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México realiza una consulta popular “para juzgar a los expresidentes”

La consulta recibió toda clase de cuestionamientos relativos tanto a su forma como a su oportunidad en términos políticos.

Unos 93,5 millones de mexicanos están llamados para este domingo de un plebiscito conocido como “consulta para juzgar a los expresidentes”, impulsada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que generó diversas polémicas en el país y un desinterés que pone en duda el nivel de la participación ciudadana que tendrá.

La consulta fue prometida el año pasado por el mandatario, quien en septiembre de 2020 remitió al Senado mexicano un texto de la pregunta que incluía los nombres de los últimos cinco presidentes -Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Sedillo (PRI) Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)- y apelaba a la actuación en su contra de “las autoridades competentes”.

Esa pregunta inicial fue modificada por la Corte Suprema de Justicia, que entendió que la pregunta era anticonstitucional y vulneraba la separación de poderes porque no puede someterse a consulta el trabajo de la Justicia.

Entre otros argumentos para lanzar la consulta, el Presidente mexicano esgrimió “la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho”

 
La consulta a los ciudadanos, entonces, será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Es la primera que se realiza según los cauces establecidos por la Constitución y el resultado será vinculante si al menos el 40% del padrón acude a las urnas.

“Entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”, fue el argumento de López Obrador al plantear la consulta.

El mandatario llamó a tener presente en la consulta, que arrancó a las 8  (las 10 en Argentina) y durará diez horas, escándalos como el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula con los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Además, acusó a Salinas de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a “allegados”, y a Zedillo de “endeudar” al país al absorber una millonaria cartera vencida de los bancos tras la crisis de 1994. 

A Fox, en tanto, lo responsabiliza de haber maniobrado para impedir su candidatura presidencial en 2006, y a Calderón de haber desatado un baño de sangre con su guerra antidrogas.

Estos hechos delictivos adjudicados a sus antecesores “fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular”, agregó López Obrador.

“Los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, señaló AMLO, como se alude al mandatario en México.

Entre las críticas que generó la propuesta de esta consulta popular se destaca la ambigüedad cuando habla de una reparación de las “posibles víctimas” de “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, pero sin aclarar a qué alude específicamente ni cuáles serían los mecanismos para aplicar lo que eventualmente se apruebe en el plebiscito de mañana, que en todo caso debiera ser resorte de la Justicia y no del Ejecutivo, según juristas.

Alegando falta de recursos, el INE, organismo al que López Obrador acusa de avalar “fraudes” en el pasado, realizó una modesta promoción del referendo y proveyó 57.000 urnas, frente a 160.000 de las elecciones legislativas y locales de junio pasado.

Sin embargo, AMLO no pierde la esperanza de un resultado viable y argumentó que la consulta “es necesaria” porque contribuirá a la aplicación de justicia y fortalecerá la democracia participativa.

De todos modos, dijo que no votará, aduciendo que no quiere que el “conservadurismo hipócrita y corrupto” lo acuse de vengativo y porque es “de la idea de seguir adelante”.

“Tampoco quiero pasar a la historia como tapadera (…), la gente tiene que decidir”, sostuvo.

El presidente mexicano, al que las encuestas le otorgan una popularidad del 57%, impulsó una reforma que permite someter a los presidentes a un referendo revocatorio cuando cumplan la mitad del mandato de seis años, a la que se someterá voluntariamente en 2022. 

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