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Lousteau cuestionó el nombramiento de Lijo y García-Mansilla por decreto
El senador Martín Lousteau se refirió al nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema y señaló que se trató de un “un mamarracho jurídico y un zafarrancho institucional”. “Si lo hubiese hecho cualquier presidente con el que no coincide ideológicamente, tendría esta posición”, expresó en LN+.
Además declaró: “Ahora, los dos miembros de la Corte Suprema van a estar temporalmente hasta el 30 de noviembre del año que viene y después el Presidente puede decidir si le renueva o no. Están ahí a tiro de decreto, entonces, que me expliquen cómo pueden tener independencia real del Poder Ejecutivo, que es lo que se necesita. No tiene que depender”.
“En el caso de García-Mansilla, además, vino al Senado y en la audiencia dijo que él no aceptaría ser nombrado de esta manera, así que me parece de una gravedad adicional. O mintió, y es un juez al que no le importa la verdad, o el Gobierno lo presionó lo suficiente y cambió de opinión, lo que lo convierte en presionable”, cerró.
A días de la asunción de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay, seis diputados argentinos que fueron invitados confirmaron que estarán presentes en la ceremonia. Ellos son Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Gustavo Bordet, Sabrina Selva, Victoria Montenegro y Ernesto Alí.
En la previa de la asunción de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, integrará el foro “Democracia, desarrollo e igualdad en un mundo en transformación”. También participarán Gabriel Boric, presidente de Chile; Francia Márquez y Yolanda Díaz, vicepresidentas de Colombia y España respectivamente; Gleisi Hoffmann, presidenta del Partidos de los Trabajadores (PT) de Brasil; Luisa González, candidata a la presidencia de Ecuador; y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio del país anfitrión.
El mensaje generó una oleada de respuestas en la red social X: “¿Pero si lo firmaste vos?”, decían cientos de respuestas, que se acumulaban una tras otra, a continuación del posteo original: “Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis”. Quien daba la información era justamente el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el abogado Diego Spagnuolo. El mensaje apareció luego de una polémica resolución publicada en el Boletín Oficial, que llevaba su firma, y que incluía términos como “imbécil”, “idiota” y “retardo mental”.
Se trata del baremo con el que se pretendía fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Ante el repudio colectivo de las familias y las organizaciones y especialistas, el Gobierno decidió dar marcha atrás y modificar el texto, aunque no las condiciones que se establecieron en el baremo.
Spagnuolo salió a dar explicaciones en la red social X, desde Israel, en un viaje oficial, donde se encontraba el funcionario cuando se desató la polémica. Primero, con un mensaje en el que aseguraba que se trataba de un error, y que se había impulsado una investigación interna: “En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial. Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos de una terminología obsoleta”, escribió.
“El Presidente viola la Constitución. La Corte Suprema lo avala. Qué difícil va a ser la reconstrucción de este país. Están rompiendo todo. Inviable. Es el peligroso camino hacia el autoritarismo. Ojalá la dirigencia política, sindical y social no legitime esta barbaridad. Sino serán cómplices”, escribió Ari Lijalad en X.
“Estimado periodista kirchnerista, le recuerdo que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la potestad de juzgar la constitucionalidad de las medidas que toma el Poder Ejecutivo. Su opinión, además de ser irrelevante para la actual Administración y para el resto de la sociedad, es también ilegítima por haber sido cómplice de la verdadera destrucción del país, cuya reconstrucción ha emprendido el Presidente Milei. Saludos.”, fue la respuesta del ministro de Justicia.
Por Cecilia Devanna
Este sábado, el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel volverán a verse después de casi cuatro meses sin hacerlo y sin que hayan desaparecido las diferencias. Será en la apertura del año legislativo, en el Congreso de la Nación y porque no queda más opción. En el Gobierno lo describen como un saludo “institucional”. Nada más. Y la prueba de esa relación quebrada es que Villarruel no fue invitada a la cena posterior que se celebrará en la Casa Rosada y a la que sí fueron invitados todos los miembros del Gabinete y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Villarruel está completamente marginada del Poder Ejecutivo desde hace meses y, más aún, del núcleo cercano del presidente. Su último vínculo con la Casa Rosada es Guillermo Francos, el hombre más dialoguista del Gobierno. “Es imposible llevarse mal con Guillermo”, como definen siempre en el Gobierno.
La última vez que el presidente y su vicepresidenta se vieron personalmente fue en noviembre pasado, en un acto de la Policía Federal. La distancia entre ambos ya era grande en aquella oportunidad, por una larga lista de diferencias, pero se agudizó aún más en las semanas que siguieron. Entre los episodios que se sumaron al desencuentro sobresalió la decisión de Villarruel de presidir la sesión del Senado que destituyó al senador Edgardo Kueider, un peronista aliado al oficialismo que fue detenido en la frontera de Paraguay con 200.000 dólares sin declarar. El Gobierno le reprochó que Villarruel presidió la sesión cuando Milei estaba de viaje y, por lo tanto, la vice se encontraba en ejercicio de la Presidencia. Por lo tanto, no podía encabezar la sesión del Senado. Otro motivo de enfrentamiento fue cuando se quejó de que ganaba “dos chirolas”, frente a la presión de la Casa Rosada por reducir los gastos del Congreso.
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió este jueves al crimen de Kim Gómez, la niña que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en La Plata. “Hay algunos que lo usan para ganar un voto”, señaló el mandatario provincial. Además, volvió a reclamarle al Gobierno nacional por fondos para la seguridad.
“Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Me pasó hace poco tiempo que cuando fui reelegido había hechos de inseguridad. Hay algunos que usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor, ver si pueden sacar una ventaja y la verdad que se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto”, declaró.
Además, Kicillof sostuvo que el delincuente “estaba suelto y tenía que estar preso”. El mandatario provincial hizo estas declaraciones durante su cuarta conferencia de verano en el Partido de la Costa junto al intendente local, Juan de Jesús, los ministros de Salud y de Ciencia e Innovación bonaerense, Nicolás Kreplak y Augusto Costa, y la presidenta del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout.
Kim Gómez murió cuando dos delincuentes menores de edad robaron el auto de su madre y la arrastraron por varias cuadras. Su crimen fue enmarcado dentro de varios hechos de inseguridad que ocurrieron en el último tiempo en la provincia y que funcionaron como un reclamo directo hacia Kicillof. Ante ello, y las críticas de la oposición, es que el mandatario provincial se refirió al hecho y aseguró que desde la provincia acompañan a la familia.
“Son días tristes. Me voy a referir brevemente al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia. Nos tiene con dolor y tristeza, a toda la sociedad. La primera respuesta, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes. El área de Justicia y el área de Seguridad de asistencia a las víctimas acompaña a las familias en su dolor. Es lo que corresponde”, detalló.
También se refirió a los dichos de varios políticos que afirman que “no habla de seguridad”. “Es absolutamente falso. Hablo de hechos. Hoy no es día de hablar de estadísticas, datos técnicos. Es momento de acompañar a las familias”, apuntó. Allí hizo referencia a aquellos que reclamaron al gobierno provincial por el crimen: “Lamento muchísimo la bajeza de estos días. Se que es campaña electoral. Me pasó hace poco, de hechos de inseguridad en campaña. Algunos usan esto para lograr un voto, lucrar con el dolor, sacar una ventaja. Se han traspasado todos los límites en esta ocasión”.
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Por Alejandro Horvat
La Resolución 187 publicada en el Boletín Oficial, que usó términos considerados discriminatorios y ofensivos, como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, para referirse a distintos grados de discapacidad, generó enojo y rechazo en la comunidad médica y en el ámbito de las asociaciones de personas con discapacidad.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuestionó la falta de actualización en la documentación emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la ausencia de un enfoque acorde a las normativas internacionales. “Si necesitan un baremo para evaluar la incapacidad laboral, deberían buscar uno que esté adecuado o elaborar una documentación con concepciones actualizadas”, enfatizó.
Por su parte, Marcelo Cetkovich, jefe del Departamento de Psiquiatría y Director Médico de INECO, calificó la normativa como “retrógrada y estigmatizante”, y advirtió que el uso de terminología desactualizada “interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad”.
Mientras que Hugo Cohen, psiquiatra y ex asesor en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud entre 2000 y 2015, sostuvo que “las categorías anteriormente utilizadas han quedado abolidas” y que el lenguaje debe ajustarse a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad.
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Por Javier Blanco
El calendario corrió, la fecha marcada llegó y, con ella, la línea de largada fijada por el Banco Central (BCRA) para los pagos bimonetarios con tarjetas de débito.
Hay que recordar que, a medidos de enero y con el propósito de que los comercios que quieran aceptar pagos en dólares por este medio puedan hacerlo, esa entidad dispuso por la Comunicación “A” 8180 que “los adquirentes y subadquirentes (las empresas que intermedian entre el comercio y los clientes para procesar pagos) desarrollen y pongan a disposición las herramientas necesarias para que ello ocurra antes del 28 de febrero”.
Esto quiere decir que, a la opción de pagar en pesos, desde ahora debería anexarse la posibilidad de hacerlo en dólares, según prefiera el consumidor en función a sus opciones de liquidez o a los incentivos de precio que reciba para manejarse en una u otra moneda, dado que el valor al que se realiza el cambio lo define el oferente.
A su vez, los consumidores no necesitarán gestionar nuevos plásticos: la o las tarjetas de débito que tengan vigentes, siempre que haya una cuenta en dólares a nombre del mismo titular, quedarán vinculadas para poder realizar pagos en esa moneda.
El proceso será el mismo, solo que para poder usarlo será preciso que tanto el consumidor como el comercio vendedor tengan activa una caja de ahorro o cuenta en dólares, ya que el primer paso será seleccionar la moneda en la que se abonará.
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Javier Milei había dicho que instruiría a la Oficina Anticorrupción (OA) para que lo investigue por el caso $LIBRA. Ya fue llamativo en ese momento que el Presidente eligiera un organismo que pertenece al propio Poder Ejecutivo para que revisara sus acciones y determine si hubo o no una estafa cuando promocionó la criptomoneda que cayó al rato y cuyos fondos millonarios en dólares quedaron en manos de unos pocos que se sospecha recibieron información privilegiada.
Sin embargo, el Gobierno avanzó en ese sentido y este miércoles se difundió la designación de María Florencia Zicavo al frente de la pesquisa.
Zicavo es mano derecha del ministro de Justicia mileísta, Mariano Cúneo Libarona. Según consta en documentación oficial, fue designada el 23 de mayo de 2024 como titular de la Unidad del Gabinete de Asesores del ministro y en el organigrama de esa cartera aparece secundándolo.
Las redes sociales de esta abogada están cerradas y sobre ella hay información disponible en la web de cursos que dio sobre derecho migratorio. También es coautora del libro Régimen Migratorio y de Ciudadanía Argentino, declarado de interés por la Legislatura porteña.
Ahora, a través de la resolución 72/2025, Milei la designó como cabeza del equipo que se encargará en el Poder Ejecutivo de la causa $LIBRA, por la que el Presidente ya fue denunciado en la Justicia argentina y, también, en la de Estados Unidos; en tanto ya tuvo su correlato en el Congreso, con pedidos de interpelación y de juicio político.
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Laa vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aterrizó este jueves en Buenos Aires y eligió como primera actividad un evento con dirigentes sindicales en la sede de CTERA, donde aseguró que el escándalo de la memecoin $LIBRA que involucra al presidente, Javier Milei, es un hecho “grave” que debe ser sujeto a investigación y afirmó que la extrema derecha en el mundo tiene como objetivo “acabar con los derechos laborales de la gente y empobrecerlos” así como también “destruir el feminismo y el sindicalismo”.
“Los hechos que hemos conocido [sobre el caso $LIBRA] son graves, aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer ante los hechos graves es proceder a su investigación. Quedamos a la espera del resultado de la misma”, respondió Díaz en una conferencia de prensa a la que asistió LA NACION.
Su comentario llega un día después de que el diputado español Gerardo Pisarello, miembro de SUMAR, partido que Díaz fundó, presentara una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid contra Hayden Davis y su familia para que sean investigados por presuntos delitos detrás de $LIBRA. Sin mencionar si estaba al tanto de esta denuncia previamente, Díaz coincidió en que la cuestión debía ser investigada.
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Por Fabiola Czubaj
Un centenar de organizaciones se movilizan este jueves a la Plaza de Mayo en una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública. En el #27F, jornada que se combinará con otros reclamos, denunciarán que el sistema sanitario está “en emergencia”, con problemas de acceso a la atención o la cobertura de tratamientos asociados con el proceso de descentralización y desregulación que impulsa el Gobierno.
La convocatoria es para las 16 frente a la Casa Rosada, pero a partir de las 15 se concentran algunas agrupaciones en los alrededores de la cartera sanitaria nacional, avenidas 9 de Julio y Belgrano, con “los despedidos del Ministerio de Salud y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer”, informaron los organizadores, entre los que están sectores sindicales y políticos más combativos.
Entre los que no adhirieron está la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) –en mesa de diálogo con Salud por la no renovación de contratos en hospitales nacionales– y la Confederación Médica de la República Argentina (Comra), según relevó al momento este medio. En tanto, Cicop-Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa)-CTA y juntas internas en hospitales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ATE Ministerio de Salud, entre otros. En las provincias, las convocatorias serán a distintas horas.
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Por Lucila Marin
La CGT suspendió el paro nacional docente para el próximo 5 de marzo, mientras que CTERA mantiene la medida de fuerza para el primer día hábil de la semana próxima cuando comenzarán las clases las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Habían ratificado la medida de fuerza el lunes pasado luego de rechazar la propuesta del Gobierno llevar el salario docente de media jornada a $500.000 a partir de febrero. Ahora, la CGT informó que “se dio un acercamiento” entre el Gobierno Nacional y las entidades sindicales docentes de la CGT, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Unión Docentes Argentinos (UDA). De esta forma, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reúne a los gremios de maestros de las diferentes provincias.
“Estas negociaciones obligan a las partes a negociar de buena fe. Los sindicatos docentes suspendemos la medida de fuerza planteada para el día 5 de marzo, siendo que la negociación colectiva es garantía de paz social”, señalaron. Y agregaron que los sindicatos quedan en “estado de alerta esperando la convocatoria en tiempo y forma”.
Según señalaron, “producto del acercamiento” los sindicatos proponen discutir en el marco de la paritaria nacional: el fortalecimiento docente, la infraestructura escolar para las provincias, la participación de los gremios docentes en las próximas Asambleas del Consejo Federal de Educación, los traslados de docentes entre jurisdicciones, la convocatoria a discutir el salario mínimo docente garantizado durante el presente trimestre y la apertura
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“En el fondo yo estaba a las puteadas y la hubiera mandado a la mierda [a Patricia Bullrich], pero no creo que sea bueno para la Argentina que los políticos lo hagamos. Efectivamente creo que se necesita un acuerdo. Mi convicción es que la agresión no es lo que el país necesita”, dijo el exjefe de Gobierno porteño a CNN.
“Tengo las bolas llenas de esos insultos. Sigo creyendo que hay que terminar con la grieta”, agregó. Y reconoció: “Con el diario del lunes, debería haber sido más genuino. Venía de años de caminar por la calle, de estar con la gente, de reuniones con vecinos. Pasé de eso a ser el político que venía con subtítulos”.
El anuncio no hizo más que caldear los ánimos. No solo por lo que establece la resolución que publica el Gobierno en el Boletín Oficial, para fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Sino por los términos que usa para referirse a la discapacidad intelectual. Términos como “idiota”, “imbécil”, que dejaron de usarse hace más de 50 años, sino que lo llama “retardo mental”, cuando desde hace mucho tiempo se pasó a llamar “retraso mental” para luego ser reemplazado, por recomendación del DM5, el Manual de Psiquiatría Norteamericano por el concepto de “discapacidad intelectual”.
La publicación en el Boletín Oficial generó indignación entre las familias y organizaciones que abordan la discapacidad. “Es una barbaridad. Esto es de principios del siglo pasado. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del coeficiente intelectual (CI). A partir de entonces, cuando se quieren establecer categorías dentro de la disminución intelectual, se utiliza el rango del CI. Pero esto no es más que parte del atropello que vienen sufriendo las personas con discapacidad por parte de este Gobierno, no es casual. Es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad. Es indignante”, apuntó Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde representa a Aiepesa, una entidad civil que nuclea instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales, dedicadas a la atención de personas con discapacidad.
“Además, lo que más indigna es que esto sale firmado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que es quien debería representar los derechos de las personas con discapacidad, y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006″, agrega Maidana.
LA NACION se comunicó con los voceros de la ANDIS, pero hasta el momento no habían dado una respuesta.
“El Gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad”, publicó en su cuenta de X el abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, Julián Bollain.
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Por Sofía Diamante
Pese a ser un año electoral, el Gobierno está decidido a regularizar el sistema tarifario después de años de emergencia económica. A partir de abril, se aplicará un esquema de aumentos que, si no sucede ningún evento disruptivo, debería durar cinco años. Las tarifas de Edenor y Edesur subirían todos los meses según una fórmula automática de ajuste vinculada a la inflación. A cambio, ambas empresas se comprometerán a realizar inversiones por al menos US$2000 millones en conjunto para mejorar la calidad del servicio.
La revisión quinquenal tarifaria (RQT) debió haberse implementado desde el inicio de la concesión del servicio de distribución eléctrica, en 1993. Si hubiese habido una macroeconomía estable en los últimos 30 años, el sector hubiese llevado adelante seis RQT. Sin embargo, debido a las emergencias económicas aplicadas, solo se implementaron dos y ninguna de ellas se cumplió, sino que fueron interrumpidas por congelamientos de precios.
Tras un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei busca normalizar el sistema tarifario. Para ello, hoy se llevaron adelante las audiencias públicas para debatir la nueva RQT. Las empresas de distribución pidieron un aumento en la boleta final de 8% y ajustes mensuales para que la tarifa no se atrase con la inflación. Este incremento se suma al pedido de 2% que hicieron las empresas de transporte eléctrico.
De avanzar con las solicitudes conjuntas de 10%, la Secretaría de Energía autorizaría que se lleven adelante de manera escalonada, de forma de no generar presión sobre la inflación. Adicionalmente, el Gobierno también seguirá reduciendo subsidios, lo cual impactará en el precio que pagan los usuarios de generación eléctrica.
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Por Maia Jastreblansky
En los pasillos de la Casa Rosada no lo ponen en duda. El Gobierno tiene previsto invitar tanto a Manuel García-Mansilla como a Ariel Lijo al discurso que Javier Milei brindará el sábado próximo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Altas fuentes de Balcarce 50 señalaron que, para el Poder Ejecutivo, los dos “ya son miembros de la Corte Suprema”, pese a que García-Mansilla prestó juramento hoy y Lijo todavía no.
Cerca de Milei insisten con quitarle relevancia a las formalidades en torno a la asunción de Lijo. El juez de Comodoro Py pidió una licencia extraordinaria en su juzgado de primera instancia para poder asumir en comisión en la Corte Suprema luego de que Milei lo nombrara vía decreto. La Cámara Federal le otorgó dicha licencia pero dejó el último paso en manos del máximo tribunal. Pero la Corte postergó una definición y dijo que “en el próximo acuerdo del día 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del Dr. Ariel Lijo”.
Cerca de Milei no mostraron sorpresa luego de que la Corte dilatara la definición de Lijo y lo tomaron como parte del manejo de los tiempos de los cortesanos. Pero aseguraron que no tienen dudas de que, al final del día, Lijo se sentará en el máximo tribunal igual que lo hizo García-Mansilla hoy.
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El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par de Armenia Vahagn Jachaturián con el propósito de mantener una reunión bilateral.
También participaron del encuentro el Canciller, Gerardo Werthein, el Viceministro de Asuntos Exteriores armenio, Vahan Kostanyan y el Embajador de Armenia en Argentina, Hovannes Virabyan.
La Corte Suprema de Justicia le tomó hoy juramento como ministro del tribunal al abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, designado ayer por Javier Milei, por decreto, juez “en comisión” hasta diciembre de este año.
La Corte manejó el tema en secreto, a tal punto que solo informó que había tomado la decisión de que García-Mansilla se incorporara al tribunal una vez que la jura ya se había celebrado.
Del acto -se informó oficialmente- participaron los tres jueces que ya integraban la Corte, todos los secretarios letrados del tribunal y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que ayer había hecho gestiones a lo largo de todo el día para que la Corte avanzara de forma urgente con la asunción de los dos elegidos por Milei para completar el tribunal.
Tras el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada durante un robo perpetuado por dos delincuentes de 14 y 17 años, el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni analizó la inseguridad en el distrito que comanda Axel Kicillof. Además, dijo cómo terminaría con el delito en territorio bonaerense en un período de seis meses. “Esto no es [el Cartel de] Sinaloa”, dijo el senador local y destacó la necesidad del trabajo de todas las “responsabilidades del sistema”.
Convencido de que los delitos en la provincia de Buenos Aires son “producto de una gran negligencia” de “un sistema judicial”, Berni apuntó en particular a la jueza juvenil Carmen Ibarra. “Hace 20 días la Policía lo detuvo [al ladrón de 17 años] en las mismas circunstancias y la jueza, con las herramientas para dictar una medida de encierro, lo dejó en libertad”, dijo en diálogo con Radio La Red.
Ala espera de que asuma su delfín, Yamandú Orsi, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, reveló detalles del encuentro que tuvo la semana anterior con Cristina Kirchner, que fue a visitarlos a él y a su esposa, Lucía Topolansky, a su casa, en las afueras de Montevideo. Entre risas, el referente del Frente Amplio, de 89 años, contó este jueves el consejo que le dio a la actual jefa del Partido Justicialista (PJ).
La reunión entre ambos se conoció por una foto que posteó la expresidenta en sus redes sociales, donde se las ve tanto a ella como a Topolansky escuchar a Mujica. En tanto, el exmandatario -que igual participó de la campaña para las presidenciales en su país pese a que está enfermo de cáncer- dio más detalles sobre el encuentro al otro lado del Río de la Plata.
“Me divertí con Cristina, sé que es una diosa para una parte considerable del pueblo argentino, pero le recomendé que se hiciera caudilla de los pibes”, narró esta mañana “Pepe” en Radio 10. Dijo también que la vio “muy contenta, muy temperamental y muy comprometida” a la antes mandataria.
Este jueves habló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, a dos días del crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que fue asesinada durante un robo en la ciudad de La Plata por parte de dos delincuentes menores de edad. Crítico del Gobierno nacional -al que le achacó un recorte presupuestario-, el funcionario de Axel Kicillof aseguró que no hay zonas liberadas en el distrito y cargó contra la Justicia por la liberación de los agresores.
“Los datos están auditados, la baja de homicidios es clara. La situación no es desoladora porque hay menos homicidios que antes. Hay una situación que mejoró respecto a años anteriores. Si nos detenemos a mirar cada hecho, la situación es desoladora”, expresó Alonso esta mañana en diálogo con Radio con Vos. Tras ello, sumó: “Lo que creo es que hay un sesgo que está profundamente relacionado con lo electoral y de distracción de la opinión pública de lo que está pasando en otras situaciones, porque cada vez que [el presidente Javier] Milei tiene un problema, explota la situación de la inseguridad. No podemos ser ingenuos. Hay periodistas que se dedican a instalar una discusión que es dramática y que se aprovechan del dolor de las víctimas”.
Por Mariana Reinke
Como parte de su programa de desregulación de la economía, el Gobierno derogó a partir de hoy la prohibición de exportar ganado vacuno en pie con destino a faena, una traba vigente hace más de 50 años.
La restricción era defendida por la industria frigorífica con el argumento de que permitía agregar valor a la producción primaria. En cambio, los productores ganaderos consideraban que se trataba de una protección que impedía la competencia entre los compradores locales y los procesadores del exterior en la compra de hacienda.
La normativa fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través del decreto 133/2025 y lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Destacaron que el eje principal es “promover y asegurar la vigencia efectiva en todo el territorio nacional de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”. Además, sostuvieron que la medida se fundamenta en el “libre comercio y las decisiones libres del sector ganadero en tanto no existen motivos para mantener esta restricción”.
Por Cecilia Devanna
Javier Milei empezará este jueves por la noche a escribir el discurso que dará el sábado, a partir de las 21, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En el área de Presidencia ya hay desde hace días, y cada vez más, múltiples informes de las carteras que componen el gabinete liberal, con información sobre lo que se hizo en el último año y lo que podría venir durante el que está en curso.
Aún con los ecos de las designaciones por decreto de los candidatos a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que podrían llegar a estar presentes en el recinto, en principio como invitados, de no mediar la jura por parte del máximo tribunal, hay expectativa por lo que Milei dirá en su discurso. La expectativa está puesta en lo que se espera que sea un balance de este primer año de gestión en términos económicos, con referencias a la batalla cultural, pero también en los proyectos que pueden llegar a anunciarse. Su mensaje, además, se dará en medio de la polémica por las denuncias por la presunta megaestafa en la que estaría involucrado Milei por haber impulsado la criptomoneda $LIBRA.
Por Lucas Parera y Diego Yañez Martínez
Primero movieron US$4,5 millones desde una de las cuatro billeteras vinculadas al escándalo $LIBRA hacia una nueva. Después, con parte de ese dinero, realizaron operaciones con otra memecoin para “blanquear” parte de esos fondos. Así, según dos cuentas especializadas en rastrear inversiones con criptoactivos, el equipo detrás del lanzamiento de $LIBRA -y también del memecoin MELANIA- habría empezado a “lavar” parte del dinero que, según dijo Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, era “de la Agentina”.
Según identificó el especialista en blockchain Fernando Molina, ayer a las 16:37 -hora de la Argentina-, unas de las billeteras del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA movió alrededor de US$4,5 millones a una billetera nueva. “Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de Febrero”, indicó Molina en la red social X. “El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders”, indicó el especialista.
Alejandro Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), insistió, en la mañana de este jueves, que el comunicado que la entidad sacó ayer ante la designación por decreto y en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por parte del Gobierno de Javier Milei “no es un cuestionamiento severo”.
“Nos preocupa que está previsto un mecanismo indirecto que es el que el Ejecutivo propone y, si bien no entramos en la opinión con respecto a la idoneidad de los candidatos, vemos que hay un problema en la furtura composición de la Corte Suprema donde no se refleja la diversidisd de genero, la procedencia regional, probablemente de espeicalidad. Creemos que falta una mirada diversa más allá de la problemática de riesgo en materia judicial”, explicó Díaz en radio Rivadavia.
Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó los alcances del decreto publicado este jueves por el Gobierno sobre la desregulación en el trámite de inscripción por los derechos de autor.
“Hasta ahora, el Estado controlaba los ingresos de todos los artistas obligándolos a rendir sus derechos a través de una organización autorizada por el mismo Estado. Este perverso sistema ideado por el presidente de facto Onganía (luego amplificado por el kirchnerismo que comparte esa visión autoritaria del poder), le permitía al gobierno dos cosas. Primero, tener el control de los derechos de los artistas para disciplinarlos (ya sea privilegiándolos en el cobro o extorsionándolos). Segundo, constituía una abultada caja en la que vale el dicho “el que reparte se queda con la mejor parte ¡Nunca más el control del Estado sobre la cultura!”, se explayó el funcionario nacional en su cuenta de X.
Por Silvia Stang
Los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios tendrían en marzo una suba de 10,61%, según un comunicado publicado en redes sociales por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), una organización que agrupa a sindicatos de trabajadores del sector público de la educación.
Se trata de prestaciones para las cuales no hay recomposición mensual, como sí ocurre con las del régimen general de la Anses, sino que los reajustes se hacen con frecuencia trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre. A pocas horas de que finalice febrero, el dato de marzo no fue oficializado por el Gobierno. LA NACION hizo reiteradas consultas a fuentes oficiales y no hubo respuesta.
El incremento deberá aplicarse sobre los montos de ingresos que fueron definidos en diciembre de 2024 y que rigieron desde entonces y hasta el mes actual. El reajuste que sería de 10,61% alcanza a quienes se jubilaron según las reglas del decreto 137 de 2005; el porcentaje se definió considerando la variación de un índice de salarios de la propia actividad, llamado Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Según lo difundido por la mencionada entidad gremial, en un comunicado firmado por su secretario general, Fabián Felman, el índice de 10,61% surge de información asignada a la Subsecretaría de Seguridad Social. Lo cierto es que los datos utilizados para calcular el porcentaje no son difundidos.
A través del Decreto 138/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó una modificación esencial en el régimen de inscripción de derechos de autor. Desde ahora, los interesados podrán registrar los mismos a partir de una sociedad de gestión colectiva u optar por inscribirse de manera individual.
“Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán asociarse a UNA (1) o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual. Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual, respecto de cualquier utilización de una obra o bien cuando hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro. Los representados podrán hacer acuerdos particulares, debiendo comunicar dicha circunstancia en forma fehaciente a la sociedad de gestión colectiva a la que hayan otorgado consentimiento para que gestione sus derechos, sin que esta última pueda oponerse a dichos acuerdos”, reza parte de la resolución tomada por la gestión estatal.
Por Francisco Jueguen
Varias de las principales cámaras empresarias advirtieron este miércoles que la designación por decreto y en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por parte del Gobierno de Javier Milei en la Corte Suprema puede “opacar” los esfuerzos oficiales en materia económica, demorar la recuperación y representa un “riesgo potencial” para la seguridad jurídica, lo que puede afectar la previsibilidad y la confianza necesarias para que el sector privado invierta en el país. Además, señalaron que se “debilita la calidad de nuestras instituciones” y se contradicen los valores republicamos.
En la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) aclararon que la decisión presidencial es constitucional, pero los empresarios cuestionaron la designación “extraordinaria” y “transitoria” de los dos magistrados, y señalaron el “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia”.
La amenaza de Javier Milei se hizo realidad: como sus candidatos a integrar la Corte no lograron el acuerdo del Senado, él eludió al Congreso y esta madrugada los nombró por decreto. No fue una sorpresa. Ya había avisado que lo iba a hacer. Sin embargo, ante tamaño suceso institucional, la reacción de los principales partidos -desde el kirchnerismo hasta el Pro y el radicalismo- fue desarticulada. Quedaron a la vista fracturas internas en casi todos los espacios y el silencio de la mayoría de sus líderes principales.
Sí se alzaron voces, de lo más diversas, que criticaron con fuerza la decisión del Presidente. Algunos denunciaron el mecanismo de nombramiento en comisión, otros cuestionaron las condiciones de Lijo para el cargo y, los menos, rechazaron las dos cosas.
Una excepción fue la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que conservó una postura muy dura contra el método y contra este candidato. Para beneplácito del Gobierno y de Lijo, es un partido que no tiene representantes en el Senado, donde podrían ser rechazados los jueces nombrados por decreto.
También se destacó el silencio de los gobernadores de los diferentes partidos. Con varios de los mandatarios peronistas y afines Lijo tejió buenos vínculos que pueden ser determinantes en el Senado, admiten en el PJ.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) es un subproducto de la crisis de 1890 que, entre otras cosas, se llevó puesto al Banco Nacional. El BNA fue creado por la ley 2841, del 15 de octubre de 1891, y para que su operatoria fuera creíble, más precisamente, para que la población se animara a confiar sus ahorros a la flamante institución, ¡se le prohibió por estatuto prestarle al Estado! En los hechos, junto a la Caja de Conversión, creada en 1890, hicieron las veces de Banco Central, entidad que recién fue creada en 1935.
La semana pasada el BNA fue noticia un par de veces. Por una parte, el decreto 116, del 19 de febrero, lo transformó en sociedad anónima; por la otra, la entidad anunció que cerraba su operatoria en el municipio de La Matanza e iba a atender a su clientela en el de Tres de Febrero.
Sobre lo primero, tal como era de esperar, se escucharon expresiones grandilocuentes a favor y en contra. Prefiero concentrar mi atención en la letra chica. ¿Qué significa transformar al BNA en sociedad anónima? ¿Facilita su operatoria; permite transformarlo en una empresa mixta, vía la incorporación de accionistas privados, etc.? Que hablen los expertos.
En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) están molestos con la difusión que el Gobierno acaba de hacer del gimnasio interno del organismo. Dicen que hacía ya varios años que no funcionaba y que, incluso cuando estuvo operativo, no estaba disponible para todo el personal sino para unos pocos altos directivos. Fue Ricardo Echegaray, director de lo que entonces era la AFIP -tiempos de Cristina Kirchner-, quien decidió instalarlo con la idea de que quienes trabajaban ahí lo hacían durante más de 8 horas diarias y debían cuidar la salud. “Nos hacen quedar mal: acá no estamos todos haciendo stretching con calzas flúo”, se quejó a LA NACION un integrante del directorio.
De todos modos, exhibir la ineficiencia o inconsistencias de la ARCA pone en relieve una cuestión más abarcadora y de fondo, largamente discutida en estos días entre el Gobierno y los empresarios: mientras el Poder Ejecutivo confronta con el organismo encargado de recaudar eso que el prospecto libertario execra, los impuestos, no ha podido todavía avanzar en uno de sus objetivos de campaña, la reducción de la carga tributaria. Entre las razones de esta promesa pendiente está no sólo la obsesión de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, por mantener el equilibrio fiscal, sino también factores atribuibles al reparto de poderes y a la condición de país federal de la Argentina: esta administración tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, ámbito donde se legisla sobre impuestos, y muchas tasas y contribuciones que gravan la actividad económica dependen directamente de las provincias y los municipios.
Por medio de la resolución 145/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los haberes jubilatorios para marzo, los cuales tendrán una suba. De esta manera, durante el tercer mes del año, el mínimo será de $279.121, mientras el máximo quedará establecido en $1.878.224.
En paralelo, en el documento también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima, que cerraron en $94.008 y $3.055.220. A su vez, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) en marzo será de $127.685 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $223.297.
El Gobierno convocó oficialmente a la Asamblea Legislativa del sábado donde, a partir de las 21, el Presidente dará el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. La medida, que había sido comunicada días atrás, fue publicada en el Boletín Oficial por medio del decreto 140/2025.
“Señálanse las 21 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación correspondientes al año en curso”, plasmaron en el documento que lleva la firma de Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El periodo de sesiones ordinarias corre desde el primer día de marzo hasta el 30 de noviembre, sin embargo, no serán las primeras de este año: ya hubo extraordinarias en enero y febrero, en las que se trataron los proyectos de ficha limpia, ley de reiterancia y la suspensión de las PASO, entre otros.
Por Hernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia analizará hoy en su acuerdo general el futuro del juez federal Ariel Lijo. Ya llegó al tribunal el expediente con el pedido de licencia al que “le hizo lugar” la Cámara Federal, pero lo dejará en el “freezer” una semana y el próximo jueves “estaría en condiciones de definir todo”, dijo una alta fuente judicial a LA NACION.
En tanto, el Gobierno presiona para que este jueves o el viernes la Corte defina que hará con Lijo y le tome juramento, pero el máximo tribunal no está dispuesto a que le fijen los tiempos y dejó trascender que recién en una semana estará en condiciones de definir.
Lijo, designado por Javier Milei por decreto como juez de la Corte en comisión hasta fin de año, sostiene que no va renunciar a su cargo como juez federal de primera instancia para jurar en el máximo tribunal, por lo cual para que asuma en su nuevo cargo, es clave que la Corte avale su licencia, ya sea por acción u omisión.
La acordada de la Cámara Federal que le “hace lugar” al pedido es amplia, le da chance a la Corte que se meta en el caso y se oponga, lo avale o que deje todo como está y avance la designación.
En Comodoro Py 2002 nadie cree que la Corte se plante en contra de Lijo y el Gobierno oponiéndose a la licencia, pero si apuestan a que el máximo tribunal haga tiempo y congele el asunto un tiempo breve, como señalan las fuentes judiciales.
Por Matías Moreno
En un nuevo gesto de distanciamiento del Gobierno, Mauricio Macri, jefe de Pro, criticó esta noche la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto, y en comisión por un año, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, para llenar las vacantes de la Corte Suprema.
“La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo”, expresó.
El exmandatario se manifestó minutos antes de las 23, en el cierre de una jornada en que Pro volvió a exhibir sus divisiones internas. Es que Macri encabezó esta tarde una reunión de la “mesa ejecutiva” de la fuerza en la que no logró conciliar visiones en torno a la idea de emitir una declaración partidaria para criticar el mecanismo al que apeló Milei para nombrar a Lijo y García Mansilla en el máximo tribunal del país.
Después de la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema a través de un decreto, el exmiembro del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo y dijo que lo se hizo es “horrible”.
“Da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad. Creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, que está en el artículo 99 inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso, pero eso no quiere decir que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones como las hay, que este procedimiento está especialmente incorporado en la reforma constitucional de 1860″, expresó en diálogo con Joaquín Morales Solá por LN+.
