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No es la pandemia, es la gestión

El manejo del conflicto de salud fue malo. El gobierno comenzó con una postura negacionista del justo reclamo.

Llegó jueves Santo y el corte de ruta en Arroyito hasta el atardecer. Levantaron la medida sin ser convocados al diálogo. Era el momento de negociar. Los trabajadores se habían hecho oír y demostrado su buena fe. El gobierno, cerrado y lento de reflejos, no los llamó.

Los trabajadores volvieron a la ruta. Recién ahí el gobierno los convocó al diálogo a través del Ministerio Público Fiscal.

El diálogo no fue sincero ni conducente. El gobierno ofreció poco y lo hizo condicionando al previo levantamiento de las medidas. Después mostró las cartas: bonos en negro.

Fracasado el diálogo, Gutiérrez optó por la confrontación y el desgaste hacia quienes antes llamaba héroes. Comenzó el operativo activando en redes sociales a su militancia. Luego citó a una reunión en la Residencia de la Costa a sindicatos privados amigos, cámaras empresariales afines y algún colegio profesional, para que sean estas entidades las que reclamen el levantamiento de los piquetes.

Puso a las fuerzas vivas a confrontar, en lugar de ponerse él a dialogar.

A continuación escuchamos la amenaza de Pereyra, líder sindical de petroleros y vicepresidente del MPN. Advirtió que iría con 30 mil trabajadores a solicitarles amablemente dejaran las rutas y a darles una lección… de cómo se debe reclamar.

Y acto seguido comenzó la parodia de Quintriqueo-Gutiérrez, que termina por desnudar, sin disimulo, el pacto que existe entre el funcionariado y la cúpula del sindicalismo estatal. En cuestión de horas, Quintriqueo llamó a asamblea de ATE, decretó paro por tiempo indeterminado, fue convocado por la Secretaría de Trabajo, y en la primera reunión recibió una propuesta salarial concreta para todos, incluidos los de salud. Todo obscenamente armado.

Había que salvar a Quintriqueo. Había que salvar a Gutiérrez. Había que salvar el cogobierno. Las dos caras de la misma moneda.

No importa que los trabajadores de salud manifestaran no estar representados por ATE. No importa que los demás estatales no hubieran estado reclamando aumento y tuvieran su paritaria prevista para el segundo semestre. No importa que la provincia esté fundida. Tampoco que el sector privado, que finalmente pagará la deuda, ya sea raquítico. Sólo importa mantener el control del poder, y acá eso se logra con el partido alineado y el sindicalismo amigo apoyando. Cueste lo que cueste. Pague quien pague.

De los presupuestos de 2011 a 2020, todos, a excepción del 2018, arrojaron déficit. El presupuesto 2019, sin pandemia, cerró con déficit de $ 8.360 millones; y el 2020 con déficit de $ 14.260 millones. El presupuesto 2021 prevé en un primer cálculo un déficit de $ 2.237 millones. Con el acuerdo salarial de febrero, el gasto de personal aumentó casi $ 19.000 millones más, con lo que el déficit alcanzaría la friolera de $ 21.000 millones de pesos. Con este nuevo aumento acordado con ATE, el déficit podría trepar hasta los $ 35.000 millones.

La deuda actual es de $ 105 mil millones. En sólo un año, la deuda podría crecer en un 35% de lo acumulado en toda su historia. Neuquén es la provincia con mayor deuda per cápita del país. El gobierno pide autorización para endeudarse en $ 13.500 millones para financiar gastos corrientes. La Constitución provincial expresamente lo prohíbe.

Pero el problema no es salarial ni financiero; es estructural. Y es político.

No han diversificado la matriz productiva, y en consecuencia se ha creado poco empleo privado. Y demasiado empleo público. Éste creció de 2002 a 2017 de 35.210 a 62.671 personas; un incremento de 78%, mientras que en el mismo período la población aumentó solo un 29%. Según la Fundación Mediterránea, en 2017 había 51 empleados públicos cada mil habitantes en el promedio de todas las provincias argentinas. El primer puesto del ranking lo ocupaba Tierra del Fuego con 121 empleados cada mil habitantes, y el segundo Neuquén, con 105. Neuquén ya duplicaba en ese entonces el promedio nacional.

De acuerdo a la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, en 2003 existía una relación de 6,6 empleados estatales cada 100 habitantes. Para 2017 esa relación había crecido a 9 empleados públicos cada 100 habitantes. En Neuquén hay hoy 80.800 empleados públicos y sólo 109.500 privados.

Pero el problema de fondo es de orden político. Sólo se han ocupado de ganar elecciones, no de gestionar. Ya no pueden disimular la realidad. Neuquén exhibe los mismos indicadores de pobreza e indigencia que las provincias más relegadas del país. Pobreza del 40,4% y 12,3% de indigencia. Índices formoseños en la Dubai de América. Los peores de toda la Patagonia. Motivo de vergüenza.

Y no tienen a quién culpar. Sucesivos gobiernos del mismo partido son responsables. De ese partido que se apropió del Estado, ese que se aferra al poder aun a costa del bien común. El que instauró el “populismo neuquino”, el “feudalismo con buenos modales”.

Fundieron la provincia. No fue la pandemia. Fue la gestión.

* Abogado. Director de la Clínica Pasteur, Neuquén.

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