La minoría musulmana hui en China vive atemorizada por el trato del régimen de China hacia los uigures en la región de Xinjiang, unas políticas estatales que han sido equiparadas incluso con las de “genocidio” por parte de la comunidad internacional y que forman parte del llamado plan de ‘sinización’ impulsado por el líder chino, Xi Jinping.

Esta comunidad, que es el tercer grupo étnico con mayor población en China, está formada por más de once millones de personas que se concentran en la región autónoma de Ningxia, en el norte del país, así como otras zonas, como Gansu, Yunnan y Xinjiang, según datos de la

Si bien no sufren violaciones sistemáticas de Derechos Humanos como ocurre con los uigures, el pueblo hui ha experimentado en los últimos años medidas represivas que incluyen una mayor vigilancia de sus líderes con reconocimiento facial, intimidaciones, arrestos y la demolición de sus lugares de culto, entre otras. Todo ello producto de la creciente ‘sinización’ impulsada por el régimen chino.

“La ‘sinización’ implica cambiar y transformar una religión o un sistema de creencias para que siga los valores dictados por el Partido Comunista chino”, explica la directora adjunta de Asia de Human Rights Watch (HRW), Maya Wang, en declaraciones a Europa Press, refiriéndose así a una suerte de genocidio cultural de tipo secular.

En este sentido, el borrado de los más de 26 millones de musulmanes en China pasa por eliminar toda práctica, simbología o rituales relacionados con el islam, destruyendo minaretes y cúpulas, negándose a construir nuevos cementerios, a oficiar bodas e impidiendo a los fieles acudir a las mezquitas a rezar. Esta ideología se aplica también a otras religiones, como el cristianismo, con la retirada de crucifijos en lo alto de las iglesias.

“Debemos insistir en unir a la mayoría de los creyentes en torno al partido y al Gobierno”, señaló el propio presidente chino, Xi Jinping, durante la Conferencia Nacional del Trabajo Religioso que se llevó a cabo en diciembre de 2021, en la que también reivindicó conceptos como nación, cultura, historia y educación socialistas.

Debido a esta campaña orquestada por Beijing contra la libertad religiosa, cada cierto tiempo la minoría étnica hui sale a las calles para expresar su descontento y protestar por el creciente control social en las regiones con presencia musulmana.

El último conato de violencia se produjo a finales de mayo, cuando decenas de manifestantes se enfrentaron contra la Policía frente a las puertas de una mezquita en la localidad de Yuxi, en la provincia de Yunnan, en el suroeste del gigante asiático. Los enfrentamientos se produjeron ante la inminente demolición de su lugar de culto por “no contar con los permisos”.

Los choques con las fuerzas del orden suelen saldarse con un número indeterminado de detenidos, aunque desde HRW aseguran que es difícil determinar un balance debido a la falta de libertad de prensa en China. En agosto de 2018, el derribo de la mezquita de Weizhou, en Ningxia, también se saldó con otra oleada de arrestos, según se desprendió de varios vídeos que circularon en redes sociales.

LA SOMBRA DE LOS UIGURES

Los musulmanes hui conviven pacíficamente con la etnia mayoritaria han debido, en parte, a su alto grado de asimilación y a que hablan una variante de mandarín, si bien muchos de ellos sienten cierto miedo. Temen que les pase lo mismo que a los uigures, encarcelados y torturados en centros de “reeducación” en Xinjiang, medidas que Beijing justifica como necesarias para combatir el extremismo y que han sido duramente criticadas por la comunidad internacional.

La ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet publicó en octubre de 2022 un contundente informe, no exento de polémica, que documentaba denuncias de tortura, violencia sexual, malos tratos, así como trabajos forzados, violaciones de los derechos reproductivos e informes de muertes bajo custodia en estos centros.

“Muchos musulmanes hui vivieron en Xinjiang y sufrieron crímenes de lesa humanidad, pero en menor medida que los uigures”, detalla Wang, que afirma que estas personas, tras huir de la región, se establecieron en otras provincias aledañas y trajeron consigo “historias de terror” que han impactado profundamente en la comunidad.

Wang añade además que a este temor constante se le suma que los musulmanes hui no tienen grandes altavoces en el exterior para generar conciencia sobre su situación. “Fuera de China, por ejemplo, los uigures tienen una comunidad, identidad y asociaciones”, resalta, agregando que cuando hay enfrentamientos en esta minoría étnica es todo “muy difuso”.

La directora adjunta para Asia de HRW resalta que las protestas de los hui se asemejan a las que estallaron en septiembre de 2020 en la región autónoma de Mongolia Interior, donde el Gobierno regional ordenó suprimir el idioma mongol en las escuelas e imponer el mandarín, una norma destinada a promover la homogeneización cultural de esta etnia, que cuenta con 62 millones de personas en el país.

Expertos de Naciones Unidas han alertado que este tipo de políticas estatales se repiten también con otras minorías, como la población étnica tibetana que vive en territorio chino y que ha sufrido décadas de represión desde que en 1950 la recién fundada República Popular de China invadiera la región del Tíbet y estableciera la llamada Región Autónoma del Tíbet, calificada por Freedom House como una de las zonas del mundo con menores derechos y libertades.

NINGUNA RELIGIÓN POR ENCIMA DEL PARTIDO

“Ningún órgano estatal, organización social o individuo podrá coaccionar a los ciudadanos a creer o no creer en ninguna religión, ni discriminar a los ciudadanos que crean o no crean en ninguna religión”, reza el artículo 36 de la Constitución de la República Popular de China de 1947.

Sin embargo, unas líneas más abajo, el texto constitucional que garantiza la libertad religiosa afirma que “nadie utilizará la religión para participar en actividades que perturben el orden público, perjudiquen la salud de los ciudadanos o interfieran con el sistema educativo del Estado”.

Por lo tanto, la Constitución garantiza, a efectos legales y no prácticos, la libertad religiosa de la población civil, aunque siempre con matices. El PCCh reconoce en la actualidad cinco religiones: el islam, el budismo, el catolicismo, el taoísmo y el protestantismo. Los nuevos cultos deben registrarse y contar con el visto bueno de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA), que ejerce un control minucioso sobre las sectas y las instituciones religiosas clandestinas.

De hecho, China tiene actualmente abierta una cruzada contra el Vaticano, organismo con el que firmó en 2018 un acuerdo –renovado en 2022– para el nombramiento de obispos, un pacto que venía a limar asperezas entre las partes tras la ruptura de lazos en 1951 después de que Pekín ordenara la expulsión del Nuncio vaticano y de los misioneros católicos. El catolicismo solo está reconocido en el país por la existencia de Asociación Patriótica Católica de China, que depende del Partido y rechaza además la autoridad de la Santa Sede.

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De esta forma, pese a que el texto constitucional protege la libertad religiosa, muchos chinos experimentan su fe y sus creencias bajo el paraguas de las disidencias, como los miembros de Falun Gong, un movimiento espiritual proscrito por Beijing que se basa en ejercicios de meditación tradicionales y enseña valores como la verdad o la compasión. Así las cosas, bajo el pretexto de la estabilidad y armonía sociales, el PCCh, cuyos miembros deben ser ateos, busca eliminar todo rastro de diversidad religiosa en el país.

(Con información de Europa Press)

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