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La jueza Makintach en el banquillo: piden investigarla por el documental del juicio de Maradona
Así lo solicitó la abogada penalista Silvina Fernández Rosarno, ya que entiende que “hay un negocio atrás” del documental.
En un panorama judicial que ya ha suscitado gran interés y controversia, la figura de la jueza Julieta Makintach ha cobrado protagonismo no sólo por sus decisiones durante su carrera, sino por el reciente escándalo que la rodea vinculado a un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. La abogada penalista Silvina Fernández Rosarno lanzó un fuerte pedido de investigación profunda alegando que detrás de este proyecto documental subyace un complejo entramado que representa mucho más que un simple proyecto audiovisual.
La abogada Fernández Rosarno hizo sus declaraciones en el programa radial ‘Tiempo de Policiales’, el cual se emite por ATP Radio. Durante su intervención, afirmó con contundencia que “hay un negocio atrás”, sugiriendo la existencia de un lucro considerable vinculado al plan de la jueza destituida. La complejidad del caso radica en que, según la abogada, Makintach presuntamente percibió que los beneficios económicos derivados del documental serían tan significativos que decidió sacrificar su trayectoria judicial. “No seamos inocentes, porque esto no es un error o mera vanidad”, puntualizó, aludiendo a que juzga la actitud de Makintach como un intercambio calculado entre la pérdida de su carrera y posibles ganancias filantrópicas futuras.
Además, se tratan temas delicados sobre los posibles delitos que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, considera investigar, como incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. No obstante, Fernández Rosarno subraya la omisión de un punto crucial: las negociaciones incompatibles con la función pública. Este delito, indica, conlleva una significancia especial por la inhabilitación perpetua de funciones públicas y elevaría la pena esperada. Unido a esto está una denuncia seria hacia otros miembros del Tribunal, insinuando que “es imposible que esta gente haya sido ajena y desconociera lo que estaba ocurriendo”.
Los comentarios de Fernández Rosarno establecen paralelismos entre la situación en cuestión y prácticas de crimen organizado, resaltando una estructura estratificada y organizada de actores tanto de nivel superior como inferior en un supuesto esquema que coordina muy eficientemente. “Para que una sola jueza otorgue permiso para filmar dentro del tribunal, se necesita algo más que un simple acuerdo”, enfatizó la letrada.
El costo potencial de estos acuerdos, asegura la abogada, involucra contratos millonarios, con ganancias esperadas de plataformas diversas que acogieron el proyecto. La gravedad subyacente dentro del poder judicial y las implicancias de esta investigación podrían resultar en un precedente determinante para la función pública futura, en términos de transparencia y ética.
En sus declaraciones finales, Fernández Rosarno expresó su profundo sentir de vergüenza ajena por el episodio, subrayando además la importancia del rol de la mujer en instancias judiciales de alto nivel, donde “habría que prestar cuidado a los valores que desde ahí se reflejan a la sociedad”.
