La justicia de La Plata ordenó a la Armada preservar los archivos que pueden obrar como elementos de prueba en causas por delitos de lesa humanidad.
En un movimiento legal notable, el Juzgado Federal N°3 de La Plata ha emitido una orden cautelar que busca preservar documentos vitales de la Armada Argentina. Esta decisión busca garantizar que los documentos sirvan como pruebas cruciales en las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
Estos archivos, que contienen material probatorio sobre el accionar de la Armada y Prefectura Naval en Berisso y Ensenada, están en peligro de ser alterados debido a una anunciada mudanza y selección de documentos.
El fiscal general Gonzalo Miranda, junto con Ana Oberlin, auxiliar fiscal, presentaron la solicitud para preservar los archivos después del inquietante anuncio de la Armada. Las autoridades habían comunicado su intención de trasladar el acervo documental y depurarlo, lo que había levantado una señal de alarma sobre la posible pérdida de valiosos documentos históricos.
El juez Ernesto Kreplak, al aceptar la medida cautelar, subrayó la importancia de estos documentos para las investigaciones en curso, que buscan esclarecer violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza de Tareas N°5. Este grupo no solo incluía a elementos de la Armada, sino también a la Prefectura Naval, implicada en los represivos eventos que se dieron en la región durante el oscuro período de la dictadura.
La medida también sigue el precedente de otra resolución judicial similar del Tribunal N°2 de San Martín, marcando un patrón de preocupación entre diferentes organismos judiciales sobre la grave amenaza que la destrucción o alteración de estos documentos representa para la memoria histórica y la justicia.
En última instancia, el fallo de Kreplak resalta la relevancia que estos documentos aún desconocidos pueden tener para resolver crímenes no solo pasados, sino también potencialmente esclarecer la verdad en futuros juicios. La preservación de este acervo garantizaría el acceso a información crítica para las víctimas y sus familias, un derecho que sigue siendo esencial décadas después del fin de la dictadura.
