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La justicia aún no tiene respuestas para el crimen de Lucas Muñoz

Todas las noches Alicia Ocares les manda un mensaje de texto a sus hijos que viven lejos de Ramos Mexía. “Hasta mañana, que duerman bien”, dice el breve saludo que la mujer envía, cargado de afecto. Recién cuando confirma que lo recibieron, se queda tranquila. “Pero me falta uno”, explica.

Hace cuatro años, Alicia almorzaba con su esposo, Benjamín Muñoz, y su hijo Javier, en Bariloche. Habían llegado a esta ciudad el 15 de julio de 2016 preocupados porque su hijo, Lucas Muñoz, había desaparecido sin dejar ni un rastro.

Alicia relata que Javier recibió en horas del mediodía del 10 de agosto de 2016 un mensaje en su celular. Apenas leyó el contenido, su rostro se puso pálido. Javier no les dijo nada a sus padres. No hizo falta. El corazón de Alicia comenzó a palpitar más rápido. “Apenas vi la cara de mi hijo supe que algo malo pasaba”, rememora.

Alicia Ocares y su esposo Benjamín Muñoz, junto a sus hijos. (Foto archivo)

Horas después, Alicia se enteraba de que habían hallado a Lucas asesinado en un descampado, cerca de la ruta de Circunvalación en las afueras de Bariloche. La noticia del hallazgo del cadáver del policía paralizó la provincia.

Muñoz había estado desaparecido durante 27 días y lo hallaron ejecutado de un tiro en la nuca. Estaba vestido con su uniforme, tenía su arma reglamentaria, su celular y hasta sus documentos. Estaba aseado y hasta afeitado, lo que desconcertó a los investigadores.

El cuerpo médico forense de la Corte Suprema determinó que lo más probable es que asesinaron a Muñoz entre las 12 del domingo 7 de agosto y las 12 del 8 de agosto de 2016. El disparo en la cabeza fue el causó la muerte. Tenía además una herida de arma de fuego en la pantorrilla derecha.

Desde ese momento, Alicia y su familia comenzaron una procesión en búsqueda de justicia por el crimen de Lucas, que todavía sigue impune. Cuatro años después, los investigadores siguen en deuda.

Peor aún, casi no hay líneas de investigación por explorar. El fiscal Martín Govetto, a cargo de la investigación, hace dos años que no habla del caso. Río Negro quiso entrevistarlo, pero se excusó. No hay permiso desde la Procuración para hablar del tema.

“¿Por qué no se esclareció el crimen?, le preguntó Río Negro a Govetto en julio de 2017. “Porque los que lo planearon es gente con mucha capacidad, con mucho apoyo, gente que lo preparó, gente que lo ideó, que lo ejecutó y todavía no sabemos para qué”, respondió el fiscal. Después, optó por no hablar públicamente del caso.

Una de las marchas que se hicieron en Bariloche para reclamar por el esclarecimiento del crimen. (foto archivo)

Al año siguiente, fue el turno del Procurador Jorge Crespo. “Hablar de un fracaso es cuando se agotan todas las líneas de investigación y eso ojalá no suceda”, explicó en agosto de 2018. Crespo aseguró entonces que cuando esa situación ocurra, “voy a ser el primero en salir a reconocerlo y explicarlo ante la sociedad”.

El año pasado, la posta la recibió el fiscal general de la provincia, Fabricio Brogna López. “Lo único que quiero decir a la población de Río Negro, que está sumamente consternada por un caso que tiene ribetes impactantes, porque a mí me da la impresión que un crimen así hace sentir inseguro a cualquier ciudadano de la provincia, es que vamos a utilizar todas las herramientas disponibles para tratar de esclarecerlo”, afirmó en julio de 2019 Brogna López. “Estamos comprometidos con dar todo nuestro esfuerzo”, aseguró.

El 2 de octubre pasado, policías de la PSA durante una pericia encontraron una vaina servida y un fragmento de un proyectil 9 milímetros en el lugar donde hallaron el cadáver. Los estudios establecieron que la vaina corresponde al proyectil que usaron para ejecutar a Muñoz y era de su cargador. Ese descubrimiento cambió la hipótesis del lugar del homicidio. Durante casi catorce meses se pensó que habían asesinado a Muñoz en otro sitio de Bariloche y que lo habían arrojado en el descampado. Tenía 29 años.

Fuentes de la Procuración explicaron este domingo que Crespo tiene pendiente un viaje a Bariloche para reunirse con Govetto y evaluar la causa, a partir de un informe completo.

El paso del tiempo aleja cada vez más el esclarecimiento de un crimen que representó uno de los momentos más difíciles de la gestión pasada del exgobernador Alberto Weretilneck, según reconoció en diciembre pasado en una entrevista con Río Negro. Nunca el exmandatario explicó por qué se fue de Bariloche el día que encontraron el cadáver del policía asesinado.

El homicidio de Muñoz generó desplazamientos de comisarios y policías en Bariloche y abrió una grieta en ese momento en la cúpula de la Policía de Río Negro.

En los cuatro años de investigación intervinieron peritos y expertos de casi todas las fuerzas federales. Ni Govetto ni los peritos pudieron hallar una evidencia que permita identificar al autor o los autores de un crimen aberrante.

Pasaron cuatro años y todavía nadie sabe quién o quiénes lo asesinaron. Muchos menos conocen el motivo. El indicio más fuerte que sigue en pie es que Muñoz fue víctima de una supuesta interna policial. El contexto previo al crimen abona esa teoría.

El gobernador Alberto Weretilneck junto al exjefe de la Policía Mario Altuna. (foto archivo)

Weretilneck había designado a principios de abril de 2016 al abogado de Bariloche Mario Altuna como jefe de la Policía provincial. Altuna conocía el funcionamiento policial. Había defendido a decenas de policías imputados en causas penales por presuntas vejaciones o apremios.

Altuna le contó a este diario en ese momento que había formalizado auditorías contables en la Unidad Regional Primera de Viedma y en la Regional Tercera de Bariloche. Semanas después, Muñoz desapareció.

El abogado renunció en abril de 2017 por motivos de salud y a finales de ese año fue designado como juez del Tribunal de Impugnación de la provincia. Nunca habló del caso Muñoz públicamente. Altuna murió a principios de agosto de 2018.

El crimen de Muñoz disparó todo tipo de teorías que la investigación descartó, como una supuesta vinculación con el homicidio de Micaela Bravo, que ocurrió a finales de marzo de 2016 en cercanías del barrio 2 de Abril. Allí, está la comisaría 42, donde cumplía funciones Muñoz.

Justamente, el policía desapareció el 14 de julio de 2016, cuando se dirigía supuestamente a trabajar a esa unidad policial. La noche de la víspera había estado con su novia Daniela Rodio, que había llegado de visita desde Villa Regina.

Se lo vinculó hasta con un supuesta red dedicada al comercio de estupefacientes o bandas que se dedicaban a robar, en algunas zonas de Bariloche mientras la Policía miraba para otro lado.

“Se examinó todo y no encontramos nada ilegal que nos haga presumir que él pudo haber estado vinculado con una banda o alguna organización o con alguna actividad delictiva”, aseguró en julio de 2017 Govetto. Tampoco, Muñoz participaba de investigaciones resonantes.

Aún no se pudo esclarecer por falta de pruebas si durante el tiempo que estuvo desaparecido permaneció secuestrado o si se mantuvo oculto de manera voluntaria.

La hipótesis de la interna policial fue la más fuerte y hubo hechos que dejaron en evidencia que hubo un entorpecimiento durante las primeras horas de la búsqueda de Muñoz.

Por eso, el 13 de noviembre 2017 los policías Maximiliano Morales y Luis Irusta fueron condenados a 2 años de prisión en suspenso por el allanamiento ilegal en el domicilio de Muñoz.

Los dos entraron la noche del 14 de julio de 2016 a la habitación de Muñoz, que vivía en una residencia con otros jóvenes estudiantes de la Línea Sur de la provincia. “Ha quedado evidentemente flotando un pacto de silencio y una cadena de encubrimientos que tienen que ver con la causa madre, con la causa principal, que es la desaparición y posterior homicidio de Lucas Muñoz”, sostuvo el juez Marcelo Barrutia en su sentencia. Morales e Irusta ya cumplieron la condena.

Y el 3 de abril 2019, el sargento Néstor Meyrelles y el oficial Federico Valenzuela Campos fueron condenados por un tribunal de Bariloche por el delito de abuso de autoridad, porque activaron en el Alto Valle una línea de teléfono a nombre de Muñoz, lo que desvió la búsqueda hacia esa zona.

Todos los policías alegaron que su intención era colaborar con la búsqueda de un compañero de trabajo. Pero se demostró en los juicios que actuaron sin control judicial.

La abogada por la querella Karina Chueri en el lugar donde hallaron el cadáver del policía asesinado el 10 de agosto de 2016. (foto archivo)

La abogada Karina Chueri, que representa a los padres del policía asesinado, está vinculada a la investigación desde el inicio. “La verdad que siempre que tocan estas fechas me vuelvo a preguntar y replantear el ¿por qué dejarnos el cuerpo? y la única respuesta que encuentro es porque evidentemente el mensaje llegó donde tenía que llegar, sin que hasta hoy sepamos cuál era pero estoy cien por ciento segura que no era para el pueblo de Bariloche como lo dijo Weretilneck en su momento”, sostuvo Chueri.

“Si fuera necesario, no tendría inconvenientes en pedir una nueva investigación en cabeza de otros u una comisión de fiscales a pesar de que estoy convencida de que con Martín Govetto se trabajó con libertad y sin obstáculos”, aseguró.

Dijo que siguen activos los programas de protección nacionales por si alguien nos quiera contactar”. Nunca nadie aportó un dato clave. Ni siquiera sus amigos policías. Ni el ofrecimiento de una recompensa de 1 millón de pesos por parte del gobierno rionegrino rompió el pacto de silencio.

Chueri admitió que en este último año la investigación no arrojó ninguna novedad. Cuando se le preguntó qué falló para encontrarse cuatro año después casi sin líneas de investigación, Chueri atribuyó los problemas, sobre todo, a “quienes no quisieron colaborar al principio; no es casual que las únicas condenas sean a policías y por actos que, evidentemente, obstaculizaron la búsqueda en los primeras horas de desaparición de Lucas”.

Chueri dijo que aún quedan algunas medidas de prueba pendientes. Pero hasta ahora todas las que se hicieron no arrojaron nada revelador.

Alicia dice que la ausencia de Lucas es un dolor que se siente todos los días. Explica que en julio no pudieron hacer ninguna marcha por la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Tampoco, hoy podrán hacer una manifestación.

“El 10 de agosto es la peor fecha”, asegura. “Pero hay que tener fuerza; tenemos que seguir”. Respecto al escaso avance de la investigación, Alicia opinó: “Lo veo mal, pero no pierdo la esperanza”.

Siempre le pido a Dios que sepamos algún día la verdad”, revela. “Quiero saber ¿por qué lo mataron a mi hijo?, ¿y quienes fueron?”

Alicia Ocarez, madre de Lucas Muñoz.

En todo este tiempo, nunca hubo un pronunciamiento de la Policía de Río Negro para recordar o brindarle un reconocimiento a uno de sus integrantes.

Quién era Lucas Muñoz

Lucas Muñoz tenía 29 años. Había nacido en Ramos Mexía, Río Negro. Terminó el secundario en su pueblo y, después, se trasladó hasta Bariloche para estudiar Educación Física en el Centro Regional Universitario, que depende de la UNCo. Abandonó por motivos económicos. Tuvo tres hijos. Y estaba separado.

Egresó de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, en Viedma, a finales de 2014. Desde octubre de 2015 cumplía funciones en la comisaría 42 de Bariloche. Era oficial ayudante y se desempeñaba en la mesa de entradas de la unidad.

Muñoz cursaba el primer año de la carrera de Licenciatura en Seguridad Ciudadana en la Universidad Fasta. Era el único policía en su familia.

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