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La ONU pidió explicaciones a Moscú por los miles de niños ucranianos que fueron trasladados por la fuerza a Rusia

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Niños ucranianos (AFP)

Moscú defendió este lunes ante la ONU su política sobre la “familia tradicional”, antes de dar explicaciones sobre los miles de niños que según Kiev fueron trasladados por la fuerza a Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El traslado de niños ucranianos le valió el pasado marzo al presidente Vladimir Putin y a la comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova, una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta “deportación ilegal” de menores. Moscú dijo que considera “nula” dicha iniciativa.

En su declaración de apertura, Alexéi Vovchenko, jefe de la delegación rusa y viceministro de Trabajo y Protección Social, no mencionó el traslado por la fuerza de niños pero defendió las medidas rusas para “el refuerzo de la familia como institución y la protección de las familias tradicionales”.

El Comité de los Derechos del Niño, compuesto por 18 expertos independientes, llevará a cabo el examen del caso de Rusia, que comenzó el lunes por la tarde en Ginebra y durará dos días.

Rusia recibió hace meses la lista de las preocupaciones de los expertos.

Estos quieren saber cuántos niños fueron “evacuados” a Rusia o a los territorios ucranianos bajo ocupación rusa, y “las medidas tomadas para proteger el derecho de esos niños a preservar su identidad, incluyendo su nacionalidad”.

El macabro plan de Rusia para apropiarse de niños ucranianos huérfanos
Niños de diferentes orfanatos de la región de Donetsk, comen en un campamento en Zolotaya Kosa, el asentamiento en el Mar de Azov, región de Rostov, suroeste de Rusia, el viernes 8 de julio de 2022. (Foto AP)

Kiev calcula que unos 20.000 niños ucranianos fueron enviados por la fuerza a Rusia. Sólo 400 fueron repatriados de momento.

Moscú dice que su objetivo es proteger de los combates a esos menores.

La reubicación de los niños evacuados se hace, “a petición de estos y con su consentimiento”, afirmó Rusia en sus respuestas escritas transmitidas el año pasado al comité, y que la ONU hizo llegar a la prensa la semana pasada.

El documento no cifra el número total de niños trasladados. Pero asegura que “entre los evacuados también había niños de instituciones residenciales públicas para huérfanos y niños desamparados (unas 2.000 personas en total), cuyos representantes legales eran los directores o empleados de estas instituciones”.

La respuesta de Moscú indica también que, según las estadísticas del ministerio del Interior, 46.886 niños ucranianos adquirieron la nacionalidad rusa entre el 1 de abril de 2022 y mediados del año pasado.

Traslados Bielorrusia

Por otra parte, un estudio reciente de la Universidad de Yale ha descubierto que más de 2.400 niños ucranianos de entre 6 y 17 años han sido traídos a Bielorrusia desde cuatro regiones ucranianas que han sido parcialmente ocupadas por las fuerzas rusas. La oposición bielorrusa ha instado a la Corte Penal Internacional a responsabilizar al dictador Alexander Lukashenko y sus funcionarios por su participación en el traslado ilegal de niños ucranianos.

Pavel Latushka, un ex ministro de cultura bielorruso convertido en activista de la oposición que presentó a la CPI pruebas de la supuesta participación de Lukashenko en la deportación ilegal de los niños, dijo que la llegada de un nuevo grupo de los territorios ocupados por Rusia “subraya la necesidad de que la CPI investigar esos crímenes”.

“Lukashenko, sus familiares y asociados, junto con el Kremlin, han organizado un sistema de traslado de niños ucranianos, incluidos huérfanos, desde los territorios ocupados a Bielorrusia, y este canal sigue funcionando”, dijo Latushka a la agencia AP.

Bielorrusia ha sido el aliado más cercano de Moscú desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, cuando Lukashenko permitió que el Kremlin utilizara el territorio de su país para invadir Ucrania. Rusia también ha desplegado algunas de sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

(Con información de AFP y AP)

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El Estado pagará u$s 5.342M a las cajas paraestatales en “compensación” por la transición al régimen mixto

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12 de julio 2024 – 12:51

Los trabajadores que ingresan al mercado laboral deben transferir un 5% de sus aportes a las AFAP, ingresos que el Estado cubrirá hasta por 40 años.

Foto: Teledoce

El Estado uruguayo deberá transferir más 5.000 millones de dólares en las próximas décadas a las cajas paraestatales a partir de la reforma de la seguridad social y establecimiento obligatorio del sistema mixto de jubilaciones, en forma de un “financiamiento de la transición”.

Las cajas paraestatales no atraviesan buenos momentos, aunque algunas permanecen en situaciones más críticas que otras, como es el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), por ejemplo. Por lo que, cuando la reforma de la seguridad social votada en 2023 e implementada desde agosto pasado estableció que todos los trabajadores que se incorporen al mercado laboral deben destinar el 5% de sus aportes personales a una AFAP, preocupó cómo este desvío de transferencias antes netamente destinadas a las cajas podría afectar a las instituciones en cuestión.

Ante este problema, se incluyó en el texto legal un “financiamiento de la transición” del pasaje de estos afiliados al régimen mixto, tal y como consignó el semanario Búsqueda. Éste consiste en una “compensación por la reducción de ingresos asociada a la transición” por parte de Rentas Generales, por un monto equivalente al de las transferencias realizadas por cada una de estas entidades al Banco de Previsión Social (BPS) y que tienen como destino a las cuentas de ahorro personal obligatorio de los afiliados.

El período previsto para este financiamiento es de 30 años que pueden ser extendidos por otros 10, según la situación financiera de cada caja paraestatal. Si se consideran los 40 años en total, el “flujo de aportes hacia las cuentas de ahorro individual” totalizaría unos 5.342 millones de dólares, según estimaciones que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento en el marco de la discusión de la reforma. En este cálculo también está incluida la Caja Notarial, a pesar de que quedó por fuera de la obligatoriedad de aportes a la AFAP, aunque su incidencia en el costo final “no es significativa”.

Asimismo, el flujo de los aportes va en aumento desde las transferencias en 2024, por 2,2 millones de dólares, hasta las de 2063 por 269 millones de dólares, según estos cálculos.

Las críticas a las transferencias del Estado

Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), en tanto, criticaron fuertemente este artículo “profundamente regresivo” de la reforma de la seguridad social. Según Adolfo Bertoni, histórico dirigente sindical de la ATSS y partidario del plebiscito del PIT-CNT que se votará en octubre, la ciudadanía estará financiando a las AFAP a través de sus impuestos.

“Es regresivo, porque Rentas Generales (es decir, todo el pueblo uruguayo) va a ‘subsidiar’ o ‘compensar’ el fortalecimiento de la AFAP en el régimen jubilatorio de las cajas paraestatales, y a darle sostenibilidad financiera a las propias cajas. Es decir, es una transferencia de los que tienen menos a los que les va mejor o bastante mejor”, opinó el sindicalista.

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Luis Lacalle Pou refuerza el eje conservador de la región con encuentros con Javier Milei y Santiago Peña

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El presidente Luis Lacalle Pou reforzará, las próximas semanas, la buena sintonía con dos gobiernos clave de la región, el del libertario Javier Milei en Argentina, y el del conservador Santiago Peña en Paraguay, con varios encuentros con sus pares.

Más allá de la dura consideración que el presidente de la República tuvo con Milei por su faltazo a la cumbre del Mercosur el lunes en Asunción, las relaciones entre el Ejecutivo y Buenos Aires son las mejores en muchos años.

A dos grandes triunfos para la administración de Lacalle Pou –el dragado a 14 metros en el Puerto de Montevideo y el acuerdo de cielos abiertos- se suma la afinidad en varios puntos ideológicos entre el mandatario y su par argentino.

Esa comodidad es la que ha permitido también que el Presidente nutra aún más su relación con el empresariado argentino -siempre admirador de la institucionalidad uruguaya- con sendas participaciones este año en foros como el de Llao Llao, organizado por el llamado Círculo Rojo, y la cena anual de Fundación Libertad, el think tank liberal vinculado al macrismo.

Los cruces del Río de La Plata se están volviendo frecuentes de la mano del entendimiento entre los dos gobiernos. Lacalle Pou regresará a Buenos Aires el miércoles para la conmemoración del 30 aniversario del atentado a la mutual judía de la AMIA y once días después lo hará para la inauguración de la tradicional Exposición Rural en Palermo, donde estará acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

En ambo casos, coincidirá con Milei y con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, con quien el presidente de la República ha construido buenos lazos personales y bilaterales también será de la partida.

Se espera, además, que los tres presidentes, cercanos por sus ideas sobre la actividad privada y el libre mercado, aunque con disensos sobre el rol del Estado, coincidan en París con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Los encuentros de Lacalle Pou con Milei, no obstante, siguen manteniéndose informales, puesto que aún no se ha logrado concentrar un encuentro bilateral entre ambos mandatarios. El libertario argentino realizó esta semana su primer viaje a un país de la región, eligiendo a Brasil como destino para una reunión con el expresidente Jair Bolsonaro.

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La reestructuración de deudas busca ser “una solución y no un parche”, aseguró Bárbara Mainzer

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El problema del sobreendeudamiento de los uruguayos viene estando sobre la mesa del debate desde hace meses, principalmente de la mano del plebiscito por una deuda justa que busca lograr Cabildo Abierto, ya para las elecciones departamentales. Sin embargo, la novedad más reciente y significativa fue el anuncio del lanzamiento de un programa voluntario de refinanciamiento por parte de los principales bancos, administradoras de créditos y estudios de cobranza del país. “Es una solución crediticia para 786.302 personas, una oportunidad para que puedan refinanciar en condiciones extraordinarias y recuperen el crédito”, explicó la directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer.

Más de 780.000 personas no es un número para nada menor, y es la población más vulnerable, calificada en categoría 5 o como deudor irrecuperable, que desde el jueves puede acceder a un plan de refinanciamiento de su deuda —en créditos de consumo— en cuotas y sin considerar en el monto a pagar los recargos y multas aplicados por el atraso de los compromisos; es decir, solo el préstamo original. Los montos menores a 5.000 pesos, incluso, podrían ser completamente condonados.

“Este es un ejemplo de coordinación extraordinario, porque si mirás crisis anteriores, uno de los grandes problemas era la falta de coordinación entre los bancos y los deudores”, destacó Mainzer en diálogo con Radio Carve, haciendo especial énfasis en el trabajo entre el sector privado y el sector público, con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Buscamos una solución que atienda a la población más vulnerable, que no comprometa el orden jurídico y respete los balances de las instituciones financieras. Porque el presidente del Banco Central lo decía: resolver un problema ahora para complicar el crédito mañana no es una buena solución”, añadió.

Para Mainzer, los uruguayos tienen la oportunidad de recuperar el crédito, lo que no es un tema menor, por lo que instó a aprovechar la oportunidad de “pagar en condiciones excepcionales” que solo estará disponible por cuatro meses —hasta el 15 de noviembre—, y a la cual, durante julio, solo se podrá acceder a través de la página web soluciondeuda.com.uy.

“Hay una preocupación constante por el tema de los deudores, porque ¿de qué estamos hablando? De personas que tomaron un crédito con la vocación y la voluntad de pagarlo, y un evento inesperado hizo que no pudieran abordar esos pagos. Pero no son fáciles las soluciones. Desde el lado de la industria y con un rol clave del Banco Central y el Ministerio de Economía como coordinadores, más y más empresas de la industria se sumaron a la iniciativa, por un lado; y por otro lado, lo estamos combinando con otras iniciativas para que esto sea una solución y la gente no reincida y pueda afrontar sus compromisos”, explicó Maizer, describiendo la propuesta sobre tres ejes: “coordinación pública-privada, trabajo para focalizar esto en la población más vulnerable, y medidas adicionales para que esto sea una solución y no un parche”.

¿Se puede mejorar la calificación crediticia?

Según señaló la directora de APBU, el programa voluntario de refinanciación supone, también la posibilidad de que las personas que comiencen a pagar sus deudas mejoren, en paralelo, su calificación crediticia, para abrir así la posibilidad de volver a tomar crédito en el futuro. Así, a partir del 15% del pago de la deuda refinanciada —en cuotas y sin recargos—, ya comienza a limpiarse el historial, y “si se extingue la deuda, esa marca deja de estar”, aseguró.

Sin embargo, desde la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), insistieron en que el pago de las deudas no cambiará la situación de las personas que están en el Clearing de Informes. “Este es un registro del Banco Central y que básicamente se aplica para el sistema financiero. No implica que la gente sea cambiada de categoría en el Clearing de Informes, de hecho, este es una empresa privada que le brinda servicios a los clientes, y que califica a los uruguayos por su capacidad de pago. Estas medidas podrán cambiarle un poco la categoría, pero no lo van a sacar, porque es un historial de como se comporta el ciudadano en cuanto a sus deudas”, apuntó Pablo Andrade, consejero del sindicato, a Radio Carve.

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