El silencio del gobierno nacional en relación con la continuidad del subsidio al transporte urbano generó fuerte preocupación en Bariloche, debido a que ese aporte es determinante para el sostén económico del servicio que presta la concesionaria Amancay SRL que opera bajo la denominación Mi Bus.
Esa zozobra se repite en otras localidades del interior del país y motivó el envío de un enérgico reclamo por escrito al ministro nacional de Transporte Diego Giuliano con la firma de sus pares de casi todas las provincias.
Le recuerdan en la nota que el 30 de abril caducó el último convenio por cuatro meses que firmó esa cartera con las provincias agrupadas en el Consejo Federal de Transporte y que formalizó el mecanismo de distribución del llamado “fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano en el interior del país”.
El reclamo fue suscripto por los titulares de las carteras de Transporte de 21 provincias, con la significativa excepción de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, que tienen un régimen especial y subsidios preferenciales.
La comunicación habla de la “gravísima situación” que atraviesa el sistema de transporte de pasajeros y pide a Nación que “de manera urgente” se asegure la transferencia de las “acreencias” que todavía esperan las provincias. También exige que se defina “con celeridad” el mecanismo de distribución hacia adelante del fondo compensador, que depende de Giuliano.
Los funcionarios provinciales manifestaron su “profunda preocupación” porque transcurrieron ya “24 días sin tener precisiones acerca del futuro de ese fondo” y porque reina la “incertidumbre” sobre la consolidación de esos aportes a futuro.
En el caso de Bariloche, la empresa Amancay/Mi Bus recibió de Nación 42 millones de pesos en enero y una contrapartida similar de la provincia, tal como lo establece el acuerdo. Con alguna demora en las transferencias, ese subsidio se mantuvo hasta abril, y no hay certezas de cómo continuará.
La empresa recibe un aporte todavía mayor del municipio, que hoy ronda los 65 millones de pesos por mes y que se ajusta solo, porque está fijado en litros de combustible.
El secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini, había reconocido ya el mes pasado que existía inquietud por la falta de noticias desde Nación sobre cómo se aplicarán los subsidios en el interior durante todo el año, a pesar de que hay una partida aprobada en el presupuesto para nutrir ese fondo. Ese partida se ajustó un 83% respecto del ejercicio anterior y quedó claramente por debajo de la inflación, lo cual pone en jaque las cuentas del transporte en las provincias.
“Encontrándonos a pocos días de finalizar el mes, las provincias del interior del país no tenemos precisión alguna para lo inmediato, con el agregado de ya no contar con ese marco regulatorio (por el convenio de cuatro meses), por haber expirado su vigencia”, se quejaron los referentes provinciales.
Reclamaron tener certezas para los meses próximos, ante la necesidad de que las prestadoras sepan si van a poder contar con el fondo nacional, “en qué proporción, bajo qué criterios de distribución, en qué fecha aproximada y bajo qué condiciones”.
Subrayaron que las demoras del gobierno nacional en fijar una hoja de ruta sobre el tema “genera incertidumbre, confusión y enciende luces de alerta en todos los actores del sistema”, entre los que mencioniaron a las empresas concesionarias, los gremios, las autoridades de aplicación y los usuarios.
Le reclamaron a Giuliano “una apertura al diálogo sincero con las provincias y una descripción de cuáles son los planes delineados a corto y mediano plazo con respecto al fondo compensador”.
Aunque los fondos estén comprometidos, cobrarlos efectivamente es otra pelea. Ciancaglini aseguró hoy que lo último que recibió Río Negro de Nación es el subsidio correspondiente a febrero, que “esta semana pagarían marzo” y que “solo tres provincias cobraron abril”.
Los planteos por el retaceo de los subsidios quedaron expuestos este miércoles, cuando en Bariloche está en pleno debate un posible aumento de la tarifa, que hoy es de 115 pesos y podría subir a 162 pesos, si el municipio accede a lo pretendido por la empresa. Esa propuesta será evaluada en audiencia pública el próximo lunes.
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