un argumento jurídico de significativa relevancia en tratados internacionales.
La intervención del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, junto a su adjunto David Farber, añade un elemento adicional a la ecuación. Estos fiscales habían recomendado a Preska que difiriera su decisión hasta pasadas las elecciones nacionales argentinas. Su propósito es claro: permitir que el Departamento de Justicia realice una evaluación más detallada y emita una declaración fundamentada sobre el impacto transfronterizo de la requisición en litigio. Así, todo recae en manos de la jueza, cuyo fallo está siendo esperado por un público tanto local como internacional.
Por ahora, los ojos del mundo financiero están posados en Nueva York, a la espera de una resolución que podría reestructurar el panorama corporativo y económico no solo para Argentina, sino también para otros países con situaciones jurídicas similares en juego. En un mundo donde la operación de empresas energéticas es vigilada con recelo milimétrico, la ventana de un desenlace impredecible parece empujarnos de cara a un periodo de desafíos y de redefinición de estrategias a nivel estatal.
