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La magistrada Lily Rueda será quien remplace al exmagistrado Iván González en la Sala de Reconocimiento en la JEP

Magistrada Lily Rueda será el remplazo del magistrado Iván González que tenía a su cargo el macrocaso 07 de la JEP. Foto: cortesía de la JEP. (Diego Zamora/)

Este miércoles 20 de enero, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió a la magistrada Lily Rueda como el remplazo del exmagistrado de este tribunal Iván González, quien salió de su cargo el pasado 12 de enero.

Así lo aseguró el medio nacional W Radio, quien conoció la primicia, en la que se asegura que Lily Rueda, quien se desempeñaba como magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, remplazará al exmagistrado Iván González, que estaba encargado del macrocaso 07 referente al Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

De igual forma, el medio radial señaló que la Sala de Amnistía e Indulto que estaba a cargo de la togada Rueda iniciará su proceso de convocatoria para que se postulen los magistrados interesados en ocupar este cargo, en caso tal de que no tenga postulantes esta Sala, se realizará un sorteo para esta vacante entre los magistrados suplentes.

La magistrada Lily Rueda estudió Derecho en la Universidad de Santander, hizo la especialización en ‘Derecho Público’ en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, realizó dos maestrías, una en ‘Profundización en Derecho Penal’ en la Universidad Nacional de Colombia y otra en LLM en ‘Derechos Humanos Internacionales y Justicia Criminal’ en la Universidad de Utrecht, y un doctorado en Filosofía en la Universidad de Ámsterdam.

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En su carta de motivación al cargo en la JEP inició su postulación mencionando: “he dedicado mi carrera profesional a entender y encontrar las herramientas para resolver las paradojas que conlleva hacer justicia en medio de realidades políticas complejas, en donde diferentes intereses entran en conflicto. Por ejemplo, cómo castigar a quienes participaron en la ejecución de hechos atroces, sin desconocer a sus víctimas, pero con un enfoque de reconstrucción social”.

Magistrado Iván González, juez de la Justicia Especial para la Paz deja su cargo en enero.
Cortesía El Tiempo
Magistrado Iván González, juez de la Justicia Especial para la Paz deja su cargo en enero.
Cortesía El Tiempo (El Tiempo/)

La renuncia de González

Argumentando “motivos personales”, en declaraciones al diario de Bogotá El Espectador, el magistrado González dejó su cargo el pasado 12 de enero como presidente de la Sala de Reconocimiento.

González condujo el caso 07 de Reclutamiento y utilización de niños y niñas durante el conflicto armado en este tribunal.

La posición de González estaba fuertemente cuestionada por sectores políticos que consideraban su actitud como lenta, ante la necesidad de mostrar resultados contundentes contra la guerrilla de las Farc.

Sin embargo, éste contó con el apoyo de la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien insistió que los resultados a los que llegara González debían ser respetados en el marco de la división institucional de poderes proclamada por la Constitución.

Prueba de ello fue que en octubre, González cuestionó duramente a alias “Joaquín Gómez” sobre los procedimientos de abortos forzados en dicha guerrilla durante una audiencia en Riohacha.

Además, fue González quien aceptó que las audiencias fueran públicas, concretando la iniciativa de los exjefes de la guerrilla que buscaban que la opinión pública conociera al detalle sus revelaciones.

Sin embargo, fueron más los obstáculos que tuvo que superar González que los logros alcanzados durante su trayectoria.

Una recusación de los excombatientes de las Farc por su dirección del caso 07, de la que logró salir avante y con la confianza de la exdirectora Linares.

Las Farc argumentaban que González, al haber sido asesor del Gobierno nacional en las negociaciones de paz, no garantizaría imparcialidad en el caso de juzgamiento a los responsables de crímenes de guerra.

Ante esta situación, el argumento de la JEP fue declarar que el magistrado no contaba con impedimentos para dirigir el caso, dado que nunca había confrontado a la antigua guerrilla en el estrado judicial.

En una de sus últimas actuaciones públicas, González asumió junto a Linares la vocería de la JEP para informar que esta misma guerrilla había sido responsable del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y de la muerte de otras figuras públicas como el economista Jesús Antonio Bejarano y el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.

Iván González es un destacado abogado litigante que ha sido magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Delegado Penal; también ha ejercido como consultor del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como docente en derecho penal y criminología en las universidades Externado de Colombia, Los Andes, La Gran Colombia y Santo Tomás.

La verdad pendiente del reclutamiento de menores en la guerra

Fotografía cedida por la Jurisdicción Especial para la Paz del exjefe de las FARC Pablo Catatumbo durante su comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, hoy en Bogotá; (Colombia). EFE/Jurisdicción Especial para la Paz /Archivo
Fotografía cedida por la Jurisdicción Especial para la Paz del exjefe de las FARC Pablo Catatumbo durante su comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, hoy en Bogotá; (Colombia). EFE/Jurisdicción Especial para la Paz /Archivo
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El caso 07 de la JEP sobre Reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado colombiano ha contado con las versiones de los exjefes de la guerrilla de las Farc.

La JEP explicó que una de las razones que tuvo en cuenta para convocar a los jefes de las Farc los a la primera ronda de versiones tiene que ver con la posibilidad real que tuvieron estos ex jefes guerrilleros de “influir en la toma de decisiones relacionadas con el reclutamiento, como régimen de vida y disciplinario, sanciones y definición de instancias de control”.

Además, dijo que la gran mayoría de los mandos de las Farc participó en las conferencias guerrilleras números VI, VII, VIII y IX y en los plenos del Estado Mayor Central de 1997 y 2000, donde se “perfiló esta práctica”.

Según los informes presentados ante la Sala, “el Estado Mayor Central y el Secretariado fueron los encargados de concretar y hacer seguimiento a los planes de copamiento territorial del grupo armado, dar directrices para su expansión y definir, promover o aplicar sanciones a ciertos mandos, o ratificar aquellas que se aplicaron por parte de los frentes y bloques”.

En los informes recibidos por la JEP se afirma que en una base de datos hallada en computadores del Bloque Oriental se “encontraron 286 registros de personas que ingresaron (a la guerrilla) siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron”.

A partir de enero se conocerá quien reemplazará al magistrado González en la conducción de este caso polémico.

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