Hace cuatro años, Ana Orellano (36), de Roca, está en litigio con el Ministerio de Salud de Río Negro tras presentar un amparo y posterior demanda civil al Hospital López Lima y tres profesionales del area de Ginecobstetricia por “daños y perjuicios”. En 2019, ocurrió un suceso que la marcó para siempre.
Llegó al hospital en busca de ayuda por contracciones en el sexto mes de embarazo, pero se fue sin atención indicada. Primero le dijeron que tenía cólicos, luego dolores normales. Al tercer día, ingresó con bolsa rota y finalmente perdió el embarazo.
A pesar de todo, lo que desencadenó la denuncia judicial fue que nunca le entregaron el cuerpo de su bebé, lo que la hundió en una profunda depresión y estrés postraumático, que aún transita con ayuda profesional. Cuando ocurrieron los hechos, Ana ya era madre de un niño, quien también padeció toda la situación, al igual que su pareja y padre del niño por nacer.
“A las 21 semanas arranqué con trabajo de parto, tenía contracciones y fui al hospital dos días seguidos y no me atendieron entonces terminé rompiendo bolsa en mi casa el tercer día. Me internaron y mi bebé nació en la semana 21”, contó en una entrevista con RIO NEGRO.
Mi parto prematuro fue por tener tiroides, si me lo hubieran detectado a tiempo, hubiera tomado medicación y quizás hoy estaría maternando un hijo de tres años”
La joven no solo denunció que fue víctima de “violencia obstétrica”, sino que también sufrió maltrato y las consecuencias de un mal diagnóstico, lo que la habría llevado a perder el embarazo, según contó.
“Hubo mala praxis por donde se lo mire, también fui torturada psicológicamente. (…) un médico que no quería inducir el parto me hizo escuchar el corazón de mi bebé toda la noche”, dijo la demandante.
Al reclamar el feto, desde el hospital se lo negaron asegurando que solo era posible retirarlo con orden judicial, por pesar menos de 500 gramos. “Me encontré, para sacar el cuerpo de mi bebé yo tenía que hacer un amparo judicial”, recordó. “¿Para qué te lo querés llevar al cuerpo si ningún cementerio te lo va a aceptar?”, recordó Ana que una de las trabajadoras le preguntó ese día.
Finalmente presentó el recurso, pero “la respuesta de la institución fue que ya habían desechado el cuerpo. Se fue a desecho patológico y ahí entré en un estado de furia”, lanzó. El argumento institucional, por ser “aborto” y pesar menos de 500 gramos, había sido que por ley se considera “residuo patógeno”, le informaron después del planteo judicial.
“A todo esto no podía duelar, teniendo un hijo de 5 años, que le tenía que explicar un montón de cuestiones y que a su mamá le robaron la psiquis, porque su mamá no paraba de gritar y de llorar”, recordó.
Luego de ese suceso, contó que mediante análisis descubrió que tenía hipertiroidismo. “A mí nunca me pidieron análisis de tiroides”, dijo lo que podría haber causado el parto prematuro.
Sin dudas se trata de un caso complejo. Una pregunta clave es qué sucedió antes de la pérdida del embarazo y hasta dónde el sistema de salud pública garantizó los derechos de la mujer gestante y su cuerpo.
Para la mujer, no es fácil ya que el camino de la demanda es “agotador” y “revictimizante” pero de la mano de otras denunciantes pudo afrontarlo hasta ahora. “Si no hay acuerdo vamos a ir a juicio”, concluyó Orellano.
La demanda, a la que accedió este medio, fue elevada el año pasado tras varios intentos de mediación fallidos. En ella, la mujer pide que se los condene por “daños y perjuicios ocasionados, derivados de la violencia de género obstétrica sufrida, la falta de trato digno y violación a los derechos de paciente, entre otros derivados de las Leyes 26.485 y 25.929”.
Ana Orellano contó su caso luego de una semana de intensas actividades por la Semana del Parto Respetado en todo el país. Hace ocho años, luego de su primer embarazo, ejerce como “doula”, un trabajo que consiste en acompañar emocional, física y educativamente a personas con capacidad de gestar, durante la gestación, el parto, postparto.
Y luego de dos embarazos difíciles por vivir en carne propia estas injusticias y empezar a conocer otros casos y testimonios en Roca, decidió transformar ese dolor en lucha, para generar algún cambio.
Se unió a la Campaña “Mi Parto, Mi Decisión” y articuló iniciativas con la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres de Roca, que se hizo eco de este tipo de violencia, reconocido como una forma de violencia de género. En su trayectoria, dio talleres informativos, jornadas de prevención y grabó un corto documental con Gisela Candia sobre relatos de mujeres víctimas de violencia obstétrica y profesionales de la salud. “El corto es mi hijo, que yo voy llevándolo a todos lados”, aseguró.
Para la demandante, el problema no es señalar a médicos ni trabajadores de la salud, sino que la violencia obstétrica es parte de “un sistema hegemónico y patriarcal donde todas somos víctimas en algún punto. Si decidimos abortar o decidimos parir, para todo eso falta una perspectiva de género”, aseguró.
“Cuando hablamos de maltrato y de violencia obstétrica en realidad es esto, es sutil como una frase que queda ahí, marcándote, hundiéndote”, concluyó.
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