La Gremial de Abogados habla de “complicidad abierta del Gobierno nacional en la prolongación de la detención”

En momentos donde lo que ocurrirá con el acuerdo que estaba proyectado que firmaran funcionarios nacionales y referentes mapuches, en torno al conflicto de Villa Mascardi, es una incógnita, todavía resuena el último rechazo que hubo al pedido de excarcelación de tres de las cuatro integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que permanecen con prisión preventiva domiciliaria.

Se trata de las detenidas que representa la Gremial de Abogados, es decir, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan.

Hace un par de semanas, los letrados Eduardo Néstor Soares, Luis Virgilio Sánchez, Laura Taffetani, y Gustavo Franquet, pertenecientes a la citada asociación, presentaron el último pedido de excarcelación.

La respuesta, que una vez más fue negativa, llegó rápidamente. “Como antes, y echando mano a argumentos insólitos y con una alta cuota de deshonestidad intelectual en el fiscal actuante y el juez, nuevamente y en tiempo récord nos rechazaron nuestro enésimo pedido de excarcelación”, dijeron los abogados.

“Hemos tenido muchos rechazos pero este en particular es una clara muestra del apriete extorsivo”, expresaron, a la vez que unieron la postura judicial a la actitud de los funcionarios que participan de una mesa de diálogo con referentes mapuches, espacio en el que se acordaron varios puntos que conforman lo que queda por –quizá– rubricar: “En los hechos (que en definitiva son los que cuentan), las posturas de la fiscalía y del juez coinciden plenamente con las conductas incumplidoras de acuerdos del Gobierno nacional”, expusieron desde la Gremial.

En tal sentido, apreciaron que se trata de “un claro movimiento de pinzas: el Tribunal rechaza las excarcelaciones y estira la resolución de la causa indefinidamente. Y en consecuencia con eso, el Gobierno nacional incumple los acuerdos de la mal llamada ‘mesa de diálogo’. Establece otros acuerdos de menor entidad que también incumple. Y prolonga las reuniones”.

En la misma línea, los letrados expresaron que, de ese modo, a las detenidas, “las ponen cada vez más entre la espada del Tribunal y la pared del Gobierno, a fin de que, frente a esta situación, el Gobierno, en especial Parques Nacionales, pueda no sólo incumplir, sino, además, volver a bajar una y otra vez las propuestas hasta hacerlas prácticamente un contrato de adhesión”.

“Sinceramente, y con la mano en el corazón, no vemos que ni organizaciones ni personalidades que hacen lo imposible para ‘resguardar’ ese diálogo hayan podido evitar torcer el rumbo de lo inevitable que es más y más presión sobre las prisioneras. Lamentablemente tampoco esta Gremial lo ha logrado, pero nosotros somos apenas simples abogados y abogadas que no podemos hacer más que defenderlas en lo judicial con uñas y dientes”, añadieron.

Además, concluyeron que existe una “complicidad abierta del Gobierno nacional en la prolongación de la detención”.