Frente a la embestida del gobierno de Javier Milei la magistrada advirtió que la policía de Patricia Bullrich no cumplió con los requisitos mínimos de informar al juez.
El reciente episodio protagonizado por la jueza Karina Andrade ha desatado una fuerte polémica entre el gobierno de Javier Milei y el Poder Judicial. Los hechos se desencadenaron cuando Andrade decidió la liberación inmediata de un grupo de manifestantes detenidos durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados.
Según ha señalado la magistrada, las detenciones se llevaron a cabo sin cumplir con los procedimientos jurídicos establecidos, lo que la llevó a priorizar ciertos derechos constitucionales por sobre la actuación policial.
La detención masiva fue realizada por la policía bajo el mando de Patricia Bullrich. Sin embargo, según expresó la jueza Andrade, la información referente a las causas de estas detenciones llegó con un retraso significativo y sin los detalles básicos necesarios. Este retraso implicó, desde su perspectiva, un claro incumplimiento del procedimiento legal necesario para la detención de ciudadanos. En medio de la controversia, Andrade ha enfatizado la importancia de garantizar la libertad de expresión, uno de los pilares constitucionales de cualquier democracia.
En una entrevista, la jueza detalló cómo en ningún momento fue informada sobre la existencia de una situación delictiva organizada que justificara tales detenciones masivas. Subrayó que las fuerzas de seguridad deben presentar a la justicia una causa justificada para privar a alguien de su libertad, lo que no sucedió en este caso. “No se trató de una detención en el contexto de un hecho delictivo planificado o previo”, aseveró, dejando en claro sus motivos para ordenar la liberación de los detenidos.
Por su parte, desde el Ejecutivo, tanto desde la Casa Rosada como el Ministerio de Justicia, han señalado la necesidad de investigar la actuación de la magistrada. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue particularmente incisivo al afirmar que solicitarán una investigación en el Consejo de la Magistratura para dilucidar si hubo un error de procedimiento en la actuación de Andrade. En respuesta, la jueza ha actuado con seriedad y remarcó que sus decisiones se ciñen al marco de la Constitución y respondieron a la información disponible en el momento.
La tensión sobre este conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no parece declinar. Andrade apuntó que la pasa ahora a la fiscalía, que deberá investigar si los individuos detenidos, en efecto, incurrieron en delitos durante la manifestación. Si bien el Gobierno mantiene su postura, la magistrada defendió enfáticamente la resolución adoptada y consideró que, hasta ese momento, no existían pruebas de una actividad criminal organizada que justificara la detención masiva de manifestantes.
