Así lo decidió el Juez Martín Cormick, en el marco de la causa en la que se pidió declarar la inconstitucionalidad del protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad.
En un fallo significativo que ha capturado la atención de múltiples sectores, el Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, ha tomado una decisión crucial respecto a la normativa vigente conocida como “Protocolo Antipiquetes”. Este procedimiento legal, aprobado por el Ministerio de Seguridad, ha sido contestado en repetidas instancias judiciales debido a su controvertida aplicación en el manejo de manifestaciones públicas.
Desde que se implementó la resolución 943/23, mejor conocido como Protocolo de Seguridad, ha sido objeto de múltiples críticas y desafíos legales, siendo el más reciente la acción de amparo colectiva interpuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su reclamo, el CELS buscó no solo detener temporalmente la aplicación de dicho protocolo sino también abrir un debate constitucional en torno al mismo.
La decisión judicial se produjo luego de que el magistrado rechazara la medida cautelar presentada. No obstante, el juez Cormick destacó no ser ajeno ni insensible a los eventos trágicos y ampliamente conocidos ocurridos el 12 de marzo. Estos incidentes suscitaron un fuerte rechazo social y cuestionamiento sobre si las prácticas bajo el protocolo respetan los principios republicanos estipulados en la normativa de la Constitución Nacional y otras leyes supranacionales.
Para asegurar un control circunspecto y realista de los eventos venideros, el juez ha dispuesto que la Justicia Federal mantenga un monitoreo detallado de la marcha prevista para el miércoles 19 de marzo. Esta decisión hay que comprenderla en un intento por asegurar que los derechos constitucionales fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la salud y la libertad de expresión, sean respetados durante las protestas y las actividades relacionadas, como la cobertura periodística.
Al subrayar la importancia de este monitoreo, el juez Cormick ha aclarado que participará activamente observando lo que ocurra durante la manifestación. Tal intervención busca asegurar la recolección de toda evidencia relevante que pueda surgir durante la protesta, con el fin de documentar cualquier actividad que pueda influir en la revisión constitucional de este protocolo tan debatido.
