La protección de los bosques en juego: ONGs llevaron el reclamo a la Justicia

La preocupación por los bosques nativos y su protección sumó un escalón más y llegó a la Justicia. Las ONGs Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables interpusieron un mandamus que fue aceptado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se exija el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Río Negro (OTBN).

En 2010, la provincia adhirió a la ley nacional de presupuestos mínimos y se ordenó la realización de un mapa de bosques mediante la Ley 4552. Esta normativa apuntaba a que cada jurisdicción clasificara sus territorios con un “semáforo”, en zonas rojas, amarillas y verdes, según el impacto y la intervención que se podía, o no, realizar en cada lugar.

“Río Negro aprobó la realización de una cartografía, pero dejó en blanco a Bariloche. Se le otorgó un plazo para que este mapa lo elabore la municipalidad y si bien se tomaron mucho más tiempo del establecido, lo aprobaron por resolución durante la gestión de Marcelo Cascón, en 2011”, detalló a ANB, Tomás Guevara.

El mapa de bosques de Bariloche se realizó en 2011 pero nunca se actualizó. Foto: Marcelo Martínez.

En esto radica, lo que para Guevara es, “el primer problema”, ya que “debería haber sido aprobado por ley”. Pero además, este mapa que se elaboró y nunca se actualizó, “tiene enormes vacíos, como ocurre en el cerro Otto, el cerro Carbón o el oeste de la ciudad”, ejemplificó.

Según lo indicado por la ley, ese mapa requiere actualizaciones cada cinco años, para revisar la clasificación de cada zona, pero esto  “nunca se hizo en Río Negro, se venció el plazo en 2014. Nación incluso lo pidió, pero la provincia está incumpliendo la ley hace muchos años”, sostuvo.

“Esta falta de actualización ha sido utilizada en reiteradas ocasiones para autorizar proyectos inmobiliarios que, con adecuado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, deberían haberse condicionado o directamente rechazado”, manifestaron desde las organizaciones que promovieron el mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia.

“La jurisprudencia dice que si un área no está pintada, quiere decir que  no está libre, pero el criterio que tomaron tanto el municipio como la Provincia, es:“si no está pintado, no tiene protección””, manifestó Guevara. 

En relación a esto, se refirieron al proyecto Cerro Lindo, con el que se prevé urbanizar más de 115 hectáreas en las laderas del cerro Otto. También expresaron preocupación por lo ocurrido en el oeste, donde el proyecto Cauma mantiene en vilo a los vecinos porque se realiza “en una parcela completamente inventariada como Tierras Forestales con presencia de cipreses y coihues, pero donde la Subsecretaria otorga alegremente autorizaciones para apeos de bosques nativos en función del proyecto hotelero gastronómico”.

Las ONGs consideran que la falta de actualización puede ser utilizada para autorizar proyectos inmobiliarios. Foto: Marcelo Martínez.

En 2019 se realizaron distintas acciones para elaborar un nuevo proyecto, pero nuevamente, quedó en la nada. “Estaba casi listo para mandarse a la Legislatura, pero lo cajonearon. Hay mucho trabajo técnico hecho, pero si no lo aprueban, es lo mismo que nada”, remarcó.

Agotadas las instancias para pedir respuestas y acciones en torno a la protección de los bosques, distintas organizaciones interpusieron un mandamus en la Justicia. “En el mandamus promovido el STJ le otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia de Río Negro para que informe el estado de situación del OTBN de la provincia”, explicó Guevara.

“La gestión ambiental del territorio es lo que no está haciendo ni la Municipalidad ni la Provincia”, sostuvo y en este sentido, se refirió a los riesgos que conlleva que no se pongan en uso los instrumentos existentes.

Sobre esto, se refirieron a lo ocurrido con los incendios que arrasaron decenas de hectáreas en El Bolsón, donde, “no se aplicó nunca el plan de gestión del ANPRALE (Área Natural Protegida  Río Azul Lago Escondido)”.

Algo similar ocurrió en 2022 con el alud en Villa Huinid, donde murieron tres personas. El deslave se produjo en una zona en la que el bosque fue talado y el terreno perdió protección y estabilidad.

“Hay elementos para minimizar los riesgos. Si no se usan estos instrumentos, la posibilidad de que pasen incendios, aludes, inundaciones, aumentan, y si no pasan, igual, se pierden recursos, biodiversidad, derechos ambientales”, remarcó.

“Confiamos en que el STJ pondrá plazos perentorios para que se actualice y apruebe en tiempo y forma el nuevo OTBN para garantizar un aprovechamiento sustentable de nuestros bosques nativos, en resguardo de los derechos fundamentales de nuestro pueblo y de las futuras generaciones”, manifestaron. (ANB)