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Para una Consejera de la Magistratura, la posesión tradicional de las comunidades no implica un título de propiedad

“Celebro la realización del segundo foro de Consenso en una cuestión que genera tantas rispideces, sabemos los hechos de violencia que está viviendo la región y lo cierto es que todo esto se sucede porque todavía faltan respuestas legales, muchas veces tenemos jueces que no tienen las herramientas legales para aplicar la justicia, me refiero al concepto de propiedad comunitaria, que de alguna manera podría traer soluciones más profundas”, expresó Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y disertante en la última edición del Foro Consenso.

En conversación con El Seis TV agregó que para trabajar en el concepto de propiedad comunitaria es necesario sentar a todas las partes involucradas y llegar a una reglamentación de fondo que armonice todos los derechos en pugna, “porque acá tenemos dos derechos humanos en igualdad de condiciones y que es función del Estado Nacional y del Gobierno Provincial armonizarlos, el derecho por un lado a la propiedad comunitaria pero por el otro el derecho a la propiedad privada de quienes compraron de buena fe. De alguna manera estos derechos deben ser armonizados y necesitamos respuestas y para eso hace falta mucho diálogo”.

Lamentó que “venimos con una ley que más que soluciones trajo problemas; tenemos hace 16 años una ley excepcional de emergencia que debió durar 4, y así nos ha llevado a suspender los juicios de desalojo y esa suspensión mas que traer alguna solución lo que trajo fue casi un incentivo a seguir tomando tierras”.

Explicó que por un lado el objetivo era que por un plazo de cuatro años se suspendieran esos juicios de desalojo pero con la tarea ardua que debían llevar adelante el INAI y organizaciones competentes para hacer relevamientos territoriales de esas tierras que estaban cuestionadas, “hoy todavía tenemos más de 1.000 relevamientos sin hacer, estamos brindando fondos desde el Estado Nacional para hacer relevamientos que no se hacen, y por otro lado, cuando se hacen, no tienen más consecuencia jurídica que un informe respecto a la real posesión tradicional actual y pública, pero tampoco implica un título de propiedad, al final de cuentas lo único que tenés es un informe que dice que esta comunidad viene ocupando tradicionalmente una tierra pero eso no les otorga ningún derecho”.

Señaló que “la ley no trae respuestas a eso, es un incentivo grande a seguir usurpando porque los desalojos están suspendidos“. Cuestionó que propietarios privados, legítimos y tenedores de buena fe compraron esas tierras y se encuentran usurpados y “el Estado no les da respuesta, me parece que es más una tarea de profundo debate en la órbita del Congreso más que en la Justicia, porque pareciera que aun llegando a juicio el juez no tiene las herramientas legales para dar soluciones”.

 

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