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La CEB expuso sus razones y espera que el EPRE convalide el aumento de la luz en Bariloche
Publicada
hace 2 añosel
El presidente de la CEB (Cooperativa de Electricidad Bariloche), Carlos Aristegui, y otros directivos de la prestadora eléctrica defendieron hoy en audiencia pública el aumento de tarifas del 35% que pretenden aplicar a los 56.000 usuarios del servicio en Bariloche y Dina Huapi, y que ahora dependerá de lo que defina el ente regulador.
En el momento abierto a la participación intervinieron solo cinco oradores (la mitad de los que se habían inscripto) y una amplia mayoría impugnó la suba tarifaria, con mensajes que en algunos casos estuvieron dirigidos al Estado y no tanto a la prestadora.
El vicepresidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y la Zona Andina, Hernán Lagar, dijo por ejemplo que “la carga impositiva y tarifaria que soportan las pequeñas empresas y micropymes se hace cada vez más difícil de sostener” y que en ese marco un nuevo aumento de la luz sería agravar esa sitaución.
“No estamos en condiciones de convalidar nuevos aumentos” afirmó, sin contradecir el argumento de los mayores costos expuesto por la CEB, en lo que pareció un pedido al Estado de que los absorba vía subsidios.
Más directo fue el empresario pyme Gabriel Trujillo, quien dijo que el sector que integra sufre los altos costos de la electricidad en todo el país, lo cual “afecta la competitividad”. Se refirió especialmente al sobrecargo tarifario que pagan los usuarios “T2”, es decir los demandantes de potencia extra, y que terminan por asumir costos de infrestructura “que debería pagar el Estado”.
Según Trujillo, un mayor aumento de la tarifa afectará la rentabilidad de las pymes, que son las que mayor empleo generan. También dijo que el mayor costo de la energía “desalienta la inversión” o promueve la mudanza de las empresas a otros puntos del país donde el servicio es más barato. Puso como ejemplo a Alemania donde, según dijo, en estos días estudian “tarifas especiales del costo de la energía para mejorar la competitividad de la industria”.
Lagar, a su turno, dijo que si se mira la boleta de la CEB “completa”, no es verdad que no hayan existido aumentos en el último quinquenio (como alegó la cooperativa, en relación a la parte que le toca), sino que para el usuario las tarifa subió entre el 120 y el 140% anual “para un mismo consumo”, por la actualización de otros cargos o la quita de subsidios.
Subrayó que esos incrementos fueron más altos que la inflación y las empresas “los trasladan a los productos”.
Ajenos a esas razones, los voceros de la CEB Néstor Prado y Eduardo Broglio refirieron en la apertura de la audiencia que la última revisión tarifaria data de 2018 y desde entonces “valor agregado de distribución” percibido por la cooperativa no tuvo modificaciones, como sí ocurrió con la parte destinada al pago de salarios.
Dijeron que los costos de prestación crecieron en promedio un 650%, con casos extremos como los postes de madera (un 1.720%) y los cables preensamblados (1.382%).
Señalaron que el componente Valor Agregado de Distribución debe ser corregido para cumplir con inversiones indispensables a razón de 1.174,9 millones de pesos por año, cubrir “costos de explotación” por 110,8 millones, atención al consumdior por 159,1 millones y “costos soporte” por 483 millones.
Según Broglio, hoy la CEB tiene 56.187 asociados de los cuales el 78% son residenciales y un total de 38.000 usuarios registra consumos inferiores a los 250 kWh por mes. Los directivos de la CEB señalaron que el aumento del 35% solicitado al EPRE generaría un incremento promedio de 1.731 pesos por mes en la factura de quienes consumen 250 kWh. Entendieron que constituye una tarifa “justa y razonable”. También defendieron los “parámetros de transparencia” contenidos en la propuesta.
Nada de esto fue convalidado por el expositor más crítico que tomó parte de la audiencia, el dirigente del justicialismo Leandro Costa Brutten, quien dijo tener una denuncia en la Justicia contra la CEB por “balances falsos”. Señaló que el aumento pretendido “es parte de una estrategia de vaciamiento”, que se traduciría en la absorción vía tarifa eléctrica de pérdidas de las empresas controladas por la CEB.
Costa Brutten las enumeró una a una y dijo que el caso más inquietante es el de AVC SA (prestadora de internet y tevé por cable) cuyo quebranto durante la actual gestión habría aumentado de 33 a 160 millones de pesos. Según el abogado peronista las empresas de ese rubro “dan ganancia en todo el mundo”, pero no ocurriría con AVC. A su entender, la corrección tarifaria sería para que los ingresos extra del servicio eléctrico ayuden a cubrir ese déficit.
“Prometieron una auditoría externa, pero nunca la hicieron. Pido al EPRE que no avale este desmanejo”, dijo Costa Brutten al cerrar su intervención.
También participó el Defensor del Pueblo adjunto de la provincia, Álvaro Larreguy, quien destacó “la importancia de este servicio esencial”, dijo que la inflación creciente que padece la población se ubicó en el 8,2% en el último mes y “cualquier nuevo aumento impactará en la economía familiar”.
Larregui pidió al EPRE “que tenga en cuenta este contexto”. Dijo que los ahorros generados por las nuevas tecnologías no fueron contemplados (por ejemplo los que se generan con la adopción de la factura digital) y cuestionó el criterio de cargar a los usuarios con el aumento de los insumos, dado que “el concepto de riesgo empresarial impide trasladar de manera automática los costos”.
Desde otra vereda, el usuario Marcial Torres fue el único que defendió en forma abierta el ajuste tarifario del 35%. Dijo estar domiciliado en el barrio San Francisco III y tener 40 años como asociado de la CEB. Expresó su apoyo al aumento y dijo a modo de ejemplo que “un kilo de carne cuesta más que un mes de energía eléctrica de una vivienda promedio”. También lo comparó con el costo de llenar el tanque de combustible de un auto, varias veces superior a la boleta que envía la cooperativa a la mayoría de los hogares.
Defendió la corrección tarifaria propuesta por la prestadora eléctrica e incluso opinó que “es poca”, si se lo coteja con otros servicios como la telefonía móvil o internet.
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