En Bariloche, el precio del boleto de colectivo volvió a quedar en el centro del debate público. La empresa Mi Bus, concesionaria del transporte urbano de pasajeros, solicitó una revisión tarifaria para aumentar aún más la tarifa, que actualmente es la más alta de Argentina con un valor general de $1.613.
Desde la Multisectorial del Transporte de Bariloche, la respuesta fue inmediata y categórica. Elena Florin, una de las referentes del espacio, manifestó en diálogo con el programa radial Ideas Circulares que el pedido es inadmisible y acusó tanto a la empresa como a los gobiernos provincial y municipal de no garantizar el derecho constitucional al transporte.
Críticas a los subsidios y al servicio
Florin sostuvo que Mi Bus no justifica su pedido de aumento y cuestionó el manejo de los subsidios que recibe. “La empresa se queja de que viajan pocos pasajeros, pero cada vez van a viajar menos con este brutal aumento de los costos. Pide el aumento, pero no explica con qué lo respalda. ¿Qué pasa con los subsidios estatales?”, apuntó.
Además, señaló que los boletos subsidiados, como los estudiantiles y de jubilados, son cubiertos por el Estado, no por la empresa, y que las audiencias públicas no reflejan las denuncias de los usuarios sobre el mal funcionamiento del servicio.
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Reclamo por las condiciones del servicio
Según la Multisectorial, la compañía destinó nuevas unidades solo a las líneas que recorren zonas residenciales acomodadas, mientras que “los colectivos que circulan por los barrios populares siguen en mal estado”.
“Rechazamos el aumento, rechazamos el funcionamiento de esta empresa, rechazamos que se le prorrogue la concesión y rechazamos un gobierno que no nos garantiza el derecho al transporte”, remarcó Florin.
Además, denunció la ausencia de controles sobre las finanzas de Mi Bus. “Queremos revisar los libros contables. La empresa puede decir lo que quiera porque nadie controla cuánto le entra y cuánto le sale. Es una canallada decir que el pasaje más caro del país se debe al estado de los colectivos”, agregó.
Para cerrar, Florin recordó que el acceso al transporte público está reconocido constitucionalmente, al igual que la educación, la salud y el trabajo. “Este gobierno no garantiza que podamos llegar sanos y salvos a nuestros trabajos”, enfatizó. (Bariloche Opina)
