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El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó un nuevo “protocolo para el mantenimiento del orden público”, que busca evitar los bloqueos, piquetes y cortes en las calles y rutas.
En una conferencia de prensa, la ministra detalló que las cuatro fuerzas federales, así como el Servicio Penitenciario Federal, tendrán la capacidad de intervenir en caso de “delitos flagrantes” durante manifestaciones en la vía pública. El objetivo principal es garantizar la libre circulación de las personas y evitar situaciones que afecten la normalidad y la paz social.
Bullrich enfatizó en que “si se toma la calle, habrá consecuencias”, dejando claro que el Gobierno no tolerará cortes y bloqueos que impidan la circulación de los ciudadanos. El protocolo establece que las fuerzas federales actuarán de forma inmediata y utilizarán la mínima fuerza necesaria, proporcional a la resistencia que enfrenten.
Los delitos serán identificados de acuerdo a los códigos procesales vigentes, y se aplicarán las leyes que contemplan penas de prisión de hasta dos años para aquellos que entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos.
La ministra hizo hincapié en que se trabajará también en las estaciones de tren, y se vigilará a aquellos que intenten manifestarse ocultando su identidad y portando objetos peligrosos. Además, se tomarán medidas respecto a la participación de niños y adolescentes en estas manifestaciones, notificando a las autoridades competentes y aplicando sanciones correspondientes.
En relación a las organizaciones que participen en estas acciones, se creará un registro para identificarlas y se hará un seguimiento de sus actividades. Bullrich dejó en claro que las organizaciones o individuos que violen las regulaciones del protocolo serán responsables de los costos que implique la intervención de las fuerzas de seguridad, ya que el Estado no absorberá dichos gastos.
La implementación exacta del protocolo aún no ha sido especificada, pero se espera que en los próximos días se presenten las medidas concretas. El anuncio de estas acciones coincide con la convocatoria de organizaciones de izquierda a un “paro activo” en la Plaza de Mayo, en respuesta a recientes decisiones del Gobierno en materia económica.
