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Marina Schifrin: “Toda la investigación fue entre policías, es como si mandaran a los ladrones a averiguar sobre un robo”

Guillermo “Coco” Garrido era cajero del supermercado La Anónima en Bariloche, donde residía con su pareja.

Oriundo de Epuyén, había ido a aquella localidad a compartir un momento con los padres.

Era el 13 de enero de 2011, y no tenía manera de imaginar que esa jornada culminaría colgado de su propio cinturón en un calabozo.

Al día siguiente, su papá cumplía años.

Aprovechó un franco y fue en colectivo a pasar un momento con ellos.

Tras comer un asado, emprendió, junto a sus progenitores, el camino hacia El Bolsón, donde tenía pensado llegar hasta la terminal para tomar el micro de regreso.

Iban en el Renault 12 de los padres, pero él manejaba.

Cuando llegaron a esa ciudad, tuvieron un choque leve con una camioneta tripulada por turistas.

“Nadie se lastimó, ni los vehículos quedaron con desperfectos mecánicos; solo había abolladuras en las chapas”, narra la abogada de la familia Garrido, Marina Schifrin.

Llegaron efectivos policiales y, según relata la letrada, ante la insistencia de una turista que había sido parte del accidente, se llevaron a Coco.

Cuando a la abogada se le consulta qué razón hubo para que lo demoraran, si fue por el choque, porque Guillermo había consumido alcohol, o por algún otro motivo, Schifrin contesta: “No lo sé, pregúntele a la policía, porque no se puede hacer eso por una contravención… Ellos dicen que era porque tenía olor a alcohol, pero nunca le hicieron el control de alcoholemia”.

Aunque fue llevado al hospital para constatar su estado de salud, la prueba no se realizó porque, de acuerdo a lo que cuenta la letrada, dijeron “que no contaban con reactivos”.

“La doctora que lo revisó indicó que estaba todo bien, que no tenía pérdida de conocimiento, que se encontraba atento, pero que sí se le notaba aliento etílico… Eso fue cerca de las diez de la noche”, expresa Schifrin.

En la comisaría 12 de El Bolsón, la policía no le retiró el cinturón al ingresarlo a la celda.

Antes de las 23, una hermana de Coco que vivía en El Bolsón acudió a la dependencia policial, para ver qué deseaba que le alcanzara para cenar.

Cuando solicitó ver a Guillermo, le dijeron que no podía hacerlo. “No se entiende la razón, ya que no tenía por qué estar incomunicado”, afirma Schifrin.

“Bueno, pregúntele que quiere comer, así le traigo algo”, pidió la hermana de Coco.

Fue entonces cuando los miembros de la fuerza acudieron al calabozo y dijeron que lo hallaron sin vida.

Coco tenía veinticuatro años.

Schifrin explica: “Ahí ya no pudieron hacer más teatro… si ella no hubiera ido, y recién lo hacía al día siguiente, era el crimen perfecto, porque podía llegar a parecer que se había suicidado… pero, de esa forma, se les rompió un poco la estrategia, y después fue más difícil de encubrir”.

Igualmente, más allá de destacar una pericia de la especialista Virginia Creimer que avanzaba sobre el homicidio, sostiene: “No pudimos investigar más porque permanentemente hubo obstáculos. Algunos habrán actuado para tapar algo; otros, porque fueron intimidados. En las comisarías, esa es la ley: la amenaza y la extorsión”.

Y destaca: “Desde ese 13 de enero hasta el 2 de febrero, no apareció ningún juez o fiscal. El sumario de prevención inicial lo armó la policía. Creo que todo fue una maniobra de encubrimiento colectivo amparada en una autopsia escandalosa que hizo Piñero Bauer (Juan Manuel), quien no guardó una radiografía, la foto es difusa, rompió el cuello, o sea que nadie pudo volver a hacer un análisis”.

“Piñero Bauer siempre fue médico policial. En ese momento tenía muchos más años en la policía que en el Poder Judicial… Toda la investigación fue entre policías, es como si mandaran a los ladrones a averiguar sobre un robo”, añade.

El 4 de diciembre de 2018 se declaró no culpables a dos policías acusados de negligencia, Laura Valeria Leiva y Emilio Victorino Oyarzún, quienes, según la fiscalía, olvidaron quitar el cinturón con el que Guillermo apareció colgado. La defensa sostenía que, en realidad, la falta de diligencia había corrido por cuenta de sus superiores. En ambos casos, se apuntaba al suicidio.

“La sentencia dice que Garrido no murió de muerte natural, que había dos hipótesis, la del suicidio y la del homicidio, y que ninguna está por encima de la otra”, manifiesta Schifrin.

Los jueces ordenaron que se realizara una nueva investigación, en la que se tomaría en cuenta la teoría del homicidio, pero el fiscal Martín Govetto, en quien recayó la tarea, dictaminó en 2020 que la causa debía archivarse.

Al respecto, la abogada de la familia Garrido suelta: “Lamentablemente, por su mediocridad y mal trabajo, el Estado argentino queda responsabilizado en la esfera internacional”.

Esas palabras van dirigidas a la acción que decidió realizar: una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nuestra petición ya cuenta con número, y nos hemos comunicado telefónicamente. Están un poco atrasados por la pandemia, y tienen muchos reclamos, pero nuestro caso lo van a tomar y prosperará. Este es un primer paso antes de la Corte Interamericana, a la que se puede o no llegar”, señala.

Así, la abogada explica que la Comisión Interamericana quizá convoque a las partes –el Estado argentino y la familia de Coco– para llegar a lo que se denomina “una solución amistosa”.

Como ejemplo, recuerda el doble crimen de Río Colorado del 12 de marzo de 1989, cuando una pareja de jóvenes fue asesinada. Allí, la provincia, a partir de la propuesta de la Comisión, les abonó a las familias una suma como indemnización por lo sucedido.

La letrada puntualiza que se podría llegar a una reparación económica, y también simbólica, como poner el nombre a una plaza o una calle, y también que el tema figure en el currículum escolar de la región donde ocurrió el hecho.

“Si no hay un acuerdo, se puede pasar a la Corte Interamericana, donde pediríamos una sentencia de condena para el Estado Argentino por violar la obligación de investigar, porque las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas”, expone.

Schifrin opina: “En determinado contexto, aún podría haber una investigación imparcial e independiente, pero, en primer lugar, habría que sacar a todos los operadores jurídicos que intervinieron, traer otros, y ahí iniciar un proceso. En la Argentina, existen equipos capaces de trabajar sobre esto, pero no son los jueces ni fiscales de Bariloche, y entiendo que tampoco los de Río Negro en general, por el nivel de corporativismo que existe en el Poder Judicial: siempre buscan el delito menor, para condenar a los policías por cuestiones que no los lleven a prisión; esa es la constante en la justicia provincial”.

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