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La justicia ordenó detener al hombre hallado culpable de haber abusado sexualmente de una vecina

Un tribunal de impugnación, integrado por los jueces Fernando Zvilling y Richard Trincheri junto a la jueza Florencia Martini, ordenó que otro tribunal que había dirigido un juicio por abuso sexual, lleve adelante una audiencia en la que el fiscal del caso Adrián De Lillo pretende solicitar una medida cautelar.

El condenado es G.T.O.M, quien el martes 20 de septiembre fue declarado responsable por haber abusado sexualmente de una vecina y por haberla amenazado en tres oportunidades, utilizando la fuerza y amenazas, entre abril y mayo de 2020, en un complejo de viviendas en Villa La Angostura. Apenas escuchó la resolución, De Lillo anticipó al tribunal que iba a pedir la imposición de una medida cautelar, pero el presidente de ese cuerpo sostuvo que debía hacerlo ante otro juez, ya que el tribunal no estaba integrado en pleno –faltaba uno de los tres magistrados- pero también que el criterio de los dos que estaban presentes es que los tribunales de juicio no podían resolver sobre los pedidos de medidas cautelares.

A partir de ese momento, el fiscal hizo distintos pedidos y presentaciones para intentar resguardar el proceso y a la víctima, pero no logró que los jueces del juicio u otro magistrado o magistrada aceptara intervenir. Por el contrario, los jueces de juicio enviaron el planteo a un juez de Garantías, quien lo devolvió al tribunal, que volvió a rechazarlo y a remitir a otro juez de Garantías, que también se excusó de intervenir y lo remitió a la presidencia del colegio de jueces y juezas del interior. Esta última también sostuvo que no debía intervenir y el planteo, que en realidad no había llegado a ser planteado, terminó en la presidencia del Tribunal de Impugnación. En esta instancia tampoco tuvo recepción.

Ante los sucesivos intentos frustrados para realizar el pedido, que podría ser una prisión preventiva o cualquier otra medida de protección, De Lillo pidió una audiencia ante un tribunal de impugnación.

Durante esa audiencia, el presidente del cuerpo, Fernando Zvilling, resaltó: “Es cierto que es una cuestión compleja, pero bajo ningún punto de vista entendemos que por cuestión compleja, podría habilitar la intervención o la decisión de nueve magistrados en instancias sucesivas”.

Frente al planteo fiscal, el defensor oficial del condenado expresó que le era “indistinto” el tribunal que resolviera.

Tras un cuarto intermedio de 15 minutos, los dos magistrados y la magistrada de impugnación resolvieron ordenar al tribunal de juicio que escuche y resuelva el pedido de medida cautelar de la fiscalía. Detallaron que “el problema es que empezó a circular (el pedido) por distintos jueces y ninguno trabó legal o correctamente la cuestión de competencia”.

Zvilling remarcó que existen dos reglamentaciones: una contenida en el reglamento de jueces del interior y otra en el de la I Circunscripción Judicial. Esta última fue recientemente modificada por el Tribunal Superior de Justicia, lo que determinó que para una misma incidencia, como es el tratamiento de una prórroga o un cese de una medida cautelar, se adopten soluciones diferentes: mientras que en el interior se indica que debe ser un juez de garantías, en Neuquén capital se ordena la intervención del tribunal de juicio.

 “En este caso concreto, el tribunal de juicio ya dio su veredicto, razón por la cual, al expedirse sobre una medida cautelar no existiría ningún tipo de posibilidad de prejuzgamiento, porque de hecho ya se juzgó el fondo”, resaltó el presidente del tribunal, y tras resolver que corresponde a los jueces expedirse sobre las medidas cautelares, dejó aclarado que “esto no es una cuestión de competencia, sino de interpretación de una norma constitucional y de dos reglamentos que guardan relación con esto”.

“Vamos a dar cuenta al TSJ de la situación planteada entre ambos reglamentos, para que en caso que lo encuentre adecuado, contemple una readecuación de ambos reglamentos con un criterio uniforme para todo el ámbito provincial”, concluyeron los jueces y la jueza de impugnación.

Tras finalizar la audiencia del lunes, el fiscal De Lillo, ordenó la detención del condenado para, en un plazo de 24 horas, realizar la audiencia ordenada. Mientras tanto, se desarrolló otra audiencia para tratar un Habeas Corpus presentado por la defensa, pero por pedido de la fiscalía, el recurso fue rechazado.

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