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Planes 0 km impagables: “En un año, la cuota del auto se me fue de $16 mil a $83.000”

*Por Silvana Salinas para GNR Noticias

“Empecé pagando poco más de 10 mil pesos… Ni bien saqué la camioneta, las cuotas empezaron a subir, es cierto le agregan más gastos, pero en el último año se me fue de 16 mil a 83 mil pesos. Así ¿quién puede pagar?”

Esta es la realidad de un vecino de Roca, desesperado porque el pasivo que enfrenta crece, y también la de cientos, de miles, que han suscripto un contrato de planes de autoahorro para poder llegar al sueño del cero kilómetro. Sin embargo, pos pandemia, crisis global, y en un país donde la escalada inflacionaria no da respiro, el sueño para muchos se convirtió en pesadilla. 

En la región, y en todo el país, los grupos de ahorristas afectados por las exorbitantes subas de los planes para adquirir vehículos nuevos están movilizados y reclaman no sólo que la Justicia -a través de demandas- y de reclamos elevados a Defensa del Consumir, actúe, sino que piden cambios en las legislaciones actuales y las reglamentaciones que rigen los sistemas de autoahorro en el país.

En los últimos años, las cuotas “se han vuelto impagables” para muchos y -advierten- crecen las intimaciones, las presiones para lograr la cancelación de deudas y los secuestros de las unidades. La gente “se está quedando sin auto y con deudas”.

“Es imposible pagar, hay cuotas que subieron más del 300, 400%… Cuando uno se mete en esto te prometen una cuota baja, que no varía mucho, que lo podés hacer hasta sin recibo de sueldo… y terminás metido en un laberinto de terror del que no podés salir”, relató una damnificada de Centenario que tuvo que vender su plan antes de retirar su unidad.

En la región son miles los afectados por la situación e integran grupos de ahorristas, en defensa de sus derechos, que avanzan en forma coordinada con grupos de otros puntos del país.

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Según datos de fines del 2021, casi 7.000 reclamos por planes de ahorro se acumulaban solo en el organismo de Defensa de Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior nacional.

“Esto que está sucediendo no tiene nombre. Es una estafa y desde hace años lo venimos denunciando. Los valores de las cuotas se han tornado impagables y es incalculable lo que han subido”, sostuvo Mabel Muñoz, referente neuquina del grupo de ahorristas perjudicados por los planes.

Por las nubes

“Me metí en un plan para poder llegar a un cero kilómetro, vendí un auto que tenía… La cuota era baja, relativamente, hasta que me entregaron la camioneta. Ahí empezó a subir, le agregaron gastos y más gastos… pero en el último año fue tremendo: la cuota pasó de 16.800 a más de 83.000”, contó Carlos Mendoza.

El vecino del Alto Valle sostuvo que los montos se dispararon y ya le han llegado reclamos por cuotas impagas. El trabajador de un municipio de la zona, se inscribió en el 2020 para adquirir una unidad Fiat pero la escalada en los precios, desde entonces, fue descomunal. Ahora analiza las acciones a seguir.

Las subas se vienen dando, sistemáticamente, en todos los rubros pero las variaciones “móviles” en las unidades 0KM han dejado a la mayoría al borde de un abismo.

La situación se repite como una preocupante postal en todo el país, porque los consumidores deben ajustarse a los mismos planes de adhesión de las empresas administradoras para adquirir sus vehículos 0 km a las automotrices.

Tenemos gente enferma por la presión y el acoso constante de los estudios jurídicos. Los amenazan todo el tiempo por teléfono, que les van a sacar sus vehículos si no pagan, que se los van a rematar… y lamentablemente lo están haciendo”, explicó Cristian Vázquez, coordinador provincial de los ahorristas en Entre Ríos, donde en las últimas semanas llevaron su reclamo a las puertas de Casa de Gobierno.

Las acciones judiciales se multiplican, muchas veces en forma individual y en otras colectivas, frente a organismos de Defensa del Consumidor.

Sin embargo, hasta el momento no hay cambios ni resoluciones definitivas. “Esto es tierra de nadie, las empresas hacen lo que quieren y nadie les pone un freno”, cuestionó Vázquez.

“Que nadie se meta en esto”

“El problema es que nunca se termina de saber qué es lo que se debe, y si uno pide la liquidación tampoco explican qué es lo que están cobrando”, explicó Victoria Villegas, una de las abogadas que lleva adelante numerosos casos de afectados en la provincia de San Luis.

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“Particularmente lo que aconsejo a todo el mundo es que nadie se meta en esto. Creo que este sistema no debería existir más así tal cual está. La composición del valor de la cuota, al estar fijado por el valor del auto, depende de las condiciones macroeconómicas del país y las condiciones se fijan unilateralmente, porque es un contrato de adhesión. No hay valor de referencia… Hay desigualdad entre el que compra y el que vende”, consideró la profesional.

Planes “abusivos”

“Es insólito que estemos metidos en todo esto. ¿Qué fue lo tan grave que hicimos? Meternos en un plan de ahorro. Uno piensa que es la única forma de acceder a un vehículo y te engañan. Las cláusulas son abusivas por donde se las mire y los contratos no están ajustados a derecho”, criticó Vázquez. “Y uno nunca termina sabiendo qué firma y cómo ellos calculan los montos de las cuotas, que suben y suben y lo que uno debe”.

Aquellos que aún no poseen la unidad, pueden llegar a renunciar “asumiendo grandes costos” para salir del sistema, se explicó, pero los que ya tienen el auto deben afrontar un severo problema porque si no pagan corren el riesgo de perder el rodado y quedar con más deudas. “Si te lo sacan porque debés dos millones y te lo rematan en un millón… te quedás sin nada y con esa deuda encima! Y los gobernantes de turno lo permiten”, protestó un “perjudicatario”.

Solo en el área de Defensa de Consumidores, el organismo dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, hasta fines del año pasado se acumulaban 6.821 expedientes de afectados. “Estimamos que, por provincia, hay entre 3.000 y 4000 damnificados que han hecho los reclamos, pero los afectados son muchos más”, señaló Vázquez.

¿Cómo funciona el sistema? En pocas palabras: los interesados se organizan en grupo y comienzan a pagar cuotas mes a mes durante años para ir retirando, uno por uno, su vehículo a través de una licitación. Las cuotas varían según el valor final de la unidad al momento de retirarla, y es por eso que no son fijas. Según los casos, se pueden sumar gastos administrativos, seguro de vida, seguro de vehículo, derecho de inscripción y derecho de adjudicación.

“El tema es que las cláusulas no son claras. Son engañosas, falta información y por eso pasa lo que pasa. La gente se mete sin saber lo que va a terminar pagando…”, explicó Mabel Muñoz, referente neuquina de los ahorristas en la región.

“Las administradoras de planes de ahorro han aumentado las cuotas de forma descomunal. En mi caso, yo no podía retirarlo y lo vendí y empecé a asesorarme y asesorar a otros. Los consumidores están desprotegidos, los contratos son abusivos… y lo más extraño es que estos planes están autorizados por la Inspección General de Justicia (IGJ) a nivel nacional”, precisó Muñoz.

En la pandemia “hicieron estragos, mucha gente independiente no podía pagar, gente que quedó sin trabajo… fue intimada, ejecutada”.

“En enero de 2019 presentamos en Defensa del Consumidor, en Neuquén, más de 2.000 denuncias de personas por planes de autos de todas las automotrices. Hubo un fallo favorable de la Cámara Civil eso habilita a que cada perjudicado litigue por daños y perjuicios, pero es difícil y hay que contar con abogado.

Luego, agregó, “logramos una cautelar (250 personas) se redujeron las cuotas, pero eso todavía está en trámite…”.

Qué es la IGJ, el cuestionado organismo que da luz verde a los planes de ahorro

La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de otorgar y cancelar en todo el territorio nacional la autorización para las operaciones de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros.

Es el área que está en el ojo de la tormenta y es cuestionada por los grupos de ahorristas.

La IGJ está facultada para impedir el funcionamiento de sociedades y organizaciones que realicen este tipo de operaciones sin autorización o sin cumplir con los requisitos legales.

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Punto por punto

  • Desde Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado se iniciaron acciones colectivas tras verificar “una serie de irregularidades” en este tipo de contratación y aumentos que fueron entre un 120% hasta un 800%.
  • En 2020, por la pandemia, la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula los autoplanes, buscó aliviar a los ahorristas permitiéndoles diferir los pagos por hasta 12 meses hasta el 30% del valor mensual de sus cuotas.
  • Esta posibilidad se prorrogó, pero para muchos el alivio fue transitorio y ahora “están pagando la cuota más este proporcional”, alertó Villegas.

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