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Política y Economía

Las cooperativas que integran el Movimiento Evita recibieron casi dos mil millones de pesos en subsidios

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Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita

El Movimiento Evita fue la organización social que más dinero recibió por parte del Gobierno desde que Alberto Fernández llego a la Casa Rasada y Emilio Pérsico, uno de sus líderes, designado al frente de la Secretaría de Economía Popular, un área que pertenece al ministerio de Desarrollo Social y que administra el Potenciar Trabajo, el programa más importante de la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz.

De los $11.649.356.644 entregados a Unidades de Gestión No Gubernamentales, las cooperativas, mutuales y entidades vinculadas al Evita firmaron convenios celebrados con la propia secretaría que comanda el dirigente peronista por $3.646.159.320, el 31,30% del total. Esto es 17.404.101 dólares si se utiliza para la conversión el dólar oficial fijado por el BCRA de 209,50 pesos al cierre de esta nota. De ese total, $1.664.632.400 fueron destinados a las asociaciones comunitarias que forman parte de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, el 14,29% de los convenios celebrados con las Unidades de Gestión no gubernamentales.

Los datos oficiales surgen de la documentación que la Coalición Cívica aportó al juzgado federal número 5 a cago de María Eugenia Capuchetti en la denuncia penal que lleva el número 2613/2022 y en la que pide investigar una presunta asociación ilícita liderada por Emilio Pérsico a través de la cual se habrían desviado fondos oficiales hacia las cooperativas ligadas a la organización oficialista por casi cuatro mil millones de pesos.

Federación Cooperativa Evita
Las cooperativas que integran la Federación del Evita recibieron casi dos mil millones de pesos a través de convenios de la secretaría que conduce Emilio Pérsico

Abrir las relaciones de esas cooperativas con la dirigencia del Evita es una caja de Pandora que deja al descubierto a familiares y amigos de dirigentes y políticos. El Movimiento Evita busca ganar poder territorial y peso político a través del partido La Patria de los Comunes, que fue presentado a nivel nacional el viernes 17 de marzo en el estado del Club Español y para eso necesita financiación. Desde la oposición especulan que parte de los recursos provienen de los convenios firmados con las cooperativas.

La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora, Lanús, Tres de Febrero, Florencio Varela, San Martín, La Plata, son solo algunos distritos en los que el Evita, que tiene como otro de sus referentes a Fernando “Chino” Navarro, funcionario en la Jefatura de Gabinete, busca hacer pie y desbancar, por ejemplo, a Fernando Espinoza, el hombre que gobierna La Matanza.

De la documentación se desprende que cientos de millones de pesos a través de convenios firmados por Pérsico, fueron derivados a cooperativas del Evita asentadas en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Es más, sus direcciones corresponden a la ciudad matancera de Isidro Casanova, localidad dónde vive Pérsico y su pareja, la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría.

La patria de los comunes
La Patria de los Comunes es el partido político con el cual el Evita y Somos Barrios de Pie disputarán las elecciones PASO del Frente de Todos

Las paredes de La Matanza están cubiertas con afiches que postulan a la legisladora bonaerense como candidata a intendenta del distrito. Un hecho que podrán lograr si le gana las PASO del Frente de Todos a Espinosa, a través del partido La Patria de los Comunes.

En la foja 17 de la denuncia judicial que en agosto pasado firmaron los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Héctor Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin; Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria Borrego y Rubén Manzi; se esgrime la certeza que con los fondos directos que van a las cooperativas, o con parte de él, la organización social lo utilizaría para extender su poder político, presencia en los barrios y solventar actos y multitudinarias movilizaciones. Los dirigentes de Elisa Carrió lo expresaron así: “Entendemos que el Movimiento Evita estaría utilizando el financiamiento estatal para su desarrollo territorial y de presencia política, en un contexto de gran vulnerabilidad social en Argentina y satisfaciendo sus necesidades como organización a través de su inserción en la política partidaria hacia dentro del Frente de Todos”.

Patricia Cubría y Mariel Fernández
Patricia Cubría, izquierda, y Mariel Fernández. La primera quiere disputarle en elecciones PASO la candidatura por La Matanza al intendente Fernando Espinoza. Fernández buscará la reelección en Moreno. Ambas son dirigentes del Evita y vinculadas a las cooperativas que más dinero reciben desde el ministerio de Desarrollo Social

Despliegue territorial y financiamiento

De la documentación oficial que lleva el sello y firma del ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia (INAES), este último organismo a cargo de Alexandre Roig, otro dirigente del Movimiento Evita, se desprende, por ejemplo, que desde la secretaría de Pérsico se firmaron tres convenios con la Cooperativa De Trabajo Evita La Matanza II Limitada por $77.732.400, $75.000.000 y $40.000.000,00. Un total de $192.732.400.

Con la Cooperativa La Patriada, se firmaron dos convenios por $87.000.000 y $75.000.000. Lo que hace un total de $162.000.000. Emilio Pérsico formó parte de la dirección de esa cooperativa.

Con la Cooperativa de Trabajo Néstor Vive, que como las anteriores, que también tiene sede La Matanza, en concreto en Isidro Casanova también se firmaron convenios, esta vez con el INAES.

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Esta cooperativa en particular está rodeada de un hecho de violencia que tiene como protagonista a quien era el titular de esa organización comunitaria, Facundo Pérsico, uno de los hijos del actual funcionario. El 17 de noviembre de 2017, y tal como publico Infobae Facundo quiso forzar una asamblea cooperativista que se desarrollaba en La Plata y terminó a las trompadas con los trabajadores.

Alberto Fernández movimiento evita
Alberto Fernández designó a Emilio Pérsico al frente de la Secretaría de Economía Social. Está a cargo del Potenciar Trabajo

El hecho comenzó cuando un trabajador increpa a un grupo de personas que habían ido a participar de la asamblea de la Cooperativa “Néstor Vive”, que se fundó en 2013, y que estaba inscripta en el plan Argentina Trabaja, ahora Potenciar Trabajo.

“No sé cómo se llaman y quieren votar. Yo trabajo hace una banda en la cooperativa y no los conozco. No pueden votar. Están cobrando todos de arriba. Si son asociados, tienen que saber el nombre de todos nosotros, pero son figuretis, chupasangre”, se queja en el video que se viralizó un trabajador, y apunta contra algunos de los presentes, a los que acusa de ser “una patota”.

La discusión fue subiendo de tono hasta que Facundo dice: “Llámalo a mi papá y anda a decirle gracias por todo lo que te dio”. Finalmente, todo se desmadró y quedó filmado.

En la documentación que se acumula en la causa que lleva adelante la jueza Capuchetti -antes tramitaba en el juzgado de Daniel Rafecas- hay decenas de cooperativas de trabajo en La Matanza que recibieron subsidios por parte del INAES, o que firmaron convenios con la Secretaría de Economía y que forman parte de la Federación de cooperativas del Evita.

Otro de los distritos en los que el Evita, a través de La Patria de los Comunes apunta sus cañones electorales es en Moreno. Allí buscarán la reelección de Mariel Fernández. La alcaldesa es dirigente del Evita y pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y también referente de la misma organización social.

Local de Patricia Cubría La Matanza
La Matanza está empapelada con la figura de la diputada provincial Patricia Cubría, pareja de Emilio Pérsico

En ese distrito, ya gobernado por el Evita, varias cooperativas del lugar, y ligadas a la intendenta, fueron agraciadas con los millones de pesos que llegaron a través de convenios firmados por Pérsico, el “jefe” político de la jefa comunal.

Con la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre, que también forma parte de la Federación de Cooperativas del Evita -como las anteriores- se firmó un acuerdo por 111.900.000 pesos.

El tesorero de la Cooperativa 2 de Septiembre era Emmanuel Fernández el hermano menor de la intendenta. Emmanuel fue electo concejal en la misma elección en la que su hermana se alzó con la intendencia. Tras asumir, renunció a su cargo en la Cooperativa y Fernández lo nombró al frente de la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes. Poco después renunció y asumió como concejal.

Con la Asociación Civil Crepúsculo De Moreno, que forma parte de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, se firmó otro convenio también por 111.900.000 pesos.

La agraciada Federación de Cooperativas Evita

LTDA (FECOEVITA), de la cual forman parte todas las organizaciones comunitarias nombradas, es precedida por Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

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Según su página oficial “la Federación de Cooperativas Evita LTDA es una entidad que nuclea a más de 2000 espacios cooperativos y pre cooperativos a nivel federal” y se asegura que “buscamos institucionalizar y fortalecer en múltiples aspectos el trabajo de nuestras cooperativas de la economía popular en cada provincia y municipio del país”.

De ese total, al menos 49 cooperativas son Unidades de Gestión. Estas son los lugares donde los beneficiarios del Potenciar Trabajo deben realizar las 20 horas semanales de contraprestación obligatoria. También están a cargo de certificar la participación de los inscriptos en el Programa social y verificar el cumplimiento las tareas. Ochenta y cinco mil personas no lo hicieron y por esa razón fueron dados de baja por la ministra Victoria Tolosa Paz.

Dirigentes de la Coalición Cívica, liderados por Elisa Carrió, denunciaron el presunto desvió de casi cuatro mil millones de pesos a cooperativas vinculadas al Movimiento Evita (AP)
Dirigentes de la Coalición Cívica, liderados por Elisa Carrió, denunciaron el presunto desvió de casi cuatro mil millones de pesos a cooperativas vinculadas al Movimiento Evita (AP) (Daniel Jayo/)

La propia Federación a cargo de Onorato firmó dos convenios por $158.200.000 -resolución 236 de 2020- y la 144 por $2.043.440 del mismo año. El que gestionó la tramitación de los convenios fue el propio Pérsico desde su cargo en Desarrollo Social, un hecho prohibido por las disposiciones de Ética Pública por “incompatible” ya que él, hasta un año antes de ser funcionario nacional era miembro del Consejo de Administración de FECOEVITA. Por esa clara incompatibilidad, que está reñida con las disposiciones de Ética Pública, la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen en su contra.

En diálogo con Infobae, Pérsico reconoció que formó parte de la conducción de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, pero que había renunciado “un año antes de haber iniciado la tramitación de las resoluciones” un hecho insuficiente ya que como mínimo los funcionarios deben haber renunciado tres años antes de jurar como servidores públicos.

La misma resolución de la Oficina Anticorrupción realiza un repaso de los intereses que pudieran afectar el ejercicio de las funciones del Emilio Pérsico. La misma desarrolla “que el 12 de abril de 2019 fue designado Presidente del Consejo de Administración en representación de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LTDA (Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Consejo de Administración del 12 de abril de 2019)”, y no se excusó en la tramitación de los $162.000.000 ya mencionados párrafos arriba.

Los convenios con cooperativas, mutuales, fundaciones y otras organizaciones comunitarias vinculadas al Movimiento Evita, a través de la Federación que formaba parte Pérsico y es muy extensa. Los dirigentes de Elisa Carrió, que presentaron la denuncia penal, contabilizaron unos $1.664.632.400.

No obstante, dejan constancia de la existencia de “otros veinte convenios de la misma naturaleza, celebrados por la Secretaría de Economía Social, de la que el Sr. Pérsico es titular, con cooperativas vinculadas estrechamente al Movimiento Evita por un monto total de $1.981.526.920″. Una suma superior aún a la anterior, y es por eso que el legislador porteño Hernán Reyes y el resto de los firmantes le solicitan a la justicia que “investigue la intervención personal del Sr. Pérsico en cada uno de ellos”.

Entre esos acuerdos se destacan los convenios formados con la Asociación Civil Manos Comunitarias de General Rodríguez por $200.000.000.

En la presentación se destaca que el Movimiento Evita de esa localidad bonaerense “ha publicado videos en los cuales se destacan actividades de la Asociación Civil Manos Comunitarias de General Rodríguez, señalando que la misma pertenece al Movimiento Evita” y que “en particular, se destaca un programa de microcréditos”.

Día de la Lealtad Peronista movimientos sociales la matanza
“Entendemos que el Movimiento Evita estaría utilizando el financiamiento estatal para su desarrollo territorial y de presencia política, en un contexto de gran vulnerabilidad social en Argentina”, sostiene la denuncia Penal contra Emilio Pérsico (Télam)

Dos convenios por $200.000.000 y $100.000.000 con la Cooperativa De Trabajo Colonia Ferrari Limitada. Según los denunciantes, Marcos García es miembro referente de la cooperativa e integra el Frente Agrario del Movimiento Evita.

Un convenio por $124.900.000 con Ser.Cup.O. La organización forma parte del Movimiento Evita de Esteban Echeverría. Está vinculado a Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y referente del Frente Agrario Evita.

La lista es extensa y sigue hasta completar los de $1.981.526.920 que si se los suma a los 1.664.632.400 otorgados a las cooperativas que integran la Federación del Evita se llega a la suma de $3.646.159.320. O el equivalente a los 17 millones de dólares al cambio oficial.

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Cada vez que en los medios se publica una nota que cuestiona el accionar o manejo de fondos de los movimientos sociales, sus dirigentes se defienden al asegurar que son “estigmatizados” y que hay “un sector político y mediático que no tolera que persistamos en rearmar el tejido social que sus políticas y acciones han destruido”. Lo hizo el Movimiento Evita el miércoles pasado después que Infobae describiera una causa penal que ante la justicia federal presentó la Coalición Cívica, en la que se sospecha que casi cuatro mil millones de pesos fueron destinados a una Federación, cooperativas y mutuales vinculadas a esa organización popular que tiene al secretario de Economía Social como uno de sus líderes.

Ni en la nota anterior ni en esta se mencionan actos de corrupción, solo la justicia lo puede determinar. Sí, la enumeración de datos, extraídos de documentos oficiales, pone en foco la cuestión ética: ¿puede un funcionario que maneja un presupuesto de más de seis mil millones de pesos anuales ser quien autoriza los acuerdos con las cooperativas o Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo a las cuales él u otros dirigentes de su organización social está vinculado? Y que además, funcionarios a cargo del control de la asignación de partes de esos recursos integre la misma organización social.

La inquietud va más allá de Emilio Pérsico y se hace extensiva a otros dirigentes sociales que, como él, podrían estar de ambos lados del mostrador como Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos que también está relacionado con cooperativas de trabajo o, en el otro extremo ideológico, a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y dirigente de la Unidad Piquetera, organizaciones que también tienen Unidades de Gestión.

Evitar esa tentación podría evitar que, tal como sostiene la Coalición Cívica en su ponencia judicial: “Los referidos funcionarios públicos no solamente asignen con amplia discrecionalidad los recursos estatales, sino que también ocupan cargos en los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros para que de esa manera el círculo cierre de manera perfecta”.

Política y Economía

¿Motosierra o licuadora?: qué dicen los datos oficiales sobre cómo hizo el Gobierno para tener superávit fiscal

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Una pantalla muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, dando un discurso por cadena nacional por televisión, mientras varias personas cenan en un restaurante, en Buenos Aires (Reuters/Agustín Marcarian) (Agustin Marcarian/)

El pronunciado ajuste fiscal que el presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche como una hazaña a nivel mundial fue resultado de una combinación de ejecución de partidas por debajo del ritmo de la inflación, lo que licúa el peso real presupuestario de ciertos gastos, y la decisión del Poder Ejecutiva de recortar otro grupo de erogaciones. Licuadora y motosierra.

El jefe de Estado consideró que el resultado financiero superavitario del primer trimestre estuvo explicado “a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno”, dijo Milei, “en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’ y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país”.

“A diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno. En enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’ y no como dicen algunos a la licuación del gasto público” (Milei)

Incluso abundó que de los cinco puntos de déficit del Tesoro un 0,4% del PBI está explicado por la pérdida del poder de compra de las jubilaciones y el restante 4,6% fueron recortes de gasto que “la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Una práctica inmoral que explica buena parte el fracaso económico de las últimas décadas”.

“Haber logrado el superávit de la manera que lo hicimos, es decir priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo, es extremadamente importante porque les da sostenibilidad a las cuentas públicas”, dijo Milei, para responder uno de los cuestionamientos más habituales de los economistas: si este modo de recortar el déficit es sustentable en los próximos meses.

ajuste fiscal primer trimestre 2024 Equilibra
Fuente: Equilibra

Dos informes de consultoras privadas intentaron responder a la cuestión sobre si en el ajuste del primer trimestre del año pesó más el filo de la motosierra o la inclemencia de la licuadora. Para Equilibra, la consultora que fundó Diego Bossio y que encabeza Martín Rapetti, “poco menos de la mitad del recorte fue producto de una fuerte licuación de ingresos (jubilaciones, pensiones y salarios públicos), mientras que la otra mitad se debió al freno de la obra pública y de transferencias a provincias, menores subsidios y gastos de funcionamiento del Estado”.

En ese sentido, “el gasto en jubilaciones y pensiones (incluyendo contributivas y no contributivas) cayó 32,4% interanual real, explicando casi el 40% del recorte del gasto primario del primer trimestre. A pesar de haberse otorgado bonos mensuales extraordinarios a los jubilados de menores haberes, la jubilación mínima perdió casi 20% de su poder adquisitivo si la comparamos con el primer trimestre de 2023″, estimó Equilibra.

La radiografía que hizo ese centro de estudios sobre el ajuste de Milei: “En el segundo lugar del podio de los rubros que más incidieron en la contracción del gasto primario se ubicó el gasto de capital, que se derrumbó 86,8% interanual, explicando casi 22% de la caída registrada en el primer trimestre. El podio lo completan los subsidios económicos (-45,8% interanual), que explicaron 12,2% de la caída. En particular, los energéticos cayeron 50,6%, explicando 9,2% del recorte del gasto primario”, continuó esa consulta.

“Poco menos de la mitad del recorte fue producto de una fuerte licuación de ingresos, mientras que la otra mitad se debió al freno de la obra pública y de transferencias a provincias, menores subsidios y gastos de funcionamiento del Estado” (Equilibra)

Por último, calculó que “si bien el ítem del gasto corriente que más cayó fue el de transferencias corrientes a provincias (-76,3% real), dado su escaso peso en el total de las erogaciones, explicó sólo 6,2% del recorte del gasto primario. La contracción real de las remuneraciones rozó 20% i.a. (explicando el 7,4% del recorte), producto de la caída en los salarios reales y el recorte del empleo público”.

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Un análisis con las mismas caracterizaciones fue realizado por LCG, la consultora que fundó el ahora senador radical Martín Lousteau. “La base de la mejora del resultado fiscal responde enteramente al ajuste del gasto, que multiplica por más de 7 el ajuste que vienen reflejando los ingresos afectados por el contexto recesivo y por la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría (-35% vs -5% anual real, respectivamente)”, indicaron en un informe reciente.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo; el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el Vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.
Luis Caputo y Pablo Quirno, durante la cadena nacional de Milei

Por otro lado, estimaron que “algo más de un tercio del recorte del bimestre responde a un menor gasto previsional, y la explicación se eleva a 45% considerando el ajuste en el resto del gasto social. Tendemos a pensar que en estos casos pesa mucho más el efecto licuación que la ‘motosierra’”, consideraron desde LCG. “En el otro extremo la cancelación de obra pública explica el 20% de la caída del gasto, pero el ajuste en subsidios solo el 14% del total, en salarios públicos el 8% y en gastos operativos sólo 3%”, continuaron.

PPI mencionó que “el ajuste atribuible a la ‘motosierra’ en el primer trimestre del año fue 31,5%, siendo todo el resto explicado por ‘licuadora’ o cuestiones no sostenibles en el tiempo, como el retraso de pagos a Cammesa”

“A diferencia de lo comunicado por el presidente Milei, entendemos que la mejora fiscal respondió principalmente al efecto licuación (35% del ajuste se concentró en jubilaciones) y no a un recorte o aumento de la productividad del gasto. Esto vuelve un tanto endeble el resultado y deja dudas respecto a su sostenibilidad en el tiempo”, concluyeron.

Por su lado, Portfolio Personal Inversiones (PPI) hizo un análisis para sus clientes sobre el perfil que tuvo el ajuste del primer trimestre. “La ‘motosierra’ volvió a concentrarse en el gasto de capital y las transferencias corrientes a provincias, que fueron los únicos dos ítems que recortaron en términos nominales (-47,9% anual y -5,6%, respectivamente)”, indicaron. “Así, la caída restante del gasto de $1,4 billones se basó en la ‘licuadora’. Al respecto, el recorte se concentró prácticamente todo en jubilaciones, que explicaron 50,1% del ajuste”, calcularon.

Como conclusiones, PPI mencionó que “en definitiva, el ajuste atribuible a la ‘motosierra’ en el primer trimestre del año fue 31,5%, siendo todo el resto explicado por ‘licuadora’ o cuestiones no sostenibles en el tiempo, como el retraso de pagos a Cammesa”.

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Política y Economía

Marcha Universitaria Federal: crónica de una movilización de estudiantes para defender la educación pública

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La Marcha Universitaria leerá un comunicado para presionar al Gobierno y exigir un aumento del presupuesto (Caceres, Luis/)

Desde antes del mediodía, los primeros alumnos, docentes y personas autoconvocadas se empezaron a concentrar en Plaza Houssay. Es el corazón de un barrio universitario, donde coexisten las facultades de Medicina, Economía y Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de estudio que motoriza el reclamo por la falta de presupuesto para las 36 universidades nacionales. En esa zona confluyen la mayoría del mundo UBA, desde donde empezaron a caminar al Congreso. La Marcha Universitaria Federal, como se bautizó este reclamo, desplegó la movilización más convocante con reclamos al gobierno de Javier Milei.

La columna central que partió desde Plaza Houssay avanzó a las 15 en sentido hacia el Congreso. Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, vicerrector, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), y Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), encabezaban ese sector de la movilización. “Es la marcha estudiantil más importante de la historia”, destacó Yacobitti en declaraciones a la prensa.

Cerca de las 15:30, las diferentes columnas se congregaron en la plaza del Congreso. Allí había sido el punto de concentración de grupos piqueteros como el Polo Obrero, encabezados por Eduardo Belliboni, y la UTEP, dirigentes y militantes de la izquierda. Sobresalió la presencia de Myriam Bregman, diputada nacional, Christian Castillo,

marcha universitaria federal 23A - congreso plaza houssay
La marcha universitaria federal se llevará adelante en todo el país
(LUIS ROBAYO/)

Sin embargo, los dirigentes políticos presentes buscaron permanecer en terceras filas y no opacar a los organizadores. “La universidad pública es algo estratégico para Argentina y no hay razón para el cierre y para hacer este recorte en las universidades. Recién hoy el Gobierno mandó los primeros fondos para los hospitales universitarios. Un capítulo aparte para los salarios universitarios, que perdieron de diciembre un 36% de poder adquisitivo”, señaló Yacobitti en otro tramo.

Hay pancartas y banderas con múltiples consignas, unidas en un reclamo general: “En defensa de la universidad pública”. Desde Avenida Córdoba y, luego, por Avenida Callao, avanza la columna central de las universidad. El largo brazo de convocados confluirá en el Congreso, desde donde marcharán hacia la Plaza de Mayo. En ese hito histórico de la Ciudad de Buenos Aires se montó el escenario central.

El escenario fue montado a mitad de la plaza, con una bandera de Argentina de fondo con el mismo lema: “En defensa de la universidad pública”. Conforme supo Infobae, desde las 18 comenzará el acto y se espera que sobre el escenario estén únicamente representantes de las universidades nacionales. “No va a haber ningún político arriba”, le dijo a este medio una autoridad de la UBA.

Desde allí, los organizadores leerán un comunicado que consensuaron entre rectores, autoridades universitarias, alumnos, docentes y no docentes. “El eje del texto es exigir más presupuesto para la universidad, porque así no podemos seguir funcionando”, detalló una representante del movimiento estudiantil que participó en la elaboración del documento.

Está previsto que el texto lo lea Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad. Sobre el escenario también estará Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). También se subirán Ricardo Gelpi, rector de la UBA, y Emiliano Yacobitti, vicerrector.

marcha universitaria federal - congreso plaza houssay
Un grupo de alumnos de la UBA en la Marcha Universitaria

Para garantizar el orden público, Ministerio de Seguridad desplegó a las cuatro fuerzas federales. En la zona del Congreso Nacional intervinieron la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El protocolo de seguridad fue coordinado con la Ciudad de Buenos Aires, que despliega a la Policía local en el trazo de la movilización. Desde las universidades nacionales aseguraron que “la marcha será pacífica” y pidieron “no reprimir”.

Si bien la marcha de hoy moviliza a sectores de distintos partidos políticos y del sindicalismo, los organizadores de la marcha exigieron evitar cartelería partidaria. Pidieron llevar banderas argentinas para unificar simbólicamente el reclamo.

La marcha adquirió un cariz mayor cuando la semana pasada la CGT comunicó su adhesión al reclamo. Luego se plegaron las dos CTA y otras vertientes del sindicalismo. Lo propio hicieron los referentes políticos de la oposición.

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Desde la política, el kirchnerismo movilizará tanto a dirigentes de primera línea como a militantes ligados a la militancia universitaria. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se sumó a la marcha junto con parte de su elenco de gabinete y arengó: “Esto es parte de la historia de muchos de nosotros, por eso hay que defender la universidad pública”, expresó el mandatario de Buenos Aires en declaraciones televisivas y agregó: “Es impresionante la cantidad de gente que hay, es todo un pueblo”. Junto a él estuvo Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia.

Mientras que el Frente Renovador hizo lo propio. Sergio Massa, líder de esa fuerza, pidió a través de grupos de WhatsApp de su sello que hoy se movilicen y se trasladó personalmente a la Plaza de Mayo junto su hijo, Tomás Massa, y su esposa, la dirigente Malena Galmarini. “Vine a acompañar a mis hijos y a sus compañeros”, soltó el ex ministro de Economía ante la consulta de un cronista de A24. El dirigente optó por mantener un perfil bajo y no dio más declaraciones. Su presencia sobresalió como una reaparición pública en un evento masivo, tras las elecciones de 2023.

Quien también siguió de cerca la marcha fue Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación. Si bien no participó en la marcha, publicó en su cuenta de X su certificado de alumna de la Universidad Nacional de la Plata y el de Néstor Kirchner, ex presidente. “Educación pública para la igualdad de oportunidades”, escribió CFK y rememoró hitos de su gestión en materia educativa. Más tarde, salió a saludar desde un balcón del Instituto Patria a militantes que movilizaban a Plaza de Mayo.

marcha universitaria federal 23A
Los organizadores de la marcha leerán desde la Plaza de Mayo un comunicado para reclamar más fondos (LUIS ROBAYO/)

Mientras que la Unión Cívica Radical movilizó a diputados y senadores nacionales, dirigentes, militantes y alumnos correligionarios ligados a agrupaciones universitarias como la Franja Morada. “La universidad y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad. Como una sociedad de clase media, con ascenso social, lo que nos diferenció del resto de otros países a los que les costó mucho llegar al nivel universitario que tiene hoy Argentina. Y eso hoy está en riesgo porque el Presidente ataca la universidad”, sostuvo Martín Lousteau, senador nacional del radicalismo y presidente del Comité nacional de la UCR. Por parte de ese partido también se movilizó Facundo Manes, diputado nacional.

Por parte de la Coalición Cívica, partido de Elisa Carrió, se movilizó un grupo de dirigentes como los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, presidente del sello, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, así como Hernán Reyes, legislador porteño.

Los reclamos por la falta de presupuesto

La crisis del sistema universitaria se desató por el reclamo que encabezó la UBA por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la casa de estudios más grande del país y el resto de las universidades nacionales.

El conflicto se desató por la decisión de prorrogar el Presupuesto de 2023, que quedó licuado por la alta inflación. El Gobierno anunció el jueves una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell, dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.

En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.

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Política y Economía

Senado: un sector mayoritario del PRO ahora pide retrotraer la polémica suba de dietas

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El jefe del Pro en la Cámara alta, Luis Juez (Prensa Senado)
(Celeste Salguero/ Comunicacion S/)

Tras el polémico aumento de dietas aprobado días atrás en el Senado y el pedido de sesión especial realizado ayer por el kirchnerismo para discutir los haberes en todo el Estado, un sector mayoritario del Pro en la Cámara alta, que comanda Luis Juez, le solicitó a Victoria Villarruel que ponga fecha para ir al recinto con el fin de desactivar la discutida votación del jueves pasado, que llevará el haber de legisladores desde el mes próximo -a cobrar en junio- de más de cuatro millones de pesos en mano.

El reclamo del PRO es para que la Vicepresidenta y titular del Senado “tenga a bien convocar a una sesión especial en la fecha que considere pertinente” para tratar un proyecto de resolución que eliminaría lo votado el jueves pasado, de la cual el macrismo no convalidó en el recinto. Después de la sesión concretada días atrás, el partido se interesó con mucha insistencia en demostrar que no había acompañado la decisión de la mayoría cuando, en realidad, en otras ocasiones no pinceló una postura unificada sobre el tema.

Sobre el primer aumento que otorgaron de manera conjunta -y luego retrotrajeron- Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, en línea con la suba que se había otorgado para los trabajadores del Estado de febrero pasado, el único que presentó una nota a la titular de la Cámara alta para no cobrarlo -no era viable eso, salvo que lo donara- fue Juez.

Ahora, los seis legisladores argumentan que la “urgencia” del proyecto apuntan a “la importancia de demostrar ante la ciudadanía el compromiso de una mayoría de esta Cámara en acompañar la difícil situación que nuestro país atraviesa”. Lo que se preguntan en varios despachos del Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, es dónde quedó la agenda del PRO. “¿La primera vez que pedimos una sesión este año es por esto?”, deslizaron a Infobae.

Victoria Villarruel
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (Prensa Senado)

Lo que sí queda en claro es que, en medio de las volteretas del macrismo sobre dicha temática, lo único que generará es mayor presión sobre Villarruel, que en esta ocasión -más allá de suponer lo que iba a ocurrir con las dietas- no tuvo intervención, ya que fue una iniciativa presentada de forma exprés por distintas fuerzas y votada en menos de un minuto, sin debate.

Qué pasó el jueves pasado

Los senadores se subieron la dieta a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo, en una polémica votación sin debate y a mano alzada, que se habilitó en menos de un minuto y con dudas por la cantidad de legisladores que después salieron a aclarar, desesperados, para reafirmar su rechazo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Villarruel y Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.

Si de números se trata, el texto deja en claro que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo, como contó este medio el jueves pasado.

Qué pide el kirchnerismo

El bloque del Frente de Todos pidió este lunes una sesión especial para el jueves 2 de mayo con el objetivo de tratar un proyecto de la bancada opositora para que nadie en el Estado gane más que el Presidente, como adelantó Infobae el sábado pasado.

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La sesión especial además incluye la emergencia presupuestaria de universidades durante 2024 -elevar inversión a $5,8 billones-; el incremento progresivo de dichas partidas para llevar al 1,4% del Producto Bruto Interno hasta 2032; y la reglamentación del precio de adquisición de energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A.

José Mayans
El jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans (NA)

El bloque que maneja Mayans tiene 33 legisladores, a cuatro del quórum. Para concretar la reunión en el recinto necesitará la ayuda de la oposición no kirchnerista, donde se encuentran el PRO, la UCR, el peronismo disidente y bloques provinciales silvestres que se encuentran, semana a semana, en tironeos y negociaciones constantes con la administración nacional.

La iniciativa de Mayans fue presentada a inicios del corriente mes e impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 202.800 pesos, el del primer mandatario quedaría en 4.056.000 pesos.

En cuanto a autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo el concepto.

Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir poco más de $3 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.

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