Jorge Alejandro Lulich regresó a Tribunales para presenciar una audiencia en la que el fiscal Martín Govetto requirió cuatro meses para analizar las fotos y videos que encontraron en sus dispositivos. El hombre fue detenido en noviembre del año pasado en el marco de un megaoperativo que se realizó en todo el país, con el objetivo de identificar a quienes guardaban y distribuían imágenes de abuso sexual infantil.
El acusado ingresó a la sala acompañado del defensor oficial Nelson Vigueras. Lo hizo a paso acelerado, con la campera abierta, y rápidamente tomó su lugar. En el lugar lo esperaban el juez de Garantías Sergio Pichetto y el fiscal Martín Govetto.
A su turno, fue Govetto quien adelantó que solicitaría un plazo de investigación preparatoria de cuatro meses por los hechos ocurridos entre agosto de 2018 y mayo de 2022, en un domicilio de la calle Amancay al 500 del barrio Melipal. Dijo que en ese período de tiempo, y por medio de plataformas peer to peer (P2P), y mediante un usuario con un código alfanumérico, descargó al menos 860 imágenes y videos en los cuales la fiscalía constató la presencia de niños y adolescentes “en situación de abuso sexual infantil”.
Durante la acusación el fiscal también describió la metodología que utilizaba Lulich para hacerse con ese material. Detalló que comenzó con un archivo a mediados de 2018, luego otro más al mes siguiente, después fueron 13 y meses más tarde completó descargas que superaron los 50 archivos. Durante el 2020, en plena pandemia, continuó con descargas masivas.
Según el relato, Lulich también almacenó más de 300 imágenes y videos en sus dispositivos personales, encontrados en el allanamiento que derivó en su detención. El restante material lo dejó a disposición de terceros mediante la plataforma Emule, que le permitió compartir con otros usuarios de manera automática.
Govetto explicó que en las imágenes se pudo observar “actividades sexuales explícitas” con representaciones de las partes íntimas de los menores. Dijo que muchos de ellos tenían menos de 13 años, pero que en los próximos meses intentaran determinar las edades de las otras víctimas.
De esta manera, Lulich está siendo acusado por la tenencia y distribución de aquel material pero habrá que esperar lo que determina el resto de la investigación, que finalizará el 25 de septiembre.
El defensor no se opuso a la solicitud del plazo de investigación ni a las medidas cautelares que se mantendrán vigentes. Es que, a pesar de encontrarse en libertad, Lulich debe informar permanentemente cuál es su domicilio y asistir a cada audiencia judicial en la que sea solicitado. En caso contrario sería declarado en rebeldía y se emitiría una orden de captura.
Como surgió este caso
Los casos se iniciaron a partir del análisis por parte del Centro de Información Judicial (CIJ) de los datos que surgieron de la plataforma ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), que informó a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) sobre los usuarios de Argentina que habrían distribuido el material ilícito. El sistema, que permite ver en directo las actividades del tráfico de este material, se utilizó con el fin específico de identificar las direcciones IP asociadas al presunto material de abuso sexual infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez detectados los usuarios que habrían puesto a disposición de la red grandes cantidades de archivos de explotación sexual infantil, y con las direcciones IPs geolocalizadas, se solicitó a las empresas proveedoras de servicios de internet y de telefonía la información relacionada con los datos de los usuarios denunciados. Posteriormente, en estos domicilios geolocalizados se realizaron trabajos de constatación de los titulares de las conexiones, tarea realizada por la División Delitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.
La operatoria fue posible a partir del convenio suscripto entre el Ministerio Público Fiscal y el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, de Estados Unidos, mediante el cual se habilitó el acceso al sistema de investigación ICACCOPS, una plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo.
