Cada vez son más las instituciones que avanzan en temas de igualdad de género y de oportunidades en todas las áreas de trabajo. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó este miércoles su Protocolo de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que ocurran en el marco del organismo y todas sus dependencias y anexos.
La presentación se realizó en una serie de actos que tuvieron lugar en forma simultánea en la sede central de la CNEA; los centros atómicos Bariloche, Constituyentes y Ezeiza; las regionales Patagonia, Noroeste, Centro y Cuyo; el predio de Lima donde se construye el CAREM; los complejos Tecnológico Pilcaniyeu y Minero Fabril San Rafael; la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN); el Hospital de Clínicas, y el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.
Celebro muchísimo el haber podido sintetizar esto. Es un paso. No resuelve los problemas que tenemos actualmente, pero nos ayuda a ver cómo darles contención, a encontrar un camino”, destacó en su presentación la presidenta de la CNEA Adriana Serquis. “Estamos muy acostumbrados a aprender temas técnicos y muy poco acostumbrados y acostumbradas a aprender de otras temáticas que nos atraviesan emocionalmente y que afectan realmente la tarea cotidiana”.
El protocolo explica: “En un contexto de desigualdad, exclusión y marginación social, las mujeres y disidencias sexo-genéricas padecen mayores niveles de violencia, discriminación y acoso sexual y laboral”. También se subraya que las instituciones públicas no son ajenas a estos problemas.
El objeto del protocolo es “promover un ambiente libre de violencia, acoso sexual y discriminación hacia las mujeres y disidencias sexo-genéricas que tengan una relación laboral y/o educativa con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en cualquiera de sus dependencias y anexos, promoviendo la igualdad de oportunidades y trato”.
El protocolo alcanza a todas las personas que se encuentren atravesando, presencien o tengan conocimiento directo de alguna situación de violencia por motivos de género y/u orientación sexual, hacia mujeres y/o disidencias sexo-genéricas por parte de cualquier otra persona.
Abarca a todas las personas que están vinculadas mediante relaciones laborales y/o educativas a la CNEA, pero también a las que desarrollan sus actividades en cualquiera de las dependencias del organismo, ya sea como prestadoras de servicios o como integrantes de otros organismos, instituciones o universidades.
En línea con la normativa nacional y lo establecido en el protocolo marco, las personas que atraviesen una situación de violencia de género podrán acceder a licencias y/o franquicias horarias.
Este lunes se realiza en los Tribunales roquenses el juicio de cesura en la causa que se sigue al periodista Emiliano Gatti, encontrado responsable del delito de tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil. Según trascendió, las partes acusadoras, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, pedirán penas que van entre 7 y 10 años. El monto máximo de condena fijado por el Código para los delitos que quedaron comprobados en la primera etapa del juicio, es de 12 años.
Lee también: Gatti fue declarado culpable por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil
La audiencia tendrá lugar en la sede de Tribunales roquenses y hasta la noche del domingo no estaba confirmada la presencia del periodista en el recinto.
Una vez realizada la cesura, jornada en la cual se formulan los pedidos de pena a lo que sigue saber la modalidad de cumplimiento (efectivo o en suspenso), de la parte acusadora y se conoce la postura de la defensa, las partes tienen 5 días hábiles para presentarse ante la Oficina Judicial y transcurrido ese plazo, se fija la audiencia. El proceso que va desde el pedido de audiencia hasta el día en que efectivamente se dicta la sentencia, puede ir entre los 15 días y el mes.
Gatti fue detenido el 25 de noviembre de 2022 en un allanamiento realizado en el departamento que alquilaba en General Roca, cuando la Policía irrumpió en el lugar con una orden judicial, buscando todos los dispositivos electrónicos del conductor. En concreto se buscaba material que probase si el por entonces conductor de Canal 10 tenía en su poder imágenes con contenido de abuso sexual infantil. Gatti fue liberado al día siguiente y posteriormente se le formularon cargos, si bien no se le fijó prisión preventiva.
El comunicador, quien tenía un alto perfil solidario, solicitó mudarse a Bahía Blanca, donde reside su familia y fue aceptado el pedido siempre que cumpliese con pautas de conducta.
El 8 de mayo de 2023, cinco meses y 13 días después del allanamiento, Gatti fue imputado por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil con fines inequívocos de distribución; reiterados en 50 hechos, en todos los casos agravadas por la edad de las víctimas (menores de 13 años).
La imputación se demoró debido a que la justicia ordenó una serie de procedimientos, como el analisis pormenorizado de todos los dispositivos secuestrados a Gatti (teléfonos, tablets, computadoras, notebooks, discos externos) en la casa del conductor. Se rastreó todo el material, que se distribuye y consume a través de lo que se conoce como la “deep web ) o red profunda.
Finalmente el 4 de junio de este año un Tribunal de Juicio de General Roca declaró la responsabilidad penal de Gatti por los delitos de “tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil”.
Se confirmó que había 50 videos descargados en momentos distintos y puestos a disposición de otros usuarios de la plataforma E-Mule y por ello el Tribunal definió que se trata de 50 hechos de facilitación independientes, lo que jurídicamente se conoce como “concurso real” de delitos.
El conductor es defendido desde el primer momento por el abogado Marcelo Hertzriken Velazco y Joaquín Hertzriken Catena y la querella la representa la abogada Gabriela Prokopiw. El pedido de condena será expresado por la fiscal jefe Graciela Etchegaray.
La Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Municipio informó que coordinó controles viales realizados durante el fin de semana en nuestra ciudad. En este caso se realizó un operativo en el km 1,900 de Av Bustillo, Av 12 de Octubre al 2400, y en calles San Martín y Berutti.
En total se confeccionaron un total de 16 actas de infracciones, de las cuales 8 fueron por falta de documentación, 4 actas por inhabilitación para transportar pasajeros (taxi/UBER), 2 actas por falta de licencia (se realizó el ceda al volante conductor habilitado), 1 acta por falta de patente, 1 acta por darse a la fuga.
Este lunes 9 de septiembre, la ESRN 33 y 44, ubicada en Elordi y 2 de Agosto, reanudarán las clases después de una interrupción debido a problemas de plagas. La suspensión de actividades comenzó hace dos semanas luego de detectar la presencia de roedores en el establecimiento educativo.
Desde el lunes pasado, se tomó la decisión de cerrar las escuelas nuevamente tras hallazgos recientes de excrementos de roedores y avistamientos de los animales dentro del edificio. Esta medida se sumó a la suspensión de clases el jueves y viernes de finales de agosto, en respuesta a una preocupación creciente por la presencia de roedores.
Desde el Consejo de Educación Zona Andina, se informó que la primera denuncia sobre el problema se recibió el 7 de agosto. Inmediatamente se tomaron medidas conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo la aplicación de un repelente de roedores durante el fin de semana. Sin embargo, el lunes pasado se encontró materia fecal en una de las aulas, lo que llevó a una reunión entre el equipo de mantenimiento y la comunidad educativa para definir acciones adicionales.
La limpieza y los trabajos de fumigación se completaron con éxito, según el COnsejo Esclar y permitiendo que las actividades escolares se reanuden este lunes sin mayores inconvenientes. Las autoridades educativas han asegurado que se continuará monitoreando la situación.