“Ganaste pibe, disfrutá”. Luego de que el oficialismo decidiera enviar de vuelta a comisión la Ley Ómnibus, Miguel Ángel Pichetto le reconoció la victoria política a Germán Martínez, jefe de la bancada peronista.
Antes de comenzar a debatir los artículos relacionados con la privatización de empresas públicas, los libertarios ya se encaminaban a quedarse con una cáscara vacía, una ley sin todos los artículos que el Gobierno consideraba vitales. Volver a foja cero representa un traspié, pero seguir perdiendo artículos en el camino era inaceptable.
La votación de los primeros cinco artículos encendieron las señales de alarma. Se aprobaron seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa (hace un mes eran 12). Pero los problemas comenzaron con las facultades delegadas.
El radicalismo propuso una moción de orden para votar cada inciso por separado, dejando en claro que muchos puntos no reunían consenso. En concreto, ante la preocupación de los gobernadores, la oposición dialoguista quería evitar que el Gobierno tenga facultades para modificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos que impactan directamente en las provincias.
De hecho, el diputado de Hacemo Coalición Federal Nicolás Massot propuso una solución intermedia: agregar al final del inciso H que se excluían el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario Regional de Infraestructura. La sugerencia fue aceptada por el miembro informante.
Los primeros seis incisos salieron aprobados con los números cada vez más justos. Sin embargo, el punto H finalmente salió rechazado. Era previsible.
Pero hubo más sorpresas para el oficialismo. También se cayeron el inciso I, que habilitaba a regular y reordenar el sector energético; y el J, que apuntaba a fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.
“Facultades delegadas pero delgaditas”, había bromeado un diputado del radicalismo durante el cuarto intermedio. Ante la consulta de Infobae, una diputada del PRO explicó que “sin bases no hay delegación”, por lo tanto las emergencias en Energía y Seguridad se vuelven simplemente “declarativas”, es decir, sin aplicación concreta.
Los planes de Milei recibirían un segundo golpe en el capítulo de Reforma del Estado, ya que todos los incisos menos uno fueron rechazados. Solo el punto B reunió consenso: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
En tanto, fueron rechazadas las facultades de: regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional; centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional; suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional; intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional; y transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración.
“Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, había advertido con mucho fastidio Miguel Pichetto desde su banca, para luego ir más allá y pedir un cuarto intermedio para que los jefes de bloque se reúnan con el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Germán Martínez, jefe del bloque UxP, intentó ingresar a la reunión pero Martín Menem le pidió que primero lo dejara a solas con los presidentes de los bloques dialoguistas. “No hay que ir a una reunión a la que no te invitan”, se lamentó.
Oscar Zago, titular de la bancada libertaria, y Santiago Caputo, principal estratega del Gobierno y asesor cercano a Javier Milei, comenzaron a “porotear” votos para la privatización. Las cuentas no cerraban y finalmente Caputo anunció que el Gobierno retiraría el proyecto antes de que lo sigan “despedazando”.
“Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, planteó el comunicado de la Casa Rosada, dejando en claro a quién eligió como responsable del fracaso.
Minutos antes, una diputada del radicalismo anticipaba lo que ocurriría. “Seguramente echarán culpas para todos lados, es parte de su inmadurez política”, sentenciaba.
Sin embargo, para el radicalismo y otros sectores de HCF e Innovación Federal, “el Congreso sale fortalecido” porque consideran que Milei tiene que entender que “no puede avanzar a las trompadas”. “Hay un fortalecimiento de la política, el Congreso funciona, su reglamento se respeta y se usa”, sintetizaron.
Otros que festejaron fueron los peronistas, que desde el primer momento habían intentado frenar la aprobación del proyecto por todos los medios reglamentarios. Cuando se levantó la reunión se los vio sonrientes, cantando la Marcha Peronista por la escalera que va al tercer piso para una reunión de bloque.
“Cumplimos cuando firmamos el dictamen y cuando aprobamos en general, siempre buscamos dar gobernabilidad”, protestó un diputado de Córdoba tras escuchar que la Casa Rosada culpaba a los gobernadores.
Zago, el jefe del bloque libertario, se dirigía enojado a su despacho. Según reveló, iba a controlar quiénes se habían “dado vuelta” en la votación en particular. “No hubo compromiso de los que ya se habían comprometido”, dijo en referencia a las conversaciones de esta mañana entre Luis Caputo y algunos líderes provinciales.
Para muchos el problema fue que la sesión empezó sin un panorama claro de qué pasaría con los fondos para las provincias, golpeadas por el recorte de transferencias y la caída de la recaudación. Los diputados que responden a mandatarios provinciales seguían amenazando con proponer coparticipar una parte del impuesto PAIS. Por su parte, Luis Caputo les había prometido a los gobernadores, al igual que Guillermo Francos la semana pasada, que en los próximos días se juntarían a negociar la “cuestión fiscal”. “No confiaban, era solo un compromiso de palabra”, explicó un importante peronista anti K.
Tanto la UCR como Innovación Federal aseguran que siempre dejaron en claro cuántos de sus diputados estaban dispuestos a votar cada artículo en particular. “Con la reforma del Estado se habían comprometido a hacer más cambios pero mandaron la misma redacción, no hubo sorpresas, ellos sabían”, explicó una diputada de la Coalición Cívica, que también fue muy crítica de las facultades delegadas.
Los radicales, que también habían manifestado sus dudas sobre las facultades de intervención de entes públicos, se encontraron con que el lunes el Gobierno decidió intervenir todos los medios públicos en base al DNU. “La facultad de intervenir del artículo 5 tenía un peso la semana pasada y después tuvo otro”, explicaron. Algo similar a lo que sucedió con las facultades en materia de Seguridad, que quedaron bajo la lupa cuando la policía detuvo a militantes radicales que cantaban el himno en la vereda durante la primera jornada de debate.
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En la reunión de bloque que tuvieron al terminar la sesión muchos se mostraron hartos de los maltratos del Gobierno, especialmente porque recuerdan que la UCR aportó 32 votos para la aprobación en general y 28 para las facultades delegadas. “Solo 6 votaron en contra y siempre le blanqueamos a Menem que el grupito de Manes no iba a acompañar”, dijeron a Infobae.
En el oficialismo no hay certezas sobre cuándo y cómo continuará el debate de la Ley de Bases. Zago aseguró que buscará retomar el debate en comisión esta semana, ya que las sesiones extraordinarias fueron prorrogadas hasta el 15 de febrero. Otros reconocen por lo bajo que habrá que esperar hasta marzo.
“La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”, concluyó la Casa Rosada. Un mensaje elíptico que anticipa que ahora se abrirá una fuerte disputa ante la opinión pública.
El analista financiero Salvador Di Stefano, titular de la consultora SDS y conocido como “el gurú del dólar blue“, ha compartido sus predicciones sobre la cotización del dólar en el mercado informal para lo que resta del 2024, basándose en la política económica y las tendencias macroeconómicas actuales.
“Yo en diciembre/enero dije que había que vender los dólares. Estaba más cantado que el tango ‘Caminito’ que el dólar bajaba, lo que pasa es que la gente vive con Milei, pero sigue pensando como si estuviera el kirchnerismo”, planteó el Gurú del Blue en una entrevista con Radio Continental.
Inflación e Inflación: Di Stefano ha subrayado que la inflación es una de las variables principales que afectan el valor del dólar blue. En un contexto donde la inflación ha mostrado un aumento significativo, el dólar blue ha tendido a seguir esta tendencia, aunque no necesariamente a la misma tasa. Si el gobierno logra controlar la inflación, el dólar blue podría estabilizarse o incluso disminuir en relación a la inflación esperada.
Política Económica y el Cepo Cambiario: Con la administración deJavier Milei, Di Stefano ha sugerido un cambio en la mentalidad respecto a la política económica. Si el gobierno mantiene su rumbo de no emitir moneda y busca una restricción presupuestaria, el dólar no debería aumentar tanto como en administraciones anteriores. Sin embargo, si se levanta el cepo cambiario, Di Stefano ha advertido que el dólar podría dispararse hasta $3.000, lo que tendría un impacto significativo en la inflación y el poder adquisitivo de los argentinos.
Blanqueo de Capitales y Mercado Financiero: En el contexto de un blanqueo de capitales, Di Stefano ha observado una tendencia a la baja del dólar blue, ya que muchos venden sus dólares para blanquearlos en pesos. En este escenario, el especialista pronosticó que “el dólar blue va a estar en breve por debajo del dólar MEP y el contado con liquidación”.
La política de igualar el dólar CCL con el mayorista afecta negativamente a los productores agropecuarios, ya que pierden la oportunidad de vender a un dólar más alto. Esto podría tener implicaciones en la producción y en la economía rural, aunque Di Stefano no ha profundizado en cómo esto podría repercutir en el precio del dólar blue a largo plazo.
El Indec publicó hoy el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró un incremento mensual de 4,2%, en línea con las estimaciones más elevadas de los consultores y analistas del mercado.
Había algunas estimaciones más cercanas a 3,5% y el propio Gobierno esperaba poder, finalmente, perforar la pared del 4%. Pero no se pudo.
La inflación de julio fue 4%. La de junio había sido 4,6%. La de mayo, 4,2%. Por ahora, la línea de 4 es impenetrable para la delantera compuesta por Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili.
En agosto, la división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%) por las subas en alquiler de la vivienda y gastos conexos, suministro de agua y electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron educación (6,6%) por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza; y transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público.
La división con mayor incidencia en todas las regiones -excepto en la región GBA- fue alimentos y bebidas no alcohólicas (3,6%), donde se destacaron en algunas regiones los aumentos de Carnes y derivados y, en otras, las subas en verduras, tubérculos y legumbres.
En la región GBA, la mayor incidencia la tuvo transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron prendas de vestir y calzado (2,1%) y bienes y servicios varios (2,3%).
A nivel de las categorías, Regulados (5,9%) lideró el incremento -por las subas en las tarifas de servicios públicos-, seguida el IPC núcleo (4,1%), mientras que los estacionales aumentaron 1,5%.
A nivel interanual, la inflación fue de 236,7% y, en el acumulado anual, los precios ya subieron 94,8%.
La semana pasada Cristina Fernández de Kirchner escribió una nueva carta con críticas al programa económico, así como ideas sobre cómo el peronismo “se torció y se desordenó” durante el Gobierno pasado (posiblemente mientras ella estaba ocupada escribiendo otras cartas y dando charlas).
En sus reflexiones sobre la deriva del peronismo, CFK muestra señales de haber obtenido algunas lecciones de estos meses de Gobierno libertario. Entre otras, parece admitir que los intermediarios de planes sociales fueron un error que atenta contra “la universalidad” de las políticas de asistencia social y que el “Estado omnipresente” puede alcanzar dimensiones que lo vuelven “ineficiente e ineficaz”.
Hay que celebrar el reconocimiento de que pedirle más de 40% del PIB a la población para darle a cambio servicios malos más descalabro macroeconómico podría llegar a ser percibido como una estafa por una mayoría de votantes.
Sin embargo, en la primera parte del documento Cristina insiste en las ideas de política monetaria y cambiaria que generaron el problema del cual estamos tratando de salir hoy: la “restricción externa”, es decir, “la escasez de dólares” como responsables de la inestabilidad macroeconómica.
Que la economía argentina es bimonetaria lo sabemos todos. Pero esto es el resultado de años de castigar el poder adquisitivo del peso, no su causa. En la formulación kirchnerista, el bimonetarismo aparece como dato exógeno que parecería no tener ninguna relación con la emisión descontrolada de moneda y con su ancestro inmediato, el déficit fiscal.
Del mismo modo, las “corridas cambiarias” son presentadas como un evento externo, desvinculado de la emisión: la decisión de tener menos pesos en cartera no aparece como una consecuencia del valor esperado del activo “peso” o de que el BCRA provea más de este activo de lo que demanda la gente.
Esto lleva a pensar el problema como algo que ocurre en un mercado específico (el “del dólar”) como si este fuera un mercado de bienes a regularse, en lugar de un problema de la moneda “peso”, que pierde valor frente a todo. Así, el cepo se convierte en un instrumento necesario en lugar de excepcional; e incluso se advierte que entre 2019 y 2023 se fracasó en “administrar divisas”.
CFK no lo dice en su carta, pero economistas cercanos a ella incluso insisten en que hubiera sido mejor tener más controles aún, con más funcionarios estudiando y decidiendo el uso de dólares.
Como si la virtual administración del comercio exterior a través de permisos y licencias no automáticas en 2023 no hubiera sido suficiente muestra de la ineficiencia del sector público para este propósito, sin mencionar su enorme potencial para generar corrupción.
En contraste con este marco conceptual, durante los últimos 20 años muchos países de la región dejaron atrás el problema de la inflación y construyeron monedas estables. Lo hicieron sin cepos ni administración cambiaria, mediante el establecimiento de bancos centrales responsables, prudencia macroeconómica y poniendo el foco en el valor de la moneda doméstica.
En el caso de Perú, a pesar de una enorme inestabilidad política, el Banco Central de Reserva del Perú fue una institución firme que incluso logró revertir en gran medida el uso del dólar como depósito de valor preferido por la población.
En el caso de Chile, gobiernos de centro izquierda y centro derecha se alternaron respetando la independencia del Banco Central de Chile, así como reglas presupuestarias prudentes para moderar la influencia de precios volátiles de los principales productos de exportación.
En el caso de Brasil, Lula no dudó (en su primer mandato) en utilizar altas tasas de interés real ni tampoco en ajustar al sector público más allá de lo pedido por el FMI para anclar expectativas y mostrarse fiscalmente responsable.
¿Por qué es tan difícil en Argentina generar prácticas similares? Porque el objetivo de largo plazo -construir una moneda sólida y confiable- es constantemente subordinado a otros objetivos de política pública, como la actividad, el consumo, el empleo o satisfacer los pedidos de cada grupo de interés que obtiene partidas del presupuesto.
Las señales del Gobierno (o en su momento, del principal partido de oposición) terminan marcando siempre la misma dirección: si hay que elegir entre objetivos contrapuestos, siempre se va a aceptar más inflación antes que afectar la actividad o poner en riesgo las próximas elecciones.
La sumatoria de estas decisiones, año tras año, es la destrucción del peso y la creación de “la economía bimonetaria”.
Durante el Gobierno kirchnerista, no solo se eliminó cualquier independencia del BCRA sino que también literalmente se cambió su misión para que quedara bien claro que lo importante ya no era “preservar el valor de la moneda” (una “máxima neoliberal” comentó Página/12 en 2012) sino un montón de vaguedades impulsadas por el Poder Ejecutivo de turno.
Y por supuesto no podemos olvidar la intervención del Indec para falsear los datos de inflación así como muchas otras medidas en detrimento del mercado de capitales -estatizaciones, defaults, cepos y arbitrariedad- cercenando la capacidad del sector privado de construir mecanismos para que el sector público pudiera eventualmente obtener financiamiento genuino a largo plazo en moneda doméstica.
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Lo que aprendimos los argentinos en esas dos décadas es que siempre que las papas quemen, los tenedores de pesos van a ser el pato de la fiesta.
Paradójicamente, el Presidente que ganó las elecciones prometiendo dolarizar es quien ha puesto en marcha medidas que realmente contribuyen a recuperar credibilidad para el peso: reparando la hoja de balance del BCRA, proponiendo prudencia en la emisión monetaria y proporcionando señales de que el sector público puede operar sin requerir financiamiento permanente del Banco Central.
Son sólo los primeros pasos: falta mucho y construir credibilidad requiere años de esfuerzo sostenido.
Históricamente fue difícil para gobiernos mirando la próxima elección, pero quizá no lo sea tanto para un Gobierno que arriesga poquísimos escaños en el Congreso en 2025.
Quienes creen que una moneda nacional es una herramienta fundamental de política pública o un atributo indelegable de soberanía deberían pedir más, no menos, de este esfuerzo.