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Política y Economía

Las listas opositoras pidieron la suspensión de elecciones de la CEB

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La contienda por el liderazgo en la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) se sumió en una encrucijada incierta. La lista Blanca emerge como la única sin bajas en su nómina de candidatos, mientras que las otras tres listas fueron descalificadas por la Junta Electoral, desatando una batalla legal antes de las elecciones previstas para el sábado próximo.

Las tres listas opositoras, la Azul, la Magenta y la Roja, presentaron un recurso de amparo solicitando la suspensión de las elecciones y la formación de una nueva junta electoral. Alegan parcialidad en la actual junta por su presunta afinidad con el oficialismo, encabezada por el presidente de la CEB, Carlos Aristegui, el secretario Claudio Poggi y la abogada Samanta Echenique, quienes también tienen vínculos con la lista Blanca.

En el centro del conflicto se encuentra la exclusión del 25% de los candidatos de las listas Magenta, Azul y Roja, quienes reclamaron ante el juez civil Santiago Morán. Argumentan que la Junta Electoral los dejó fuera del proceso participativo cooperativista, alegando irregularidades en la conformación de la junta y decisiones parciales en las descalificaciones de candidatos.

El enfrentamiento interno en la Cooperativa escaló en los últimos meses, con disputas sobre la convocatoria electoral, debates en torno al balance financiero y una denuncia penal por presuntas firmas falsificadas en informes contables.

Las impugnaciones resultaron en la descalificación de varios candidatos, incluyendo a Hugo Orsili de la lista Magenta, quien fue descalificado por su presunto conflicto de intereses relacionado con denuncias sobre el vertido de líquidos cloacales al lago, un problema atribuido a la propia Cooperativa.

Asimismo, una candidata de la lista Roja fue eliminada por su rol como funcionaria municipal, cargo que dejará próximamente. En la lista Azul, varios candidatos fueron impugnados por sus vínculos con la Asociación de Empleados de Comercio, a pesar de haber ocupado previamente cargos en la CEB sin objeciones.

Los demandantes del amparo sostienen que la interpretación selectiva de la Junta Electoral es sesgada y acusan al oficialismo, especialmente al intendente electo Walter Cortés, de estar involucrado en el proceso.

En su presentación ante el juez, señalan que la conformación de la Junta Electoral, dominada por el oficialismo, presenta incompatibilidades manifiestas que la invalidan. Piden la suspensión inmediata de las elecciones para corregir estas faltas y garantizar un proceso electoral legítimo y participativo.

El tiempo apremia, ya que continuar con el proceso electoral podría resultar en daños irreparables, según argumentan los solicitantes del amparo, quienes buscan asegurar la validez y transparencia del proceso antes del próximo sábado. (ANB)

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Política y Economía

El impacto en las inversiones de utilizar a la energía como botín de negociación política

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Imprevisibilidad e inseguridad jurídica son dos términos que no figuran en ningún manual del buen inversor. La puja entre los gobernadores petroleros y las amenazas cruzadas con el Gobierno no sólo sumaron incertidumbre al sector, sino que plantea de fondo un problema político y fiscal con un sistema de coparticipación que viene crujiendo en los últimos 25 años.

Luego de una semana de fuego cruzado con advertencias por parte de los gobernadores patagónicos de cortar la producción petrolera, denuncias judiciales y presentación de documentos por parte del Gobierno sobre la deuda chubutense, los mandatarios provinciales llamaron a una mesa de diálogo, acompañados por una resolución judicial que suspendió las retenciones a la provincia de Chubut.   

El punto de la discordia se inició cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de la frustrada Ley Ómnibus, advirtió que suspendería las exportaciones de crudo y gas si Nación no enviaba las partidas presupuestarias. El reclamo apuntaba a los $13.500 millones en concepto de fondos de coparticipación federal. 

Entre dimes y diretes finalmente el Gobierno acató el primer fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, y de esta manera intentó poner paños fríos al conflicto y finalmente le giró los fondos para el transporte, en el marco de la polémica por la coparticipación.

No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia ya advirtieron que el Gobierno nacional presentará “a la brevedad” un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, a raíz del fallo judicial que hizo lugar al pedido de Chubut.

La amenaza del Gobierno chubutense de cerrar el grifo a la producción y exportaciones de hidrocarburos tuvieron al principio cierto apoyo del resto de los gobernadores patagónicos, pero con el pasar de las horas ese respaldo se fue diluyendo porque técnicamente y jurídicamente la medida era inviable. 

Hoy Chubut produce más del 25% del total del crudo y 10% del gas a nivel nacional, y además posee yacimientos convencionales que requieren de técnicas asistidas de producción que no pueden ser suspendidas.

Los primeros en hacerle llegar el mensaje al mandatario provincial fueron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y Marcelo Rucci, titular del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, quienes desde un primer momento aseguraron que la actividad no iba a parar en Vaca Muerta.

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Consultado sobre este conflicto, Daniel Montamat, consultor y ex secretario de Energía de la Nación, señaló que “las provincias detentan el dominio originario de los yacimientos de petróleo y gas, según el artículo 124 de la Reforma del 94” pero “para que el petróleo y el gas dejen de ser recursos potenciales y se transformen en reservas explotables hay que hacer ingentes inversiones en exploración, desarrollo y explotación”. 

Y explicó que por eso, los Estados provinciales convocan inversores en Argentina bajo un régimen de contratos de concesión. “Estos contratos viabilizan la inversión y le otorgan a la empresa concesionaria el dominio útil del recurso explotado. El petróleo y el gas producido pertenecen al concesionario que puede disponer de ellos libremente para refinarlos o comercializarlo. La provincia no obtiene ningún ingreso mientras el dominio originario no se transforme en dominio útil. El petróleo y el gas bajo tierra pueden seguir durmiendo el sueño de los tiempos sin transformarse en recurso productivo”, dice.

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“La industria petrolera argentina ya ha alcanzado una velocidad de crucero que es muy difícil que este episodio pueda alterar”, dice Gerardo Rabinovich

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Sin embargo, Montamat aclaró que cuando el inversor los explota la provincia se beneficia apropiando parte de la renta del recurso natural (regalías, Ingresos Brutos, coparticipación de Impuesto a las Ganancias). Si el Gobierno provincial bloquea la explotación rompe las reglas y avasalla el dominio útil. Es un acto ilegal. Además de las consecuencias reparatorias del daño y las posibles derivaciones penales, disuade a potenciales y nuevos inversores a enterrar capital en determinada provincia. 

“Pero la provincia también perjudica su caja porque deja de apropiar renta. Por último, el bloqueo puede traer consecuencias operativas a la explotación. En definitiva, el principal perjudicado de un bloqueo productivo es el dueño del dominio originario, la propia provincia”, subrayó.

En opinión de Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Mosconi (IAE), “este episodio se ha desencadenado por amenazas sin sustento y respuestas provocadoras y destempladas”.

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“La industria petrolera argentina ya ha alcanzado una velocidad de crucero que es muy difícil que este episodio pueda alterar. El objetivo del millón de barriles / día en 2030 en crudo y 200 millones de m3/día de gas sigue firme mientras los precios internacionales sigan atractivos”, dijo.

En ese sentido, consideró que “ni las provincias ni la Nación están interesados en alterar este rumbo. Ninguna es dueña del botín con el que pretenden negociar del momento que las áreas están concesionadas y pocas empresas (YPF, PAE, Vista Total y Tecpetrol) concentran entre ellas el 75% o 80% del mercado. Creo que solamente una profunda crisis institucional podría alterarlo, y por el momento no parece que esto fuera a suceder”.

Desde el punto de vista técnico, Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, calificó muy complejo el cierre de la producción y exportación ya que podría ser muy perjudicial para los intereses económicos de la misma provincia.

“No parece muy viable ya que la explotación de los yacimientos la llevan a cabo los privados que tiene derecho a la libre disponibilidad de esos hidrocarburos una vez que son extraídos del subsuelo, donde rige la ley del dominio originario provincial, pero al estar concesionados son las propias empresas las que hacen usufructo de dicha producción”, destacó.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El Instituto de Energía de la Universidad Austral también fijó su postura sobre el tema. “Desde el punto de vista legal es imposible que Chubut corte con el suministro de petróleo y gas. La provincia estaría estableciendo una especie de aduana interior al no permitir la salida de los hidrocarburos, petróleo y gas de su territorio”, dijo su director, Francisco Romano.

Y sostuvo que “este tipo de acción directa no es factible desde un punto de vista legal. El Estado Nacional fija la política, mientras que la provincia es la dueña del recurso. Y como dueña, otorga derechos a empresas para la exploración y la producción. Esos derechos implican que la empresa es dueña del petróleo producido y entonces tiene la libre disponibilidad: puede venderlo y puede sacarlo del territorio”.

En esta línea, Romano planteó un interrogante: “Si nos quedamos sin petróleo, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a importar y esto significa un costo enorme para el país. Justamente va en contra de todo lo que se está haciendo en todos estos años, donde la Argentina lo que busca es la autosuficiencia y el autoabastecimiento en materia energética. Definitivamente, esta situación que hoy está generando la provincia de Chubut es muy mala para el país, para la economía general y para la seguridad jurídica”.

Desde un análisis más económico, el economista Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, resaltó que la medida no debería impactar con mucha fuerza específicamente al sector de la producción y de la fractura y perforación, que requieren desembolsos de relativa rápida recuperación. Pero sí afecta a las áreas de inversión que requieren horizontes de expectativas más largos, específicamente infraestructura de logística interna y de exportación.

Y remarcó: “Desde el costado inversor hay buenas expectativas en términos del potencial del sector gas y petróleo. El ajuste de la brecha y la desregulación de la exportación son bien recibidos. Pero para ser una realidad de mediano y largo plazo necesitan disiparse cuestiones centrales como la sustentabilidad política y social del plan económico”.

Ahora con la tregua de por medio, los gobernadores patagónicos dejaron a un lado las diferencias con el presidente, y lo invitaron a la cumbre prevista para el 7 de marzo en Puerto Madryn, donde se debatirá sobre la agenda productiva de la región. Pero antes, el primer mandatario inaugurará este viernes las sesiones ordinarias ante un Congreso que a estas horas aún no sabe si el discurso acercará las partes al diálogo o al enfrentamiento.

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Gobierno critica paro docente calificándolo de “inaceptable, polémico y preocupante”

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El Gobierno del presidente Javier Milei arremetió nuevamente contra los docentes este jueves, tras una infructuosa reunión en la que se discutían los reclamos salariales en la paritaria nacional docente. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, los gremios convocaron a un paro nacional para el próximo 4 de marzo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, no ahorró críticas y calificó la medida de fuerza como “inaceptable, polémica y preocupante”. Sin embargo, no se limitó solo a los docentes, sino que también apuntó contra el referente de los Camioneros, Pablo Moyano. “Es parte del pasado, de una dirigencia sindical que le hizo mucho daño a la Argentina”, disparó Adorni.

Las declaraciones de Adorni generaron polémica y rechazo por parte de los líderes sindicales, quienes denunciaron la falta de respuestas por parte del Gobierno en materia salarial. Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT, expresó su preocupación por los bajos salarios de los docentes y la falta de aportes.

Romero calificó la reunión con el Gobierno como una “pérdida de tiempo” y denunció la falta de propuestas por parte del Gobierno. Además, aseguró que el secretario de Educación carece de autonomía de gestión y que esta situación los obligó a tomar la decisión de llevar a cabo el paro.

Los gremios docentes, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), reclamaron un aumento del salario mínimo docente y la garantía de continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Hasta el momento, no han recibido respuestas por parte del Gobierno.

La situación se torna cada vez más tensa entre el Gobierno y los docentes, quienes ven en el paro una necesidad para hacer valer sus reclamos. Mientras tanto, el debate sobre la calidad educativa y el salario de los docentes parece alejarse cada vez más de una solución y la incertidumbre reina en las aulas del país.

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Política y Economía

En la previa del inicio de sesiones, un legislador oficialista señaló que Milei “debería mirar el ejemplo de Río Negro”

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La Legislatura rionegrina modificó el horario de la apertura de sesiones ordinarias que había sido anunciado a principio de semana para las 8 de la mañana. Será a partir de las 15. Una hora más tarde hablará Alberto Weretilneck con un discurso contextualizado en la puja política gobernadores patagónicos – presidencia. 

Este jueves el legislador y mano derecha del mandatario en el parlamento rionegrino, Facundo López, indicó que “será la oportunidad en que el Gobernador  planteará los ejes de gestión, pero seguramente hará hincapié también en el actual panorama nacional”.

“Lo que se debe buscar no es ir al agravio o con la soberbia de imponer, sino buscar los consensos y seguramente desde ese lugar será el discurso del Gobernador Alberto Weretilneck, indicando cómo hemos construido este Río Negro actual y creo que el método rionegrino debe ser utilizado y replicado a nivel nacional”, explicó en Canal 10.

En este sentido, el Jefe de bancada, expresó: “me parece que el Gobierno Nacional no está entendiendo eso, sino que está generando una centralización y haciendo una república cada vez más chiquita, el no respeto a las instituciones y a los cargos públicos electivos, porque los gobernadores sean o no del mismo signo político que el gobierno nacional fueron elegidos de manera legítima, tienen representación legítima y representan a una provincia, por lo que deben defender los intereses de su gente”. 

La última vez que Weretilneck se dirigió al conjunto de legisladores provinciales fue el último 10 de diciembre. Allí había planteado que el objetivo del gobierno era lograr consensos que le permitan gobernabilidad. “Todos tenemos que fortalecer la identidad rionegrina, aspiremos siempre al orgullo rionegrino”, sostuvo en aquella oportunidad.

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