La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

En un trascendental fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se confirmó la condena de seis años de prisión impuesta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como ‘Vialidad’.

Este veredicto también implica su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, decisión que llega como un duro golpe en el ámbito político argentino. Aunque la defensa buscó desesperadamente revertir la condena, la Corte, mediante un voto conjunto de sus tres jueces, desestimó cada uno de los argumentos presentados por los abogados de Fernández de Kirchner.

La causa Vialidad, origen de la condena, está centrada en el delito de administración fraudulenta que se dice fue cometido por la ex mandataria, afectando en última instancia el bienestar público al favorecer intereses privados. Mientras que el fallo anterior de 2022 ya la había condenado, esta última resolución de la Corte Suprema reafirma las sanciones impuestas basándose en el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, el tribunal absolvió a Fernández de Kirchner del delito de asociación ilícita, que originalmente fue solicitado por la fiscalía para agravar la pena.

Dentro del extenso documento del fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se aborda detalladamente la improcedencia de los reclamos realizados por la defensa. Entre otras cosas, se analizan las relaciones comerciales y personales de Fernández de Kirchner con empresarios clave como Lázaro Báez. Báez, a través de sus empresas, tenía vínculos significativos con propiedades y hoteles de la familia Kirchner. Resaltaron los jueces que, aunque la defensa calificó estas transacciones comerciales como lícitas y ajustadas al mercado, no se lograron desvirtuar las pruebas presentadas por la acusación.

Los fundamentos del fallo juegan un papel crucial en los argumentos presentados. Destacan que las acciones de la ex presidenta tenían claros tintes de beneficio personal por encima del bienestar público, una premisa que fue respaldada por instancias judiciales anteriores. Los jueces enfatizaron cómo Fernández de Kirchner aceptó y previó las implicancias de sus acciones, asegurando que la utilidad económica de la administración pública fue apartada en favor de intereses privados.

En el terreno político, la confirmación de esta condena profundiza la tensión dentro del entorno político donde la figura de Fernández de Kirchner sigue siendo influyente. Mientras sus leales alegan motivos políticos detrás del fallo, detractores subrayan la necesidad de justicia y transparencia en un contexto nacional ansioso por cambios.