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“No fuimos al lugar porque nos gustó, algo nos guió”, aseguró uno de los acusados de usurpación en Cuesta del Ternero

El operativo policial y judicial que permitió liberar el predio tomado en Cuesta del Ternero continuó con la imputación de cuatro personas por el delito de usurpación. La audiencia de formulación de cargos se completó el mismo viernes (24/9) por la tarde y el juez Sergio Pichetto dispuso que los acusados se mantengan a una distancia de 5 kilómetros del lugar.

Mauro Javier Vargas, Alejandro Javier Morales Godoy, Lautaro Cárdenas Despou y Juan Cruz Baeza, fueron los cuatro hombres imputados, quienes al momento del allanamiento dieron como domicilios el predio ocupado, mientras que dos mujeres, Romina Jones y Ariadna Mansilla, fueron identificadas y puestas en libertad.

El fiscal Francisco Arrien les atribuyó el ingreso clandestino a los lotes 103 y 104 del paraje Cuesta del Ternero y el despojo e invasión que impidió que el titular del predio continúe con sus actividades forestales y ganaderas. También mencionó que el grupo instaló pancartas y la bandera del pueblo mapuche.

La causa tomó como punto de partida la denuncia que realizó Rolando Rocco en la Comisaría 12 de El Bolsón, el pasado 18 de septiembre. En este punto de la audiencia es que el fiscal pidió un plazo de cuatro meses de investigación pero, como coincide con la feria judicial, se extenderá hasta el 24 de febrero de 2022. Además solicitó como medidas cautelares la prohibición de acercamiento al campo y al contacto con el denunciante o su familia.

Testimonios

Baeza, quien se identificó como docente y técnico en periodismo, fue el primero en ofrecer su versión de lo ocurrido en las últimas horas porque dijo haber llegado a El Bolsón el mismo viernes en el que se completó el operativo. Comentó que se acercó como integrante de una comunidad mapuche y que su intención era participar de una presunta reunión con Arrien.

“Llegué a Cuesta del Ternero a conocer y escuchar”, comentó para luego reconocer que no se actuó con violencia al momento de la detención y que se arrojó al suelo sin poner resistencia. También ofreció los pasajes de colectivo para comprobar la fecha de su arribo junto a su pareja, Ariadna Mansilla.

Mauro Vargas fue otro de los acusados que pidió dar su testimonio. Apuntó hacia el titular de las tierras por no estar presente en el lugar porque “no se lo veía nunca por ahí”. Explicó que, meses atrás, junto a Alejandro Morales, habían completado algunos trabajos en ese campo “y el señor Rocco ni pintaba por ahí”.

El hombre aseguró que el predio será utilizado “espiritualmente” y que solo buscaban trabajar la tierra por el vínculo que tienen con ella. “No fuimos al lugar porque nos gustó, algo nos guió pero no lo puedo explicar porque no lo van a entender”, aseguró.

El abogador defensor, Marcos Miguel, se amparó en el “reconocimiento a la autopercepción” y mencionó que no se pudo llevar adelante el relevamiento por parte del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) para reconocer a la Lof Quemquemtreu. También solicitó la nulidad del allanamiento y agregó que sus defendidos no fueron violentos.

La fiscal jefe Betiana Cendón también participó del audiencia y, ante las expresiones de la defensa, recordó que el fiscal adjunto fue echado violentamente de la zona tomada porque los ocupantes querían la presencia de Arrien. “No fue un desalojo, era un allanamiento con único objetivo que era identificar a las personas”, remarcó y dijo que pudieron reconocer a las personas con domicilio porque se les tomó esa información en la comisaría.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de usurpación como co-autores y habilitó además la investigación por el plazo de cuatro meses. También aceptó las medidas cautelares que solicitó la Fiscalía como la prohibición de acercamiento al denunciante a una distancia no menor a los 5 kilómetros y de contacto por cualquier medio con él o su familia, por el plazo de 10 días.

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