Ese sector tiene una extensión de 650 km² y se caracteriza por producir petróleo y -mayormente- gas.
Este jueves, la Legislatura de Río Negro aprobó con mayoría la extensión del contrato de concesión del área hidrocarburífera “Agua Salada”. Esta nueva prórroga, otorgada a las compañías TECPETROL S.A. e YPF S.A., asegura la explotación de este recurso hasta 2035, prolongando el vencimiento originalmente previsto para septiembre próximo.
Ubicada en una extensa área de 650 km², “Agua Salada” es esencial en la producción de petróleo y gas en la región. Es el segundo recurso más relevante de la provincia, aportando alrededor del 18% de la producción total de gas de Río Negro, gracias a sus 44 pozos activos. Esta acción legislativa busca encaminar un futuro económico estable asegurando una inversión continuada.
La justificación para esta extensión fue presentada por la legisladora Lorena Yensen, del partido Juntos Somos Río Negro (JSRN). Ahí, destacó que ambas compañías destinarán alrededor de 22,5 millones de dólares a la realización de dos nuevas perforaciones, junto con la mejora y mantenimiento adicional de los pozos existentes. Yensen enfatizó la importancia del desarrollo económico regional argumentando que este contrato brindará un apoyo significativo a la economía regional y provincial.
Entre los beneficios pactados se encuentra un bono económico para la provincia, adicional a las regalías habituales. Este convenio establecerá aportes del 3% mensual de producción en conjunto con un bono único de 250 mil dólares, con el objetivo de ser destinatario en áreas críticas como salud y educación. Se hace patente que este dinero percibido a través del ‘bono de prórroga’ no está designado para gastos corrientes sino para proyectos estructurales en los municipios, favoreciendo así el desarrollo local.
Sin embargo, la propuesta no dejó de generar críticas. Magdalena Odarda (Vamos con Todos) remarcó que estos acuerdos son recurrentemente cuestionados por la falta de transparencia, el salto de auditorías públicas necesarias, y un bajo impacto socioeconómico local, que termina sin satisfacer las demandas de los ciudadanos más allá de no favorecer a la planificación municipal.
El representante Juan Martín (PRO) valoró la extensión como una oportunidad para utilizar las ganancias en tópicos clave del bienestar rionegrino, asegurando al menos una continuidad laboral en áreas convencionales donde las empresas que manejan el mercado no muestran interés. Este contrato enfatiza su compromiso con el sostenimiento del trabajo en empresas locales y la promoción de la renta provincial.
