El vocero Manuel Adorni anunció que el Poder Ejecutivo reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aquel atentado del ERP como un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno Nacional ha decidido elevar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando que se reconozca como crimen de lesa humanidad el atentado donde murió Humberto Viola y su hija María Cristina en 1974.
El trágico suceso, registrado el 1 de diciembre de 1974 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tuvo lugar cuando un grupo de individuos pertenecientes al ERP emboscaron a la familia Viola. Aquel día, mientras se trasladaban en su vehículo familiar, Viola, su esposa embarazada y sus hijas fueron víctimas de un tiroteo que terminó con la vida del capitán y de su hija, María Cristina, dejando a otra de sus hijas herida de gravedad.
Ahora fue Manuel Adorni, vocero del Poder Ejecutivo, quien formalizó la denuncia ante el organismo internacional, “abordando con vehemencia la inacción judicial que dejó libres a los asesinos a finales de los ochenta, e incluso llegó a otorgarles indemnizaciones”. Todo esto, como explica Adorni, puede catalogarse como un “sinsentido en un territorio donde la víctima y su padecimiento pasaron a ser parte de una larga lista de casos olvidados por el sistema legal”.
En el año 2008, una sentencia dejó clara la intención del sistema judicial argentino de no reconocer el hecho como delito de lesa humanidad, lo que habría imposibilitado toda prescripción del caso. Este fallo generó que en 2016, la viuda de Viola, pidiera una vez más justicia ante la CIDH. Tras varias gestiones y el reciente cambio de gobierno con la toma de poder de Javier Milei, se decidió reconocer este ataque particular bajo la categoría legal de uno de los más graves crímenes según el derecho internacional y derechos humanos.
