Un ciudadano argentino fue asesinado en un ataque terrorista este domingo por la mañana en el paso fronterizo del puente Allenby, que separa a Jordania de Cisjordania. La víctima fue identificada como Adrián Marcelo Podzamczer, un argentino-israelí que formaba parte de uno de los asentamientos cisjordanos que están ubicados a metros de la frontera.

También murieron Yohana Shchori, un hombre de 61 años que es padre de seis hijos y que vivía en el asentamiento cisjordano de Ma´ale Efraim, y Yuri Birnbaum, un hombre de 65 años del asentamiento cisjordano de Na´ama. Los tres hombres murieron luego de que un ciudadano cisjordano, identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, llegara a la terminal y abriera fuego con una pistola contra los empleados que trabajan en el cruce.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que el terrorista fue abatido unos segundos después del ataque. Según indicó Times of Israel, en un principio se temió que el camión estuviera cargado de explosivos, pero finalmente esa hipótesis se desestimó. El terrorista sí estaba armado.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel informó que luego del atentado en el puente Allenby se cerraron otros dos pasos fronterizos entre Israel y Jordania: el de Rabín y el del río Jordán. Los ciudadanos palestinos sólo pueden utilizar el paso del puente Allenby para entrar en Jordania desde Cisjordania, mientras que los israelíes suelen utilizar los pasos de Rabin y del río Jordán.

A fines de agosto, Israel lanzó una operación militar a gran escala en Cisjordania, invadiendo al menos cuatro ciudades al mismo tiempo (Jenin, Tulkarm, Nablus y Tubas), en lo que calificó como una “operación antiterrorista”. El operativo militar que aún perdura añadió tensión al territorio, donde los enfrentamientos entre colonos judíos y palestinos recrudecieron desde el ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre, que desembocó en la actual guerra en Gaza.

Desde el ataque de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre, Israel ha llevado a cabo incursiones casi diarias en toda Cisjordania. Más de 650 palestinos murieron en Cisjordania por acciones del ejército desde el 7 de octubre, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales palestinos.

Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela con un salvoconducto concedido “en aras de la tranquilidad y paz política”, después de pasar “varios días” refugiado en la Embajada de España. El país europeo le dará asilo, según informó el sábado la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez.

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“El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político”, escribió la funcionaria en su cuenta de Instagram.

Además, Rodríguez explicó que los Gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los “contactos pertinentes” y, “en apego a la legalidad internacional”, se le concedió al opositor el salvoconducto correspondiente para poder abandonar la sede diplomática y viajar hacia el país europeo.

“Esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha primado en la actuación de la República Bolivariana de Venezuela en la comunidad internacional”, resaltó la vicepresidenta. También indicó que en las próximas horas se brindará más información sobre el asunto.

Por su parte, el canciller español José Manuel Albares ratificó que “Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas”. “El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos”, agregó a través de un posteo en la red social X.

Después de las elecciones del 28 de julio, en las que el ente electoral otorgó la victoria a Nicolás Maduro, se desató una fuerte crisis política. La oposición asegura que fue González Urrutia quien ganó, afirmación que respaldó con las copias del “83,5 % de las actas electorales” que fueron recolectadas por miembros y testigos de mesa. El Ejecutivo afirma que estos documentos son falsos.

Bella Nilsson, una empresaria sueca que se autodenominaba la “reina de la basura”, ha sido llevada a juicio junto a otras 10 personas por delitos medioambientales graves, en el mayor caso de este tipo en la historia de Suecia. Nilsson, quien ha cambiado su nombre varias veces y ahora se llama Fariba Vancor, era la directora ejecutiva de la empresa NMT Think Pink, especializada en gestión de residuos. La compañía es acusada de arrojar ilegalmente 200.000 toneladas de basura en 21 sitios diferentes entre 2015 y 2020.

Sustancias tóxicas y daños al medio ambiente

Según los fiscales, los residuos mal gestionados por la empresa liberaron sustancias peligrosas como plomo, arsénico, mercurio y químicos cancerígenos, contaminando el aire, el suelo y el agua. En un caso, un vertedero de Think Pink cercano a una reserva natural se incendió espontáneamente, ardiendo durante dos meses.

Nilsson, que había sido reconocida por su labor empresarial, insiste en que actuó conforme a la ley. No obstante, los fiscales argumentan que NMT Think Pink no tenía la capacidad ni la intención de manejar los residuos de manera adecuada según la normativa ambiental.

El escándalo detrás de “Think Pink”

Entre 2018 y 2020, las bolsas rosas de construcción de Think Pink, ofrecidas a precios competitivos, eran una imagen común en Estocolmo. La empresa fue contratada por constructoras, municipios y particulares para deshacerse de todo tipo de materiales, pero, según la acusación, no separaba los residuos y los arrojaba de manera ilegal.

A pesar de la quiebra de la empresa en 2020, los fiscales sostienen que Nilsson y otros directivos utilizaron documentos falsificados para engañar a las autoridades y generar ganancias que fueron desviadas para fines personales.

Consecuencias y demanda de indemnización

El impacto de estos crímenes ha sido devastador. Varios municipios afectados han solicitado una indemnización de 25,4 millones de dólares para limpiar los residuos y descontaminar las zonas dañadas. El municipio de Botkyrka, al sur de Estocolmo, exigió cerca de 12 millones de dólares después de haber gastado mucho más en la retirada de los residuos.

El caso ha generado gran preocupación por los efectos a largo plazo en el medio ambiente. La fiscal Linda Schon advirtió que “las próximas generaciones pagarán por este crimen”, subrayando que el daño completo podría no ser evidente hasta dentro de varios años.