Ocurre a pocos días de la ejecución de la garantía por u$s 325 millones en el caso Cupón PBI Londres.
En un nuevo capítulo de las disputas legales entre Argentina y sus acreedores, la justicia de Estados Unidos ha dispuesto un embargo por 210 millones de dólares sobre bonos del Tesoro estadounidense en poder del país sudamericano.
Esta medida es parte de un fallo ratificado recientemente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra el Estado Argentino, en el contexto de una demanda de largo alcance que se originó en la cesación de pagos de la deuda externa argentina a finales de 2001.
Los afectados en este caso son siete fondos de inversión que adquirieron bonos de la deuda “Brady”, los cuales fueron emitidos por Argentina como parte de la restructuración de su deuda externa en la década de 1990. Estos fondos han estado lidiando con el impago desde la crisis financiera argentina de 2001, cuando el país entró en default.
En concreto, el fallo autoriza que estos acreedores puedan hacerse con activos que Argentina poseía en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, así como en instituciones financieras en Alemania y Suiza. Este caso representa solo un aspecto de las múltiples batallas legales que el estado argentino enfrenta en jurisdicciones internacionales.
Entre estos conflictos se destaca otro reciente fallo judicial que denegó una moción argentina relacionada con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, un caso por el que se le reclama al país una indemnización de 320 millones de dólares por parte del fondo Titan Consortium. Asimismo, Argentina perdió una apelación en Reino Unido, en la que se le insta a pagar 1.670 millones de dólares debido a un presunto error en el cálculo del cupón vinculado al Producto Interno Bruto.
Recientemente, otro caso similar obligó al país a abonar 140 millones de dólares por impago de deuda. No obstante, el que se considera el más voluminoso y crucial se encuentra en sus etapas finales. En 2023, la jueza Loretta Preska dictó una sentencia que obliga a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a Burford Capital. Este monto está relacionado con la nacionalización en 2012 de YPF, la mayor empresa energética del país, y que según los demandantes afectó los intereses de Petersen Energía y Eton Park.
La disputa sobre YPF pone sobre la mesa el concepto de “alter ego”, en el que los demandantes buscan establecer que YPF es indistinguible del Estado argentino para efectos de esta demanda, lo que abriría las puertas al cobro de miles de millones en intereses atrasados.
