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Organizaciones de Neuquén piden por el impuesto a las grandes fortunas

Gremios y organizaciones sociales de Neuquén confluyeron en una serie de demandas ante el contexto de emergencia sanitaria y económica que enfrenta el país: Piden que se ponga en discusión el impuesto a las grandes fortunas, que el IFE se transforme en un salario universal, que no se efectúe el remate de Cerámica Neuquén y que se realice la intervención y expropiación de Vicentín.

“Gravar las grandes fortunas personales con un impuesto de emergencia, con una alícuota del 2 por ciento para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, nos parece absolutamente necesario y justo”, concluyeron en un comunicado de prensa.

Juntos solicitaron que el proyecto “sea urgentemente tratado y aprobado en el Congreso de la Nación”. Argumentaron que por consecuencia de la crisis económica y la aparición de la pandemia se deben gestionar nuevos ingresos para  suplir de recursos a las personas más vulnerables, obtener más recursos para adquirir insumos para el sistema de salud e incrementar la recaudación sin contraer endeudamiento.

También demandaron, ante  la continuidad del aislamiento social, que se debe transformar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)  “en un salario universal”. Argumentaron que se debe garantizar como prioridad  que se garanticen los derechos de salud y alimentación.

Las entidades repudiaron en intento de hacer un remate en las instalaciones de la fábrica Cerámica Neuquén. Pidieron que la Justicia “actúe en la protección del derecho al trabajo” y que el Ejecutivo provincial intervenga “para que la fábrica siga produciendo y se aseguren los puestos de trabajo”.

Las organizaciones también entendieron que es de carácter urgente, la intervención y expropiación de la empresa Vicentín. Consideran que  se trata de una “oportunidad histórica para recuperar cierto control de resortes claves de la economía argentina”.

“Por el concurso de quiebra de Vicentín, miles de puestos de trabajo se perderían. El Estado debe rescatar la empresa para conservarlos. Pero es mucho más que eso: la agroempresa le debe plata a todos los sectores de la economía. Más de 2600 acreedores, que conforman cooperativas entregaron su producción a la empresa y no pueden cobrar, van a ir a la quiebra sino interviene el Estado”, manifestó el comunicado en conjunto firmado por: Carlos Quintriqueo (ATE/CTA), Micaela Gomiz (ADUNC), Marcelo Guagliardo (ATEN), Santiago Baudino (Sitramune), Julia Barsotelli (APUNC), Carlos Roselli (UNAVP), Juan Benítez (ANEL), Edgardo Cherbavaz (SEJUN), Soledad Urrutia (CTEP, Movimiento Evita), Matías Medina (Somos Barrios de Pie), Rocío Morales  (MTE-UTEP), Sebastian Ibalos, Gladys Aballay (Barrios de Pie), Marisol Quinchahual (CCC), Toto Mazon (Movimiento Evita)

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