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Bariloche

La Municipalidad de Bariloche realizó tareas de inteligencia durante la dictadura

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La “carpeta negra” que se encontró cuando volvió la democracia fue enviada a la Justicia Federal de Bahía Blanca y vaya casualidad, se perdió. Hasta Videla ponderó el rol de los municipios en el control de “la agresión marxista”.

La Municipalidad de Bariloche realizó tareas de “inteligencia” durante la última dictadura militar en el marco del así llamado Plan Martillo, que instrumentaron los gobernantes militares de Río Negro. La información que se elaboró en torno a organizaciones, partidos políticos y personas formó parte de las “carpetas negras”, una por cada municipio rionegrino. La que correspondía a esta ciudad fue enviada a Bahía Blanca cuando se restauró la democracia y “casualmente”, se extravió. Su contenido nunca pudo recuperarse.

Con anterioridad al 24 de marzo de 1976, funcionaba en la provincia “un eficiente, oculto y clandestino mecanismo de control social llevado adelante por el Departamento de Información (D-2) de la policía provincial”. En ese marco, “es necesario aclarar que un poco antes del golpe de Estado, los dispositivos operativos ya estaban en funcionamiento y el accionar de la Triple A en la región, como organización parapolicial terrorista, así lo corrobora”.

La afirmación forma parte del estudio “Secreto. El silencio de los intendentes. Una aproximación al estudio de las formas represivas y de control social en el ámbito municipal durante la dictadura. El plan Martillo y sus antecedentes en la provincia de Río Negro (1977-1983)”. Tiene como autor a Rubén Ángel Suárez, doctor en Historia (Universidad Nacional del Sur), investigador de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma y Patagones; y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Según el autor, la construcción de un “enemigo interno” en la jurisdicción provincial tiene antecedentes en la época del Territorio Nacional, cuando funcionaba la Sección Orden Social de la Policía “territoriana”, que estaba encargada “de registrar a los indeseables de ese tiempo como anarquistas, comunistas y demás. A partir de allí comienza un proceso de perfeccionamiento y desarrollo que culmina durante la dictadura militar”.

A partir de 1976, se procedió a construir “un Servicio de Inteligencia provincial basado en la red de municipios, denominado Martillo. Por lo tanto, los mecanismos de la represión que se hacen visibles en la región durante la dictadura, son el emergente de una estructura oculta hasta ese momento, pero muy eficiente en cuanto al control social”. La primera autoridad provincial después del golpe de Estado fue el interventor Néstor Rubén Castelli, coronel del Ejército.

Luego, en el reparto que practicaron las tres fuerzas armadas, Río Negro quedó para la Armada. El primer marino en instalarse en Viedma fue el contralmirante Aldo Luis Bachmann, quien gobernó entre 1976 y 1978. Otro tanto hizo el contraalmirante Julio Alberto Acuña, entre 1978 y 1982. No tan llamativamente, fue un civil el encargado de cerrar la dictadura militar en Río Negro: el empresario Carlos Alberto San Juan.

Afirma la investigación de Suárez que “durante todo el período dictatorial, el ámbito municipal fue el gran productor de insumos del servicio de inteligencia civil institucionalizado en 1980 en la provincia de Río Negro, el cual fue denominado Martillo. Sin la colaboración activa de miles de ciudadanos civiles no hubiera podido funcionar el régimen represor. Estos ciudadanos aceptaron hacerse cargo de las primeras, segundas y terceras líneas ministeriales, de las gobernaciones y de las intendencias municipales a lo largo de todo el país”. Nunca más acertada la aclaración “dictadura cívico-militar”.

El rol de los municipios en la vigilancia fue ponderado por el propio Videla en 1977, durante la tercera reunión del Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores. “En el ámbito municipal, en el que la relación entre la autoridad y el ciudadano es más directa, resulta necesario concentrar una mayor atención en las comunidades locales, a fin de propender a su participación en la realización de tareas ejecutivas”. Palabras del dictador que trae a colación el texto.

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En esta provincia, “los civiles ocuparon cargos en todos los niveles mencionados anteriormente, lo cual generó un sistema de ocultamientos de responsabilidades una vez devenido el período de restauración democrático. Este proceso comenzó pocos días antes de la asunción de las nuevas autoridades elegidas por el voto popular, cuando se destruyeron un sinnúmero de carpetas con información sobre personas y organizaciones que habían estado vigiladas desde las órbitas municipales”, denuncia el trabajo de Suárez.

“Posteriormente la aparición de carpetas similares en el Municipio de San Carlos de Bariloche hizo que el gobernador del momento, Dr. Álvarez Guerrero, enviara ese material probatorio a la Justicia Federal de Bahía Blanca, el cual hasta el momento no ha sido localizado nuevamente”. Se perdió, ¡oh casualidad! En Río Negro, “las carpetas con información referida al seguimiento de personas y organizaciones son conocidas como carpetas negras, nombre que se utilizó en la prensa y en otros documentos como el informe de la APDH del año 1984”.

La primera instrucción que menciona la investigación es la Directiva 1/80 “Martillo”, del contraalmirante Acuña, “Normas complementarias para la acción de Gobierno en la prosecución de la lucha contra la subversión”. Consta de 16 fojas, documento que fue caratulado como “Secreto”. Se emitió el 15 de abril de 1980. En la nota de envío que acompañó el ministro de Gobierno, capitán de navío Zenón Bolino, se aclaraba que: “las pautas expresadas no agotan las necesidades, todo lo contrario; el señor intendente tomará la oportunidad de agudizar su ingenio tendiente a exponer otras que concurran a coadyuvar al logro del objetivo primordial: evitar la agresión marxista en su jurisdicción”.

En marzo de 1976, era intendente de Bariloche Eduardo Garrafa (Partido Justicialista). Después del golpe, se sucedió en el gobierno municipal una serie de “comisionados”: Carlos Rito Burgoa (1976); Roberto Costa Martínez (aún en 1976); Jorge Brussa (1976-1977); Carlos Menghetti (1977) y Osmar Héctor Barberis (1977-1983), que era gendarme en situación de retiro. Durante sus respectivos pasos por el Centro Cívico, fue que se instrumentó en la ciudad el Plan Martillo.

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En una noche, tres detenidos por el robo de un teléfono y una moto en distintos hechos

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El primero de los hechos ocurrió a las 21h en la intersección de 9 de Julio y Anasagasti, donde a una mujer le sustrajeron sin violencia su teléfono celular.

La intervención de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), dependiente de la Unidad Regional III, permitió que los autores del ilícito fueran identificados y detenidos por los uniformados. Para ello siguieron los rastros de la pareja sospechosa y la mujer tenía en su poder el dispositivo móvil que habían sustraído en complicidad.

Cerca de las 22h, un llamado al 911 puso en alerta a la fuerza sobre la sustracción de una motocicleta que estaba estacionada en Moreno y Frey. La rápida presencia en el lugar de los efectivos de la Comisaría Segunda permitió identificar a un hombre de 34 años, que se había alejado unos pocos metros del sitio donde ocurrió el hecho.

En su poder tenía una motocicleta, de la que no pudo justificar su propiedad ni portación, motivo por el que fue trasladado a la dependencia policial en carácter de detenido, involucrado en una causa por robo.

*Con información de la Policía de Río Negro

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Sandro, dueño del local allanado por la PSA, expresó sus sensaciones: “no encontraron nada y podría ser un error”

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Esta mañana PSA realizó un operativo de rutina en la intersección de Ruiz Moreno y Neuquén. En un marco de fuerte hermetismo, minutos después de las 11 arribaron hasta el taller una camioneta de Operaciones Especiales de la fuerza federal y otro vehículo de la División Canes. El procedimiento federal se replicó en otro domicilio de 25 de Mayo y Sarmiento. En ambos allanamientos “no encontraron nada”, indicó Sandro Mora a Radio Seis. 

El vecino (audio) es dueño del local donde se montó un taller:me levanto y me encuentro con todo esto; hablé con el encargado del procedimiento y me dice que es de rutina”. Aseguró que el uniformado especializado de Prefectura no le dio más explicaciones, pero “no tenía ningún inconveniente de dejarme entrar al local”

Los efectivos de la PSA realizaron un operativo que duró más de tres horas. Sandro describió que luego de finalizar el procedimiento “me dijo el oficial que no habían encontrado nada, que se podía llegar a tratar de un error”

El vecino – que pidió la palabra – reflexionó que tras el episodio siente que la esquina de su propiedad quedó estigmatizada por el operativo ya que recibió varios mensajes preguntándole: “¿che, qué pasó en tu casa?”. “Lo molesto es el daño irreparable porque hoy me veo involucrado porque es la fachada de mi casa”, añadió. 

Otra situación que molestó a Sandro es que en la vecindad – como él nombró – se comentó que se escucharon disparos en la madrugada: “si los vecinos hablan tendríamos que hablar algo más serio”, sostuvo. 

Por otra parte, afirmó que el local allanado – donde funciona el taller mecánico – no está alquilado, sino que se trata de un préstamo que les hizo a “a los chicos porque somos amigos”. Comentó que pasa “de vez en cuando” a tomar mate y que nunca vio “nada raro”. 

Asimismo, explicó que en las últimas horas pudo conversar con los mecánicos: “estuve con los chicos hablando y ellos me decían ´la verdad que no sabemos como seguir esto´” . “Lo que ellos (PSA) andaban buscando no lo encontraron”, finalizó Sandro. 

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Bajo un absoluto hermetismo, la PSA desplegó un operativo en Ruiz Moreno

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La fuerte presencia de uniformados con sus rostros cubiertos llamó la atención a quienes pasaron por la esquina de Ruiz Moreno y Santa Cruz. La escena se replicó en Sarmiento y 25 de Mayo con camionetas y móviles policiales que confirmaron que el operativo respondió a una causa federal.

El primero de los lugares rodeado por los agentes de Operaciones Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), era utilizado como un taller aunque luce abandonado. En su interior la fuerza permaneció varias horas sin aportar detalles acerca del resultado del allanamiento en la propiedad.

 

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