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Los roles que cumplían los detenidos en la causa «La Razón de Vivir», según la denuncia

El mediático Marcelo «Teto» Medina cumplía el rol de ser «la cara visible y pública» de la organización La Razón de Vivir, la cual contaba con distintos roles y tareas específicas, según la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La denuncia precisa que en el rol de director general, Néstor Ezequiel Zelaya, se encargaba de «coordinar la asociación; establecía contactos y realizaba apariciones en los medios de comunicación. Además, fijaba los aranceles a cobrar a las víctimas y sus familias; coordinaba la internación de nuevas víctimas; indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato, incluido el sistema de castigos y la prohibición de salir del establecimiento; indicaba la forma, condiciones y tipo de trabajos forzosos», entre otras tareas.

Además, se lo acusa de elaborar «los discursos con promesas falsas que debían transmitirse para captar víctimas; evitaba que los pacientes tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescripta por un médico autorizado, si eso ponía en peligro la continuidad de la actividad. Por último, determinaba cuándo podían egresar las víctimas de forma definitiva».

Según esta acusación, la organización contaba con tres quintas y cada una tenía un director. Eduardo Humberto Zelaya dirigía la quinta 1; Mariano Jorge Torchia, la quinta 2 y Jorge Alberto Basilico, la quinta 3.

De acuerdo a la denuncia, la tarea en este caso consistía en «ejecutar las órdenes del director general; controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores; comunicar las promesas engañosas y cobrar los aranceles; controlar la quita de medicación que pudieran tener las víctimas al ingresar; persuadir a las familias para evitar que soliciten su externación; evitar que las víctimas comunicaran a sus familias las
condiciones de su servidumbre
y trabajo forzoso, capturar nuevamente a las víctimas en el caso de huida; hacer que algunas víctimas ingieran medicamentos sin prescripción médica y en secreto mezclándolos con sus bebidas, ejercer violencia física, psicológica y simbólica sobre las mismas y ejecutar los castigos impuestos a ellas».

En cuanto a la administración, era supuestamente ejercida por Rosana Elizabeth Gómez y Rubén Ernesto Durán, y consistía «en realizar los cobros mensuales de las familias; acatar las directivas de los directores y el director general; gestionar y recibir el dinero que las familias enviaban para insumos y provisiones para las víctimas para luego desviarlo al acopio de la organización».

En tanto, quienes desempeñaban la tarea de operadores-coordinadores eran Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón. Ellos, se afirma en la denuncia, «ejecutaban las disposiciones de los directores; se aseguraban la presencia de uno de ellos todos los días a toda hora para controlar las acciones de las víctimas; custodiaban el acopio de medicamentos; controlaban las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias; ejecutaban y controlaban los castigos; informaban a los directores las manifestaciones negativas de las víctimas sobre la servidumbre para luego reprimirlos públicamente o castigarlos; controlaban la ejecución de los trabajos forzosos y las condiciones de servidumbre de las víctimas».

La tarea de cobertura mediática y en redes sociales que era ejercida por Marcelo José «Teto» Medina, «el cual era la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación».

También lo acusan de «mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre». La cobertura policial, en tanto, habría sido ejercida por Tatiana Lorena Lanza, «quien se valía de su condición de personal policial de la provincia de Buenos Aires del partido de Florencia Varela, para imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos».

El rol de sostener la promesa falsa de tratamiento psicológico habría sido llevado adelante por Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli, quienes «ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas».

Y por último, el rol de captación de víctimas era supuestamente llevado a cabo por Sonia Elizabeth Córdoba, «quien contactaba posibles víctimas por distintos medios».

Agencia Télam.

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