“Con traidores no se puede negociar”, se quejó un funcionario nacional cercano al Presidente horas después de la caída de la Ley Ómnibus. Habían pasado pocas horas de la fallida sesión y en la Casa Rosada la tensión estaba en todos los pasillos. El fastidio impreso en sus palabras es el mismo que en público expusieron el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el ministro del Interior, Guillermo Francos después de la votación. Un conjunto de voces que desnudan el enojo por la derrota y la resignación de una incipiente crisis política.

La furia que Milei derramó en sus redes sociales a miles de kilómetros de Buenos Aires hizo eco en las entrañas del Gobierno. Los funcionarios de primera línea aseguran que el rechazo de la ley “era una opción posible”. Lo estaban esperando. Eran conscientes de la cercanía con el fracaso. Tal es así que en el Gobierno asimilan que el proyecto de ley “está muerto”. Ven inviable la posibilidad de que el texto vuelva a enviarse para ser tratado en comisión. Se terminó. Hay que llevar a cabo otro plan de acción.

Lo que sigue es analizar en profundidad si llamar a una consulta popular es una estrategia política válida y positiva para el oficialismo. Para que sea vinculante, debería pasar por el Congreso, un camino imposible teniendo en cuenta el resultado de ayer. En caso contrario, si no es vinculante, solo servirá para que se conozca cuál es la decisión de la sociedad sobre un proyecto de ley extenso y que abarca múltiples temas.

En Balcarce 50 aceptan que el único objetivo de convocar a una consulta sería exponer a los diputados nacionales que votaron en contra de la ley. A los mismos que la Oficina del Presidente enumeró en una extensa lista publicada en las redes sociales bajo el título: “Diputados que votaron en contra del pueblo”. Un señalamiento peligroso que desde el radicalismo cuestionaron en un comunicado por “incitar a la violencia”.

Ese es el plan de acción oficial. Cargar la responsabilidad plena sobre los legisladores y gobernadores de la oposición. El llamado a una consulta popular es una estrategia compleja de llevar a cabo teniendo en cuenta los costos de una organización de ese estilo y el desconocimiento de las mayorías sobre el contenido específico de la ley. En el Gobierno aseguran que la están analizando y no la descartan. Flota en el espeso aire que se respira por estas horas.

Amigos y traidores. De un lado o del otro. La nueva grieta no tiene al peronismo como actor principal, como en los últimos años. De un lado, el gobierno nacional. Del otro, la oposición dialoguista y un grupo importante de mandatarios provinciales. Detrás de esa avanzada discursiva no hay autocrítica del oficialismo. Parece no haber errores por corregir pese a la caída de un proyecto que había sido desguazado y cuestionado en el camino

El asesor Santiago Caputo, parte de la mesa chica de Javier Milei, ya se lo había anticipado a un legislador nacional cuando se negociaba el dictamen de mayoría, que salió por apoyo de la oposición dialoguista pese a la falta de acuerdos sólidos de cara al tratamiento en el recinto. Una señal clara de que el camino hacia la aprobación estaba minado. Espinas que vieron y no quisieron cortar. O que, peor aún, pensaron que no los iban a pinchar.

“Si la ley sale a favor, bien. Y si sale en contra, diremos quiénes son los traidores”, le dijo, palabras más o palabras menos, Caputo a un integrante del esquema dialoguista. Fue un anticipo de lo que sucedió en las horas posteriores al rechazo de la ley en la Cámara baja. El Gobierno tenía preparada su estrategia para la derrota. Advertían que era una posibilidad muy concreta frente a la falta de consensos firmes para sostener el texto.

En los bloques de la oposición dialoguista tenían en claro que un traspié en el inicio de la votación particular de las facultades delegadas podía generar un efecto dominó imparable. Lo consideraban previsible porque el oficialismo llegó a la sesión con los acuerdos atados con alambre y las negociaciones activas en paralelo a la votación en el recinto. Mientras los legisladores avanzaban en la discusión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo les prometía a algunos gobernadores tratar la coparticipación del Impuesto País después de la ley. Sus intenciones de persuadir a los mandatarios no surtieron efecto.

Hay una máxima para los oficialismos dentro de las paredes del Congreso. Si no tenes los números para sacar la ley, no inicies la sesión. Sin votos, no tiene sentido la discusión en el recinto. Es una estrategia lógica para que el Poder Ejecutivo no sufra un fuerte desgaste y quede debilitado por la incapacidad de generar acuerdos. Fue justamente eso lo que sucedió. El Gobierno quedó expuesto después de largos días de negociaciones cruzadas y pedidos de modificaciones.

Cuando se enteró de la caída de las delegaciones Milei levantó el teléfono y pidió retirar el proyecto. Estaba furioso. Se sintió traicionado. Los opositores dialoguistas que no votaron la delegación de facultades para el control de los fideicomisos advirtieron que ya le habían anticipado al Gobierno que ese acuerdo no estaba firme. Y además, que la vocación era evitar la caída del capítulo de privatizaciones, que tampoco tenía un acuerdo político que lo sostenga. Idas y vueltas sin orden ni interlocutores claros.

“La pelota la tiene otra vez el Gobierno. El Presidente va a intentar hacer un relato y redoblar la apuesta. Pero debería apelar a la racionalidad y a mejorar su relación con el Congreso”, señaló un experimentado legislador del bloque Hacemos Coalición Federal. Desde el exterior Milei calificó a los legisladores que votaron en contra como “delincuentes” y “traidores”. Son los mismos que serán determinantes para que el oficialismo tenga una mayoría circunstancial en el Congreso.

El bloque de gobernadores a los que les apuntan lo componen Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Saenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). Además, en la mira quedaron los legisladores radicales cercanos a Facundo Manes y los integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, aunque el rionegrino votó a favor del Gobierno.

Un tema aparte será la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de Córdoba, que quedó debilitada después de la fallida sesión de ayer, ya que los legisladores cordobeses que responden a Llaryora votaron en contra de algunas de las delegaciones y amenazaron con incluir en la discusión particular la coparticipación del Impuesto País, resistida por Milei.

Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Córdoba, y actual titular de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedó bajo la lupa después de la caótica sesión de ayer. El funcionario del Gobierno es un dirigente de estrecha relación y confianza del ex mandatario Juan Schiaretti, y esposo de la diputada Alejandra Torres, una de las apuntadas como “traidora”.

“No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa”, expresó Torres durante una entrevista con Radio Mitre Córdoba. Su voto negativo en algunos de los incisos del artículo que planteaba la base de delegaciones la llevó a estar en la lista de apuntados. En ese contexto de furia y búsqueda de responsables por el fracaso legislativo, el futuro de Giordano parece estar comprometido.